Las medidas de confinamiento dificultaron el acceso a la principal fuente de ingreso de las mujeres trans en América Latina: el trabajo sexual. Para enfrentar la crisis, varios grupos unidos por la lucha de sus derechos impulsaron iniciativas para afrontar el hambre, la falta de vivienda y de acceso a la salud de sus compañeras. En julio de este año se promulgó una ley que tiene por objeto su inclusión laboral y establece que el Estado debe garantizar el 1 % de su planta laboral para las personas trans. Así empiezan a ocupar espacios que históricamente le fueron negados.