El Poder Ejecutivo nacional presentó hace pocos días el proyecto de ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que prevé bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años en los casos de delitos penados con más de 15 años de prisión, y establece medidas de abordaje integral e interdisciplinario con miras a una futura inserción social de los jóvenes.
Según un estudio de la organización Justicia 2020, en los tres últimos años en la Argentina 6.400 menores que han cometido delitos, y 1.200 de ellos se encuentran actualmente privados de su libertad. Para tratar la problemática el proyecto oficial dispone la creación de 280 equipos y el trabajo de 800 profesionales para atender cada caso. El costo total a nivel país le demandaría al Estado entre 15 y 20 millones de dólares, para un período de implementación tomará 7 años.
En diciembre de 2017 UNICEF, publicó un documento en el que sostuvo: “Es sumamente importante que Argentina tenga una Ley de Justicia Penal Juvenil en línea con los estándares internacionales. Para esto se requiere un sistema de justicia especializado con un enfoque centrado en la prevención del conflicto con la ley penal antes que la represión, y una estrategia orientada a la reinserción social que ofrezca a los adolescentes oportunidades educativas, de formación laboral y recreativas, para facilitar su inclusión en un proyecto de vida alejado del delito”.
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