Asier Hernando es director regional de Oxfam LatAm. El lunes, la ONG británica publicó un polémico informe en el que reveló que la fortuna de los superricos de Argentina y la región aumentó al mismo tiempo que los más pobres están sufriendo el impacto más duro de la crisis sanitaria.
Un diagnóstico que Hernando confirma y explica en esta breve entrevista.
—¿Qué verdades sobre la desigualdad y la pobreza de Argentina y la región dejó al desnudo la pandemia?
—El COVID-19 ha puesto en evidencia todas las fragilidades de los sistemas
latinoamericanos y las reformas que no se han abordado en estos últimos años. Son economías precarizadas, con altos niveles de informalidad, baja inversión en políticas públicas como educación o salud (que en muchos casos han sido privatizadas, con redes de protección social casi inexistentes, y con un crecimiento de la deuda pública de un 15% en los últimos 10 años) que van comiéndose recursos públicos. Y mientras tanto, hemos dejado que la riqueza siga creciendo y concentrándose, lo que supone mayor poder para unos pocos, sin apenas gravarla ni fiscalizarla. El esfuerzo se ha pedido a los ciudadanos, pero se ha protegido a las élites. Esto fue el germen del descontento social el año pasado, pero también la razón por la que el COVID-19 golpea mucho más duramente a quienes menos tienen, en países con un Estado insuficiente, incapaz de garantizar calidad de servicios para todos.
Los sistemas fiscales son injustos, insuficientes y regresivos. El poco músculo fiscal de muchos países ha condicionado la capacidad de respuesta a la crisis. Recaudamos poco (11 puntos por debajo del promedio OCDE) y mal, no de quienes más capacidad tienen (hay alergia a gravar la riqueza y el capital, mientras la mitad de los ingresos provienen del
consumo).
Se pierden muchos recursos vitales en privilegios fiscales a las grandes empresas (si se corrigieran se podría aumentar en un 50 % la inversión en salud) y en evasión fiscal (1 de cada 5 dólares de inversión llegan o salen a través de un paraíso fiscal). La evasión fiscal y el fraude cuesta aproximadamente un 6,1 % del PIB, cuando el conjunto de los paquetes
de estímulo se sitúa entre el 2,7 % y el 3,2 %.
—¿Cómo asegurarse que el impuesto a la riqueza funcione? En donde se ha intentando aplicar, los superricos se han ido y la recaudación y la inversión han caído.
—Hay margen de maniobra para gravar más los impuestos a la riqueza. Oxfam ha calculado (con datos de casi 80 países), que a pesar de la tendencia mundial hacia la concentración de la riqueza estas últimas décadas, apenas 4 de cada 100 dólares recaudados a nivel mundial provienen de gravar la riqueza, y tan sólo un 11 % sobre las rentas empresariales. El resto proviene del esfuerzo de las familias, a través del consumo y el trabajo. Desde la crisis financiera de 2008, la contribución de las familias creció un 30 % mientras que las de las empresas cayó un 14 % y la recaudación sobre la riqueza se mantuvo estable. En la región, el 10 % más rico de la población apenas paga un tipo efectivo del 4,8% sobre
sus ingresos. Se requiere de un compromiso colectivo para que esta crisis económica derivada de la pandemia no haga retroceder a la región 15 años. Los que están haciendo tanto dinero deberían hacerlo un poco menos para que 52 millones de personas no se conviertan en pobres este año.
La razón por la que se han desmantelado muchos de estos impuestos en otros países es esencialmente ideológica. Si lo que falla son los instrumentos de control, hay que cambiarlos. Si lo que falla es el diseño, hay que revisarlo.
Tanto el FMI como la OCDE y muchos otros organismos regionales reconocen que los impuestos a la riqueza, de manera general, son los que menos distorsiones generarían en este momento en relación al crecimiento económico. Unos 83 millonarios de todo el planeta reclamaron recientemente que estaban dispuestos a pagar más sobre su riqueza, especialmente en este contexto de crisis.
Para que el impuesto a la riqueza funcione hay que diseñarlo para que responda a algunas características: un diseño simplificado, reforzar los controles internos , desincentivar las fugas y reforzar la cooperación internacional.
Según las estimaciones de Oxfam, la pérdida de ingresos fiscales para este 2020 podría rozar el 2 % del producto interno bruto (PIB) de la región: 113.391 millones de dólares, aproximadamente el equivalente al 59 % de la inversión pública en salud de toda la región.
—El IVA es la principal fuente de ingresos para los gobiernos locales, ¿cuál es lógica de rebajarlo si eso significa dejar al Estado con aún menos recursos?
—La mitad de los ingresos de la región provienen de los impuestos indirectos que son esencialmente regresivos, ya que recaen de forma más desproporcionada sobre las familias de ingresos bajos. Ante la dura situación para las familias más vulnerables, proponemos una rebaja en el IVA para productos de consumo esencial durante esta pandemia. Especialmente los productos de tratamiento sanitario.
El acceso a tratamiento no puede estar limitado a quienes puedan pagarlo. El objetivo es aumentar, aunque sea ligeramente, la renta disponible de quienes más lo necesitan y hacer más asequibles productos básicos en estos momentos. Son medidas de alivio para las familias de ingresos más bajos, quienes están en la economía informal y sufren más el impacto de la crisis.
—La economía digital genera buenos empleos y en Argentina, Colombia, Brasil y Chile ya es un sector importante. ¿No sería contraproducente implementar un impuesto? Y, en caso de hacerlo, ¿cómo recaudar?
—No hay razón para que un librero o un colmado de tu calle pague mucho más que una empresa globalizada que distribuye desde cualquier lugar del planeta, pero factura desde un paraíso fiscal.
La economía digital ha crecido de manera considerable durante la pandemia, tanto la prestación de servicios de empresas nacionales como internacionales. Antes de la crisis, se estimaba que en 2025 la economía digital llegaría a representar el 40 % del PIB regional. El efecto del confinamiento solo ha acelerado este proceso, pues el uso de
bienes y servicios digitales ha tenido un gran incremento en la región, y han sido algunos de sus subsectores los más beneficiados por la crisis.
Netflix, por ejemplo, ha duplicado sus ingresos desde el principio de la pandemia, en comparación con el mismo periodo del año pasado, y ya suma cerca de 15 millones de nuevos suscriptores, de los que 2,9 millones se sitúan en América Latina y el Caribe.
Para esto, se propone adoptar dos medidas principales: 1) crear un impuesto a las ventas digitales, adoptando un modelo de gravamen sobre ingresos de bienes y servicios prestados por vía digital dentro del territorio nacional, por empresas radicadas en otros países o sin domicilio fiscal; y 2) implementar los mecanismos necesarios para la recaudación automática del impuesto general al valor agregado (IVA) a bienes y servicios comercializados por vía digital, por empresas radicadas en otros países o sin domicilio fiscal.