¡Hola! La media sanción en la Cámara de Diputados de la Ley de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) en diciembre de 2018 fue un gran hito para toda la comunidad de triple impacto. Sin embargo, en marzo de este año, el proyecto de ley perdió estado parlamentario al no ser tratado en el Senado de la Nación. Este mes, el proyecto fue nuevamente presentado en la Cámara de Diputados y se espera su tratamiento.
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La Ley BIC es una legislación da identidad a las empresas de triple impacto; es decir, aquellas que integran la creación de valor económico, social y ambiental. El objetivo de la ley es brindarle un reconocimiento legal a estos emprendedores, que los proteja y potencie, entendiendo que es un sector clave para evolucionar hacia una nueva economía más inclusiva y sustentable.
- ¿Por qué es importante? Los emprendedores y las empresas de Triple Impacto hoy no tienen un reconocimiento legal que los proteja y permita perseguir su propósito libremente. De esta forma, el Estados y otros actores podrían identificarlos y potenciarlos. Las empresas y la fuerza que ejercen en el mercado son una pieza clave para evolucionar hacia una Nueva Economía de Triple Impacto que sea mas inclusiva, sustentable y regenerativa.
- ¿Crea un nuevo tipo societario? No. La Ley BIC crea un régimen jurídico aplicable a cualquier tipo de sociedad.
- ¿Otorga beneficios impositivos? No. Poder reconocerlas es el primer paso para que luego surjan beneficios propios del mercado o de políticas que el Estado pueda implementar a través de programas de compras públicas preferenciales, facilidades de acceso al crédito, entre otras.
- ¿Qué obligaciones impondría la ley? Se deberá modificar el Estatuto o contrato social, incluyendo el impacto social y ambiental positivo y verificable que se obligan a generar. También, tendrán que confeccionar un reporte anual mediante el cual acrediten las acciones llevadas a cabo tendientes al cumplimiento del impacto positivo social y ambiental previsto en el Estatuto. El reporte deberá ser auditado por un profesional independiente matriculado y deberá ser de acceso público.
- “La pandemia es una aceleradora de tendencias y pone en evidencia la necesidad de una legislación de este tipo”, dice Laura Ocampo, abogada, miembro del directorio de Sistema B Argentina. En este sentido, Soledad Noel abogada con una amplia experiencia en la creación e implementación de proyectos e iniciativas para promover el desarrollo de empresas de triple impacto opina: “queremos visibilizar esta identidad empresarial que hoy existe. Necesitamos que las empresas que están comprometidas con el impacto tengan un reporte transparente”.
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Países como Peru, Ecuador y Colombia ya cuentan con una Ley BIC. Argentina, Chile y Uruguay tienen un proyecto de ley en trámite. Y fuera de la región está vigente en Italia, Canadá y parte de Estados Unidos.
- Desde el Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Lima, el abogado consultor experto en empresas con propósito en Iberoamérica Juan Diego Mujica Filippi fue uno de los principales actores involucrados en la redacción y aprobación de la Ley BIC en Perú. “La Ley tuvo una buena acogida por los agentes de la economía de impacto, particularmente por la atención que les brinda la identificación jurídica. Recibió el apoyo del Ministerio de Economía y de Justicia y también de organizaciones que apuestan por la sostenibilidad empresarial”, cuenta. La ley fue aprobada en octubre 2020, promulgada en noviembre 2020 y a pesar de que está vigente, aun se necesita de la reglamentación y lineamientos para estar operativa. “Entonces recién a partir de ahora hemos iniciado la campaña de difusión y muchas empresas están viendo con sus abogados el cambio de estatutos. Pero la situación política (incertidumbre máxima) no ayuda”, dice Mujica Filippi.
- Al momento, en Ecuador hay unas 185 empresas BIC. “La ley despertó un gran interés en conocer de qué se trata esta nueva categoría societaria, entender cómo funciona, de que se trata este nuevo modelo. Todo ello por supuesto generó, y sigue generando, una gran necesidad de capacitar sobre estos y otros aspectos”, cuenta Esteban Ortiz Mena, Superintentes de Compañías, Valores y Seguros.
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Presentan proyecto de ley para impulsar alianzas público-privadas a nivel local. El 15 de mayo, la diputada Soledad Carrizo anunció que ese mismo día con la firma de 22 diputados ingresó al Congreso de la Nación un proyecto de ley para enmarcar jurídicamente esta agenda en el largo plazo. Carrizo indicó además que la ley propone como autoridad de aplicación al Consejo de Políticas Sociales, presidido por Victoria Tolosa Paz.
El proyecto apunta a generar incentivos que unan a grandes empresas, pymes, emprendedores y organizaciones sociales con el Estado. En línea con la presentación del proyecto de ley Grupo de Fundaciones y Empresas presentó este trabajo: “Incentivos de Bien Público. Lineamientos conceptuales y pautas para la implementación”.
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Tres preguntas a Martín Schorr, doctor en Ciencias Sociales de Flacso, investigador del Conicet y docente universitario. Recientemente, Schorr publicó el libro El viejo y el nuevo poder económico en la Argentina (Siglo XXI).
- ¿Qué trabas aparecen para hacer viable una sociedad más inclusiva e igualitaria?
En las diferentes coyunturas analizadas en el libro la cúpula empresarial ha tenido una gravitación considerable en el conjunto de la economía argentina, tanto si se considera su peso en la producción, el valor agregado o, por ejemplificar con otra variable, en las exportaciones totales. Esto da cuenta de un alto grado de concentración económica. Es decir, que un mismo actor controla más de una, muchas veces varias, de las compañías de mayor envergadura del ámbito local. En ese marco, más allá de los cambios en la composición de la cúpula empresarial a lo largo del tiempo, esa centralidad estructural les ha conferido a estos segmentos del poder económico un poder de veto ostensible y determinante sobre el funcionamiento estatal. Esto se manifestó de maneras diversas: corridas cambiarias, subas de precios, reticencia inversora, obtención de una amplia variedad de prebendas, “colonización” de ciertos espacios de la gestión pública, etc.
- ¿Cuáles son las mayores consecuencias que vemos hoy por el peso prominente del capital extranjero?
Como en gran parte de los países periféricos, la Argentina ha sufrido en su historia varias oleadas de penetración de capitales foráneos, las cuales han sido estimuladas, entre otras cosas, por la aplicación de marcos normativos plenamente funcionales a la expansión extranjera. Ahora bien, ese lugar destacado del capital extranjero en el seno del poder económico local se asocia también a su presencia decisiva en aquellos sectores que en cada período estudiado definieron las condiciones para la acumulación y la reproducción ampliada del capital en el país. La centralidad estructural del capital extranjero cobra una entidad mayor si se pondera el papel que suele asumir en el financiamiento externo de una economía dependiente, así como en el desfinanciamiento por múltiples vías (remisión de utilidades, pagos de intereses, regalías y patentes, establecimiento de precios de transferencia en operaciones de comercio exterior y financieras).
- ¿Es posible que el nuevo poder económico de la Argentina logre reducir el nivel de dependencia?
En la mayor parte de América Latina, y particularmente en la Argentina, el grueso de los sectores dominantes sigue asentándose en buena medida sobre la explotación de las ventajas comparativas que ofrecen sus recursos naturales o en “nichos” de negocios regulados por el sector público. Consecuentemente, los Estados nacionales no han llevado adelante una verdadera política industrial. De allí que las distintas regiones de la periferia (Este de Asia y América Latina) ocupen hoy en día lugares tan disímiles en la división internacional del trabajo.
En tal escenario, difícilmente se encuentre entre las prioridades de las empresas trasnacionales el modificar sustancialmente el rol de la economía argentina en el mercado mundial, mucho menos cuando la misma casi no ofrece ventajas comparativas más allá de su abundante dotación de recursos naturales y ciertos ámbitos de acumulación privilegiados por las políticas públicas. Pero tampoco parece existir una burguesía nacional dispuesta a llevar adelante un proyecto de país distinto al que surge “naturalmente” de la tradicional división del trabajo a escala mundial. En definitiva, en este esquema no parece haber ninguna fracción de la gran burguesía que tenga interés genuino en impulsar la reconstrucción de un sistema industrial fuerte y moderno que le permita a la Argentina salir de su situación de dependencia, lo que constituye una de las principales trabas al desarrollo nacional.
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Para tomar nota. NAVES Federal se desarrollará por séptimo año consecutivo para PyMEs y emprendedores de todo el país. En la competencia se pueden anotar emprendedores de todas las provincias del país organizados en nueve sedes centrales.
El programa tiene una duración de seis meses y está diseñado para potenciar las habilidades emprendedoras y el modelo de negocios de individuos y empresas, brindando acompañamiento, feedback, vínculos y formación sólida. Serán becados de forma completa 900 proyectos. Para inscribirte hace clic en la imagen.
- Te invito este miércoles a la Sesión "Trabajo e Innovación Social para personas migrantes". Este encuentro forma parte de un ciclo de charlas que tienen como objetivo generar un espacio virtual de información, colaboración, ideación y vinculación en torno a las áreas de complejidad que enfrenta la población migrante en el país. En esta oportunidad nos reunimos en relación a la Inserción Laboral. Anotate en este link.
Hasta aquí llegamos hoy. Los leo en otraeconomia@redaccion.com.ar
Hasta el martes,
Flor.
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