Las finanzas sostenibles se expanden cada vez más en América Latina, con gobiernos y empresas aprovechando el creciente interés de los inversores en estos instrumentos para proteger la biodiversidad y responder a la crisis climática. En 2020 se emitieron más de 16.000 millones de dólares de bonos verdes, sociales y sustentables en la región.
Dichos bonos comparten las mismas características. Una empresa o gobierno se endeuda y los fondos deben ser destinados exclusivamente para cumplir con una determinada meta ambiental o social, como desarrollar infraestructura de transporte limpio, expandir las energías renovables o cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Sin embargo, con el crecimiento de las finanzas sostenibles, han surgido nuevos tipos de instrumentos de deuda todavía más innovadores, tal como el ahora propuesto por Uruguay. El Gobierno de Luis Lacalle Pou está trabajando en un bono cuyos fondos no tendrán un destino específico pero que pagará una tasa de interés variable.
La tasa dependerá de si Uruguay cumple con un objetivo ambiental previamente establecido, como su contribución climática (conocida como NDC en inglés). Es decir, si el país reduce sus emisiones tal como se comprometió tendrá un premio con una tasa más baja. Y si no cumple tendrá una penalización con una tasa más alta.
Hasta ahora, el único país en haber desarrollado un instrumento de este tipo ha sido Luxemburgo, emitiendo deuda por 1.500 millones de dólares en 2020. En el caso de Uruguay, el bono sería por un monto entre 800 y 1.000 millones de dólares, todavía sin fecha exacta para la emisión, sostuvo el ministro de Ambiente de Uruguay Adrián Peña.
Países en vías de desarrollo como Uruguay son especialmente vulnerables a la crisis climática y de biodiversidad, y necesitan de apoyo financiero para cumplir con sus compromisos ambientales o climáticos. Es allí donde aparecen las finanzas sostenibles como un instrumento para apoyar la transición de sus economías.
Las finanzas sostenibles en América Latina
Argentina y Colombia han pedido recientemente una expansión de los canjes de deuda por naturaleza, una herramienta ya utilizada que les permitiría reducir sus deudas y también cumplir con metas ambientales. En cambio, expertos en finanzas han impulsado la creación de nuevos instrumentos, como el ahora propuesto por Uruguay.
“Los canjes de deuda fueron muy populares hace décadas. Pero ahora el panorama ha cambiado mucho. Es más complicado en términos de quién tiene la deuda y cómo se negocia”, dijo Jochen Krimphoff, líder del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) sobre bonos soberanos verdes. "A largo plazo, cuanto más sostenible sea la gestión de tus recursos naturales como gobierno, más podrá prosperar tu economía de forma sostenible”.
Un bono soberano verde indica el compromiso del país con sus estrategias de crecimiento sostenible y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, lo que tendrá un impacto positivo en las inversiones del sector privado para los sectores verdes. Además, permitirá una colaboración entre diferentes áreas del gobierno, tal como señaló Peña.
“Nos parecía que teníamos mucho conocimiento que aportar al ministerio de Economía, que no sabía tanto de nuestros temas. A partir de ahí surge la idea del bono”, sostuvo Peña. “Es una deuda común pero la tasa está atada al cumplimiento de un objetivo ambiental. Exploramos varias opciones y seguramente sea la NDC”.
Chile ha sido el primer y único país en América Latina en emitir un bono verde en 2019 y hasta ahora ha obtenido 7.440 millones de dólares luego de sucesivas emisiones. El país también ha emitido bonos sociales y sostenibles, al igual que lo han hecho Ecuador, México, Guatemala, de acuerdo a la organización Climate Bonds Initiative.
Los sectores de energía y transporte han sido los más beneficiados del financiamiento, al igual que el sector del uso del suelo. En el caso de Chile, los fondos de su bono verde fueron destinados a impulsar el transporte limpio, como los buses eléctricos de Santiago y la construcción de nuevas líneas del subterráneo.
“Hay muchos inversores que quieren invertir en estos instrumentos”, destaca Pablo Cortinez, consultor en finanzas sostenibles. “El deber fiduciario y perfil de los inversores está cambiando y cada vez más se autodenominan verdes. Las economías más grandes de la región como Brasil y Argentina deberían apostar a bonos soberanos verdes”.
Para Marcela Ponce, líder de Finanzas Climáticas de la Cooperación Financiera Internacional (IFC), el 2020 fue un año histórico para las emisiones soberanas verdes y 2021 no se ha quedado atrás. “Desde la COP26, los ministerios de hacienda de América Latina demuestran gran apetito por el mercado de bonos verdes”, agregó.
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El nuevo bono de Uruguay
A diferencia del caso de Chile, Uruguay no emitirá un bono verde propiamente dicho ya que los fondos podrán ser utilizados para cualquier propósito que se desee. Sin embargo, al vincular la tasa de interés del bono a la NDC, el Gobierno tendrá un incentivo adicional para cumplir con sus metas de cambio climático.
Uruguay presentó su NDC en 2017, en la cual propone metas de reducción de intensidad de carbono por gas para tres gases específicos: dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O) y metano (CH4), con reducciones de 24%, 48% y 57% respectivamente para el año 2030 de manera incondicional. Se espera que se presente una nueva NDC en 2022.
Cerca del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Uruguay provienen del sector agrícola, cuyos dos tercios son originados en la producción de carne vacuna, de acuerdo al más reciente inventario de emisiones. El gobierno espera que un mejor manejo de las pasturas permita reducir sus emisiones significativamente.
“Uruguay está asumiendo un costo político alto con el nuevo bono soberano. Pero si logra hacerlo marcaría un hito para la región”, sostuvo Sebastián Ramos, socio del área de banca y finanzas del estudio jurídico Ferrere de Uruguay. “La curva de aprendizaje es alta al ser el primero en la región con un bono soberano de este tipo”.
Juán Giraldez y Stephanie Fontana del estudio jurídico Cleary Gottlieb describen al instrumento de deuda que desea impulsar Uruguay como “la próxima frontera en el financiamiento soberano”. Sin embargo, también resaltan los riesgos y desafíos al ser algo hasta ahora solamente desarrollado por Luxemburgo.
Para que el bono sea exitoso, los gobiernos deberán poder justificar ante sus inversores la elección de la meta específica por sobre otras posibilidades, la NDC en el caso de Uruguay. Además, la meta debe ser alcanzable durante la vida del bono y se deberá definir una tercera persona a cargo de monitorear el real cumplimento de la misma.
“Con el bono que estamos diseñando, Uruguay tendrá un mandato fiduciario de cuidar el ambiente y reducir las emisiones de dióxido de carbono,” sostuvo la ministra de Economía de Uruguay Azucena Arbeleche en una entrevista. “Los incentivos del inversor y emisor estarán alineados para el cumplimiento de un determinado indicador”.
Es probable que se confirmen más detalles sobre el bono verde soberano de Uruguay, incluida una fecha para la primera emisión, a principios de 2022. Si tiene éxito, puede ser un catalizador para su crecimiento y aceptación en América Latina, y proporcionar un impulso a las transiciones sostenibles en toda la región.
Este contenido fue publicado originalmente en Diálogo Chino el 20 de diciembre de 2021.
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