Alrededor de dos millones de mujeres, un tercio de ellas en edad reproductiva, conviven con una discapacidad en la Argentina y precisan atención, información y acompañamiento en relación a su salud sexual y reproductiva (SSR). La mayoría de las mujeres con discapacidad, sin embargo, no logran acceder a servicios de salud que respeten sus necesidades, sus derechos y su autonomía.
Es por ello que Fusa Asociación Civil, dedicada a temas de salud sexual y reproductiva, violencia de género, discapacidad y diversidad, en alianza con la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), organización que promueve los derechos del colectivo, lanzan el kit para una atención inclusiva de la salud sexual y reproductiva.
Una camilla alta y fija. Un escalón. Una médica que llama al paciente desde el interior del consultorio. Una empleada que dice "firma y aclaración" sin siquiera levantar la vista para descubrir a quién tiene enfrente. Un enfermero que le habla al acompañante en vez de a quien hace la consulta. Un familiar que toma decisiones en nombre de la persona con discapacidad (PCD). Cada una de esas situaciones, cotidianas en los servicios de salud pública y privada, resulta limitante para personas con discapacidades. A estos entornos y comportamientos que discriminan hay que sumarles, en relación a la salud sexual reproductiva y no reproductiva, una problemática mucho más profunda. En los primeros minutos del video que presenta la iniciativa DeSeAr (Derechos Sexuales y Reproductivos en Argentina) realizado por Fusa, una mujer lo dice claramente: “A veces las personas piensan que las mujeres con discapacidad no tenemos derecho a tener relaciones sexuales y no somos deseadas ni podemos desear”.
Es este prejuicio —que atraviesa clases socioeconómicas y que se mantiene incluso en los ámbitos académicos pero del que no existen estadísticas ni registros— el que lleva a que se les niegue la atención en salud sexual y reproductiva a mujeres con discapacidad, a que se les impida elegir libremente el método o práctica anticonceptiva y a que se las someta a esterilización quirúrgica sin consentimiento informado, entre otras violaciones a sus derechos.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 y ratificada por la Argentina en 2008, indica: “Las personas con discapacidades deben tener acceso, en condiciones de igualdad, a la información y a los métodos anticonceptivos (MAC) como parte del derecho a casarse, formar una familia, disfrutar plenamente su sexualidad y regular su fertilidad”. Y garantiza, en su artículo 25, que “profesionales de la salud presten a las personas con discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a través de capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y privado”.
Los derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva son claros. Derecho a vivir una sexualidad libre, elegida, satisfactoria, sin violencia, coerción ni riegos. Derecho a gozar de un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. Derecho a contraer matrimonio y fundar una familia. Derecho a decidir en forma autónoma si se desea tener hijos, cuántos y en qué momento de la vida, así como el derecho a no tener hijos y a elegir de manera libre y autónoma las prácticas o métodos anticonceptivos. Derecho a interrumpir un embarazo.
Información accesible
Malena Correa, coordinadora del proyecto del kit inclusivo que se lanza este Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, explica: “Trabajamos para que el cambio de paradigma: que sea sostenible a nivel social que las personas con discapacidad se transformen en sujetos de derecho y artífices de sus vidas y decisiones. Por eso intentamos que otras organizaciones de la sociedad civil que abogan por los derechos humanos u organizaciones feministas incorporen la perspectiva de discapacidad en sus agendas y reclamos. Y, además, que nos acompañen en la petición de reforma de la Ley N.° 26.130 de contracepción quirúrgica, que actualmente permite las ligaduras tubarias forzadas a personas con discapacidad”.
“Desde Fusa, en particular”, continúa Correa, “trabajamos con personal de salud de todo el país con una propuesta formativa que incluye la perspectiva de discapacidad en una atención de salud respetuosa de derechos y con perspectiva de género y diversidad. Para asistir al personal de salud en las consultas desarrollamos el material de este kit, que es una herramienta para transmitir información acerca de métodos anticonceptivos e interrupción del embarazo, más una guía con orientaciones para equipos de salud que quieran incorporar la perspectiva de discapacidad en su práctica de atención a la salud sexual reproductiva y (no) reproductiva”.
“Nada sobre nosotras sin nosotras” es uno de los lemas de la iniciativa DeSeAr basada en tres estrategias: talleres para que las mujeres con discapacidad compartan sus experiencias a la vez que fortalecen su liderazgo en la promoción de su salud sexual y reproductiva, capacitación a proveedores de salud y coalición de mujeres con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil para trabajar estos temas.
El kit que reciben los profesionales cuenta con una serie de tarjetones que, con lenguaje claro (un estilo de redacción simple que permite entender el mensaje sin subestimar al lector), ofrecen información sobre distintos métodos anticonceptivos, interrupción del embarazo, y los controles y seguimientos que son necesarios en salud sexual. El profesional, además, puede descargar una serie de videos que ofrecen imagen, audio, subtítulos e interpretación en lengua de señas argentina.
La capacitación a personal de la salud se completa con la guía Perspectivas de discapacidad en la atención de la salud sexual y reproductiva, cuyo objetivo es desarrollar buenas prácticas de pleno respeto de los derechos de las personas con discapacidad, haciendo foco en los discursos y mecanismos que operan como barreras para acceder a los servicios de salud.
Entre otros temas, la guía ofrece a los responsables de servicios de salud consejería sobre los MAC para que, a su vez, puedan asesorar a las persona con discapacidad teniendo en cuenta las ventajas y desventajas que presenta cada método de acuerdo al déficit. De este modo, el profesional estará atento a diversas situaciones: por ejemplo, que un preservativo puede ser de difícil manipulación para una persona con discapacidad motriz, si hay material en braille sobre cierta medicación o que una mujer con discapacidad intelectual puede necesitar, en la consulta, reforzar una explicación con pictogramas, gráficos o fotografías.
Otro de los desafíos que propone este material, sabiendo que la mayor parte de los servicios de salud no fueron pensados desde una perspectiva de diseño universal, es realizar adaptaciones y ajustes razonables para la accesibilidad. Para ello sugiere adelantarse y prever situaciones que puedan afectar los derechos de las personas con discapacidad y actuar en consecuencia.
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Identificar barreras
Se hace necesario, entonces, trabajar sobre los siguientes puntos: en primer lugar, identificar las barreras físicas y arquitectónicas, por ejemplo, ¿el ingreso cuenta con rampa o solo con escalera? ¿Hay señalética en braille? ¿Cuál es la altura de los mostradores?
En segundo lugar, mejorar la circulación tanto en sentido horizontal como vertical (ascensores, escaleras, rampas) poniendo atención a si hay felpudos o señalética en el piso, si las puertas abren hacia adentro o hacia afuera, al tamaño de los ascensores, entre otros detalles.
En tercer lugar, trabajar para identificar las barreras comunicacionales que dificultan la transmisión de mensajes e interacción entre el personal y las personas con discapacidad. Por ejemplo, implementando sistemas accesibles de turnos para que cualquiera pueda gestionar uno de manera autónoma. Corresponde también informar si hay personal capacitado en lengua de señas argentina, si existe folletería en lectura fácil, si toda información oral tiene su apoyo escrito y viceversa.
En cuarto lugar, modificar las barreras actitudinales de los agentes de servicios de salud, que muchas veces consideran que las personas con discapacidad no están en condiciones de tomar decisiones por sí mismas. Esto hace que no formulen las mismas preguntas que les harían a otras personas sin discapacidad sobre cómo ejercen su sexualidad. O que no ofrezcan toda la información necesaria sobre métodos anticonceptivos, sus usos y efectos, y cuáles protegen de las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo VIH/Sida.
Cuando el entorno es una barrera, se necesitan personas formadas que hagan la diferencia. El material y el kit que las organizaciones Fusa y REDI ofrecen a los servicios de salud, entonces, permite a los profesionales comprender la problemática de la discapacidad en relación a la salud sexual y reproductiva y actuar en consecuencia: poniendo el foco en las necesidades de cada persona según su individualidad e historia, para que reciba la atención que merece, ejerciendo sus derechos con autonomía y libertad.
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Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones para América Latina, una alianza entre INFOBAE y RED/ACCIÓN, y fue publicada originalmente el 3 de diciembre de 2021.
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