Desde hace 44 años, la Fundación Vivienda Digna trabaja a la par de familias que viven en barrios populares con programas de construcción y mejoramiento de viviendas. También cuenta con corralones sociales que ofrecen materiales a precios solidarios. La organización busca brindar conocimientos a nivel personal y comunitario y, a la vez, fortalecer lazos barriales.
Con sus parques-biblioteca y otras acciones de un proyecto que multiplicó por cinco la inversión pública en cultura, Medellín logró reducir la tasa de muerte por homicidio en un 96,3 % en dos décadas. Jorge Melguizo, un consultor colombiano vinculado a esa transformación, sostiene que “lo contrario de la inseguridad no es la seguridad sino la convivencia” y cuenta experiencias similares en Recife, Brasil y la comuna de Itzapalapa en Ciudad de México.
Las organizaciones Hábitat para la Humanidad Argentina, TECHO y ProHábitat XXI estudiaron el proceso de autoconstrucción de las viviendas en los barrios populares, que suele durar años y depender de los ahorros de sus habitantes y de la ayuda de familiares y vecinos. De ese aprendizaje surgen soluciones innovadoras de asistencia técnica y económica.
Por primera vez en la historia, el censo nacional incluye un operativo para registrar a las personas que viven en esa condición. ¿Cuál es la metodología para realizar el censo? ¿Con qué información se podrá contar? Y fundamentalmente, ¿qué políticas públicas puede ayudar a promover un relevamiento de esta naturaleza?
El 16 de marzo comenzó el Primer Censo Digital en Argentina que tiene como objetivo hacer el recuento de todas las personas, hogares y viviendas que se encuentren en el territorio nacional. Esta vez se podrá responder desde el celular, tablet o computadora. En las siguientes placas te explicamos cómo funciona.
Casaclub Internacional tiene una sede en Buenos Aires a la que asisten 53 personas ―tiene capacidad para 100― que trabajan juntas en sostener el lugar, reciben apoyos para buscar empleo y vivienda y organizan actividades culturales y recreativas. El modelo fue incluido por la Organización Mundial de la Salud en su guía de servicios de salud mental enfocados en las personas y sus derechos humanos, y se alinea con la legislación argentina reciente, que dispone el cierre de los hospitales psiquiátricos.
Sancionada en junio de 2020, la norma es eje de debate. Los puntos discutidos son el método y la periodicidad de la actualización de los precios y la duración mínima de los contratos. En ese sentido, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación estudia el tema y una comisión empezará a tratar una reforma legislativa. ¿Cómo impactó realmente la ley en el mercado? ¿Qué fórmula de indexación de precios sería la más equilibrada? ¿Cómo resolvieron el problema otros países?
Pagar un alquiler que se lleva hasta el 40 % de los ingresos es la realidad de prácticamente 2 de cada 10 hogares en la Argentina. Mientras los requisitos de acceso y los precios del mercado son barreras cada vez más altas, desde la sociedad civil y las políticas públicas se prueban nuevos modelos para facilitar el acceso a los sectores más vulnerables dentro de ese universo de inquilinos, que están al borde de la emergencia habitacional o necesitan salir de ella. Cómo son las experiencias de alquiler social en la Argentina, de subsidios en Chile y de restauración de casas abandonadas en Montevideo.
Nuevo Alberdi, en el extremo noroeste de la ciudad, es uno de los 358 barrios populares del país que están viviendo una transformación urbana inédita. En cogestión con los Estados locales y la Nación, organizaciones de la sociedad civil y universidades, el nuevo diseño urbano prevé más servicios de recreación y educativos, zonas residenciales desarrolladas por capitales privados, viviendas sociales, proyectos productivos verdes y hasta un humedal.
En el proceso de discusión de la nueva constitución chilena, un grupo de organizaciones sociales participa para que se incluyan derechos relacionados con la vivienda y el hábitat. Cuáles son los modelos de constituciones que los contemplan y cómo incide esa incorporación en la solución a los problemas habitacionales.
La Asociación Civil Mocha Celis, a cargo del primer bachillerato popular travesti trans de la Argentina y del mundo, junto a dos empresas tecnológicas crearon una aplicación que permite hacer un seguimiento de la situación de salud, educativa o laboral, entre otras variables, de las personas del colectivo. El objetivo, también, es generar estadística útil para mejorar sus condiciones de vida y orientar políticas públicas.
Para el modelo Housing First, una vivienda no es una recompensa que recibe alguien cuando su vida se encarrila socialmente, sino que es un espacio en donde empezar a resolver sus problemas es más fácil. Desde 2007, brinda hogar a más de 16.300 personas que antes dormían en la calle. “Hay que acabar con la falta de vivienda en lugar de gestionarla”, dice un experto finlandés.
Una “smart city” usa el potencial de las tecnologías como base para la toma de decisiones basadas en datos. Por ejemplo, incorporan la robótica y la digitalización como variable en el momento de proyectar una vivienda. ¿En qué beneficia a la sociedad tener casas inteligentes? ¿Es aplicable en nuestro país? Sobre esto reflexionan los autores.
Miles de casas y departamentos que antes se alquilaban para vivienda permanente, ahora se rentan en la plataforma pero por día. ¿Cuánto puede encarecer el mercado de alquileres? ¿Qué hicieron otras ciudades para regular la aplicación?
En el 78% de las villas y asentamientos del país, los jóvenes se quedan en la vivienda de sus padres, en una nueva casa o casilla que arman en el mismo predio, o asentándose en un lote vecino. Con planes estatales de vivienda que no logran alcanzarlos ni acceso a créditos, algunas organizaciones les ofrecen ayuda para mejorar la calidad de su vivienda.
Desde su primera cotización, en abril de 2016, el valor de la unidad con la que se calcula la deuda aumentó un 180%. ¿La razón? La inflación, muchas veces empujada por la suba del dólar, es la principal variante de actualización. Qué repercusión tuvo la medida anunciada por el presidente Mauricio Macri de congelar las cuotas hasta diciembre.
Muchos vecinos de barrios populares tienen empleo e ingresos como para pagar un alquiler reglamentario. Sin embargo, les cuesta cumplir requisitos formales que demandan las inmobiliarias o son discriminados por su condición social.
Según el último censo, son 340 mil, diez veces más que en 1991. Un estudio reciente hecho a partir del consumo de energía, dice que son 140 mil. Más allá de la cifra, ¿para quiénes se edifica si hace 70 años que la población porteña no crece? El fenómeno se da mientras aumenta la cantidad de personas que viven en villas. ¿Qué soluciones exploran ciudades del mundo con problemas similares?
