Una excelente historia para la verificación de datos es el cuento de la rana hervida. En lugar de ser arrojada directamente al agua hirviendo –de la cual habría saltado al instante-, la rana es deslizada con cuidado en una cacerola con agua confortablemente tibia y luego se aumenta el calor. Para cuando la rana se da cuenta de que el agua se puso demasiado caliente, ya es demasiado tarde, y termina hervida viva. El periodismo independiente ahora puede estar enfrentando un escenario similar.
La temperatura del agua en torno a los periodistas ha venido subiendo en los últimos 15 años. Pero el calor se aumentó recientemente. Por ejemplo, sólo en 2019, la cantidad de detenciones improcedentes de periodistas subió el 12%, a un total de 389. Casi la mitad están detenidos en tres países: China, Egipto y Arabia Saudita.
Las protestas populares son particularmente riesgosas para los periodistas. En manifestaciones en Argelia, Hong Kong, Tailandia y Venezuela, los periodistas han sido sistemáticamente intimidados, acosados y atacados. En Estados Unidos, los periodistas que cubren las protestas contra la brutalidad policial y el racismo sistémico, encabezadas por el movimiento Las vidas negras importan, han enfrentado ataques indiscriminados a manos de las fuerzas del orden. El Rastreador de la libertad de prensa de Estados Unidos registró más de 900 violaciones a la libertad de prensa en lo que va de este año, que incluyen más de 177 ataques físicos.
Las mujeres suelen enfrentar una capa adicional de intimidación psicológica, que incluye amenazas abiertas de ataque sexual. En una encuesta reciente, un sorprendente 75% de las periodistas mujeres en Kenia reportaron ese tipo de amenazas. Los perpetradores incluyen misóginos individuales y grupos interconectados que quieren suprimir las voces femeninas, así como agentes vinculados al estado que buscan minar la libertad de prensa y censurar el periodismo crítico llevado a cabo por mujeres.
La crisis del COVID-19 ha agravado los desafíos que enfrentan los periodistas al limitar su capacidad para hacer su trabajo. Parte del problema son las medidas restrictivas ostensiblemente destinadas a contener el virus: Freedom House recientemente destacó 91 países con leyes y regulaciones de emergencia que ponen trabas al periodismo independiente. Éstas pueden ser relativamente tenues, como limitar las preguntas en las conferencias de prensa, o llegar a suspender la publicación de periódicos y bloquear sitios web.
El desafío también tiene una dimensión económica. Los medios periodísticos tradicionales han estado bajo una presión cada vez mayor durante décadas, con sus modelos de negocios trastocados por las tecnologías digitales. Ahora, la crisis del COVID-19 ha diezmado la actividad económica en gran parte del mundo, debilitando los ingresos de las empresas y obligando a realizar despidos. Las redacciones no han quedado al margen.
En una encuesta de 165 organizaciones periodísticas independientes a las que se les preguntó cómo las había afectado el COVID-19, el Instituto Reuters para el estudio del periodismo determinó que más del 50% esperaba una caída de los ingresos del 20% o más en 2020. Una quinta parte dijo haber registrado una caída general de la audiencia este año. Los más afectados son aquellos que se basan en la publicidad, así como los periódicos y los medios locales. La principal prioridad que manifestaron los participantes es garantizar los fondos para cubrir los costos operativos.
Los medios locales y regionales, especialmente en las economías emergentes, han sido los más perjudicados. Pero los medios en las economías ricas tampoco están exentos. En Holanda, por ejemplo, el ingreso total de publicidad en todas las organizaciones de medios declinó el 22% interanual durante la primera ola de la pandemia. Cientos de periodistas independientes hoy dependen plenamente de la ayuda del gobierno.
En este sentido, la crisis del COVID-19 podría asestar un golpe fatal al periodismo independiente. Pero todavía hay tiempo para asegurarnos de que no sea así.
Por empezar, los gobiernos deben poner fin de inmediato a la impunidad que perpetúa y posiblemente hasta alienta los ataques a la libertad de expresión. Los países democráticos deben comenzar por tratar los ataques a los periodistas como ataques a sus propias democracias –y procesar esos ataques en consecuencia, con fuertes penas criminales-. Y se debería hacer responsables a todos los gobiernos cuando se usan las restricciones relacionadas con la pandemia como un pretexto para silenciar a los periodistas.
Es más, los responsables de las políticas deben tomar medidas, tanto a nivel nacional como multilateral, para garantizar la supervivencia económica del periodismo independiente. Por ejemplo, pueden crear sistemas que garanticen el financiamiento público para los medios independientes, preferentemente a través de fondos dedicados financiados por un impuesto digital. La Unión Europea podría liderar el camino en esta materia, con un fondo a nivel de la UE. Los gobiernos democráticos, en términos más generales, deberían aprovechar la oportunidad que ofrece la próxima Conferencia Mundial sobre la Libertad de Prensa para impulsar un progreso a nivel global.
El periodismo independiente es indiscutiblemente un bien público. Al informar sobre los acontecimientos que dan forma a nuestro mundo y exponer las malas acciones criminales y las indiscreciones éticas, especialmente cometidas por quienes están en el poder, los periodistas permiten un debate informado, consolidan la responsabilidad y protegen los derechos e intereses de la población. No debemos esperar a que sea demasiado tarde para reconocer la importancia de su trabajo.
Leon Willems es director de Free Press Unlimited.
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