En Bolivia, durante el primer semestre de 2020, las embarazadas hicieron 40 % menos de consultas prenatales, que en el mismo período de 2019. Atravesadas por el contexto de crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, también aumentó la cantidad de mujeres que necesitaban anticonceptivos y no los tuvieron: antes de la pandemia alcanzaba a 690.118 y en 2020 subió a 758.535. Es decir, hubo 68.417 mujeres más sin acceso a la anticoncepción.
En la Argentina, en abril de 2020 solo se alcanzó a un 10 % de la población total que necesita métodos anticonceptivos reversibles de larga duración (frente al 33 % en 2018 y el 39 % en 2019). En tanto, en algunos departamentos del Gran Mendoza la caída en los controles prenatales llegó al 50 %. Por ejemplo, en Guaymallén, donde se produce el mayor número de nacimientos de la provincia, en enero de 2020 se realizaron 708 controles prenatales y tres meses después se hicieron solamente 282.
En Brasil, las víctimas de violencia sexual se toparon con el acceso limitado a los centros que realizan la interrupción legal del embarazo. De los 76 hospitales que ofrecen esta práctica, solo 42 siguieron en funcionamiento durante el primer semestre de 2020 y 17 informaron que habían suspendido sus servicios de aborto a causa de la pandemia.
Datos como estos relevó y analizó la iniciativa Salud Reproductiva Vital del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI). Monitoreó desde marzo hasta septiembre de 2020 las respuestas de nueve Estados de América Latina para garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva en el marco de la pandemia. Eliminar requisitos innecesarios, proveer anticoncepción que alcance para períodos largos, virtualizar procesos y, especialmente, que todo el sistema de salud entienda estos servicios como esenciales son algunas recomendaciones.
Los países estudiados fueron la Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, El Salvador, Perú y Uruguay.
Prácticas recomendadas
El relevamiento identificó buenas prácticas basadas en tres tipos de indicadores que permiten medir el acceso a la salud: estructurales, de procesos y de resultados.
Reconocer la salud reproductiva como esencial y urgente está dentro de los indicadores estructurales y es una práctica que el informe recomienda replicar o adecuar desde los estados. “Esto significa que como es esencial debe ser garantizada de forma permanente, no puede ser suspendida por ningún motivo. Y como es urgente no se puede pedir a la persona que va a una consulta que vuelva mañana. Esto es importante, porque si una persona necesita un aborto no es lo mismo una semana que otra”, explica Sonia Ariza Navarrete, investigadora adjunta del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y coordinadora de la iniciativa Salud Reproductiva Vital de CLACAI.
“De esta manera —sigue Ariza—, países de la región como la Argentina y Colombia tomaron los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y generaron directivas específica para atender abortos y anticoncepción en el marco de la pandemia. Mientras que países como El Salvador o Bolivia no dijeron nada y cuando tuvieron que hacer recortes por la pandemia la salud reproductiva se vio afectada. Y después está Brasil que usó como excusa la pandemia para directamente recortar prácticas como el aborto”.
En tanto, la telemedicina está entre los procesos recomendados. “La Argentina tiene protocolos que fortalecieron su uso para todas las intervenciones: se habilitó la consulta y consejería en salud por vía telefónica. También se permitieron las recetas digitales para adquirir medicamentos. Estas fueron adaptaciones que agilizaron el acceso a la salud reproductiva”, subraya Ariza.
Otra buena respuesta que destaca el informe es la interconsulta virtual, una práctica que usaron sobre todo médicos de la Argentina y Colombia. Detalla Ariza: “Antes de la pandemia este intercambio se daba más que nada entre profesionales del mismo servicio. Con la telemedicina se pudo hacer interconsulta con especialistas de otros lugares dentro del mismo país o del exterior. Esto ayudó a resolver casos complejos”.
Por último, entre los resultados asociados a estadísticas, un ejemplo a destacar es la generación de mesas intersectoriales que se ocupan de revisar los datos de salud reproductiva que genera el sistema de salud. “En Chile, un grupo de organizaciones civiles lideradas por la Organización Miles verificó que se estaban entregando anticonceptivos orales defectuosos de marca Anulette CD. De hecho, se denunciaron más de 180 embarazos no intencionales de personas que se cuidaron con este medicamento. Las organizaciones se movilizaron y lograron que la medicación fuera retirada del mercado”, cuenta Ariza.
Otra buena práctica que se desarrolló en la Argentina, explica Ariza, “es que los referentes de las áreas de salud sexual y reproductiva de cada jurisdicción se reunieron mensualmente para evaluar el estado de situación y cotejar los datos disponibles. Este espacio de intercambio permitió un mejor entendimiento de lo que estaba pasando porque a veces los datos no reflejaban lo que ocurría. Por ejemplo, si una referente veía dos casos de muerte materna y eso en los relevamientos no aparecía, sabían que algo no estaba funcionando con la generación de estadística”.
Si bien las experiencias que el informe rescata fueron prácticas de emergencia implementadas frente a un retroceso de la atención en salud reproductiva, se las propone como medidas a poner en marcha y sostener después de la pandemia porque amplían el acceso a servicios.
Más allá de las políticas y acciones que se implementaron en cada país y que el informe recomienda observar detenidamente, se desprenden tres medidas a valorar en pos de mejorar el acceso a la salud sexual y reproductiva:
- Entregar anticonceptivos suficientes para tres meses o más y habilitar la entrega sin necesidad de contacto con el personal de salud. Por ejemplo, hacerlo por ventanilla de farmacia o enviar a domicilio. También, eliminar requisitos que la OMS considera innecesarios como las recetas para anticonceptivos de emergencia. “Son medicamentos seguros, que no implican un riesgo grave para quien los usa”, dice Ariza.
- Habilitar la práctica del aborto en todos los niveles de atención de forma segura, según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Habilitar la práctica sin internación o ambulatoria. Hacerlo en la primera consulta si la persona ya se decidió. Y permitir comprar la medicación con recetas por medios digitales, electrónica, foto o mensaje de texto, entre otras opciones.
- Usar la telemedicina (llamadas o videollamadas) para el control del embarazo, con algunas consultas presenciales. Habilitar canales de comunicación permanentes con las personas gestantes para evitar visitas innecesarias a los servicios: WhatsApp, Telegram, redes sociales, línea telefónica, etc.
Ahora bien, al pensar en replicar o adecuar estas buenas prácticas hay que tener en cuenta que “los países de América Latina tienen características muy disímiles. Está la Argentina, donde hay políticas a favor de la salud sexual y reproductiva y la población acompaña a esas políticas. Y está Brasil que tiene frenadas estas políticas”, distingue Ariza.
“Por eso —sigue—, es importante detectar las buenas prácticas implementadas en algunos estados, pero también es importante evaluar las posibilidades reales que se tienen de replicarlas, contemplando el contexto político, social y económico local. Porque hay algunas buenas prácticas que para adoptarlas demandan de inversión económica y hay otras que son adaptaciones que no la requieren”.
La posibilidad de aplicar cada una de estas medidas se mide en el contexto: que baste una receta digital no demanda inversión y derriba obstáculos, lo mismo que la atención médica virtual, pero en las regiones en las que la conectividad es insuficiente son medidas que no están al alcance de todas las personas. Allí, proveer anticonceptivos a largo plazo, no demorar la atención y considerar esencial la salud reproductiva parecen medidas prioritarias.
Por qué conviene
En febrero de 2021, el Instituto Guttmacher, una organización dedicada a la investigación y la recomendación de políticas, comprometida con el avance de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en todo el mundo, publicó el informe: Haciendo Cuentas: Invertir en salud sexual y reproductiva en América Latina y el Caribe.
El estudio examina la necesidad, el impacto y el costo de invertir ampliamente en servicios de salud sexual y reproductiva. En conjunto, estos servicios permiten que las personas puedan decidir si quieren tener hijos y cuándo tenerlos, gozar de embarazos y partos con la atención necesaria, tener bebés sanos y una vida sexual segura y satisfactoria.
Cuando esos servicios no se pueden garantizar las pérdidas humanas y económicas son muy importantes. “Solo en Perú, fallecieron 433 personas gestantes entre enero y diciembre de 2020. Ese número no se alcanzaba desde hace una década y representa un incremento del 42 % en relación con el período anterior. Es decir que esos datos hablan de un retroceso de diez años en el esfuerzo que se había hecho para bajar la mortalidad materna. Y las causas fueron la falta de acceso a controles prenatales en el Nivel Primario de la salud, de derivación adecuada en casos graves y de bancos de sangre, entre otros factores”, dice el informe de Clacai.
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Mientras que sobre el impacto de la inversión, el estudio de Guttmacher precisa que “por cada dólar gastado en servicios anticonceptivos por encima del nivel actual se ahorrarían 3,61 dólares en el costo de la atención materna, del recién nacido y de los servicios de aborto, porque la anticoncepción reduce los embarazos no planeados”.
La investigación también subraya que cada año en América Latina y el Caribe dan a luz 10 millones de mujeres, y muchas de ellas no reciben la atención médica que necesitan. Basta con observar que 803 mil realizan menos de cuatro visitas de atención prenatal, 622 mil no dan a luz en un centro de salud, 354 mil no reciben la atención médica que necesitan después de una complicación obstétrica importante y 445 mil tienen bebés que no reciben la atención médica neonatal necesaria para tratar complicaciones.
A su vez, el informe reune datos que demuestran que la falta de servicios de salud sexual y reproductiva de alta calidad pone en riesgo a las personas gestantes: “4 millones tienen abortos en condiciones inseguras, 7.600 mueren por causas relacionadas con el embarazo y el parto, 20 millones no reciben el tratamiento que necesitan por enfermedades de transmisión sexual como clamidia, gonorrea, sífilis y tricomoniasis”.
A la hora de buscar soluciones en materia de salud sexual y reproductiva, Ariza dice: “La primera recomendación que les hago a los Estados es eliminar las barreras que no se justifican clínicamente y que no están recomendadas en protocolos internacionales. La pandemia mostró el impacto negativo que pueden tener estas barreras y habría que eliminarlas”.
“En Perú y Ecuador —ejemplifica la investigadora—, se exige que para la práctica de interrupción del embarazo la persona se interne en el hospital o que haya servicios específicos autorizados para tal fin. En contexto de pandemia ese requisito vuelve inviable la prestación de la práctica, cuando ya se sabe que hasta la semana 12 el aborto se puede hacer ambulatorio”.
En esa misma línea, Ariza subraya que la Argentina debería suprimir la exigencia de la receta archivada para comprar misoprostol, el medicamento que se usa en la interrupción del embarazo: “Eliminar requisitos innecesarios como estos no demanda inversión económica. Es una decisión política que salva vidas”.
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Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones para América Latina, una alianza entre INFOBAE y RED/ACCIÓN, y fue publicada originalmente el 13 de diciembre de 2021.
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