Silvia Irigaray es la actual presidenta de Madres del Dolor. Es madre de Maxi Tasca, una de las víctimas de la Masacre de Floresta, cuando a fines del 2000 un policía asesinó a tres jóvenes.
El Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que se creó por ley hace casi diez años y se reglamentó a fines de 2019, está dando sus primeros pasos. Está integrado por los bienes decomisados judicialmente en procesos relacionados con los delitos de trata y explotación de personas. ¿De qué manera esos recursos llegan a las personas que fueron sometidas contra su voluntad? ¿Cómo se determinan los montos? ¿Por qué esta reparación es clave para no caer nuevamente en la explotación?
Dentro de sus hogares muchas mujeres se han visto expuestas a agresiones físicas, maltratos psicológicos y privaciones económicas. Pero en la etapa más rígida del confinamiento estos niveles de violencia se exacerbaron dejando cifras rojas de feminicidios, aunque también sobrevivientes que aprendieron a tomar decisiones para salir de estos ciclos. Las secuelas están presentes.
Los textos de redacción confusa y llenos de tecnicismos son una de las principales barreras para el acceso a la justicia de las personas ajenas al mundo judicial. El Consejo de la Magistratura porteño trabaja desde 2017 en la cuestión: publicó glosarios y documentos en lenguaje claro y este año convocó a personas de la sociedad civil para revisar la redacción de notificaciones típicas junto a dos jueces.
En marzo de este año un juez de Rosario condenó a un hombre a pagar a su expareja un resarcimiento por "el enriquecimiento sin causa” que obtuvo tras la ruptura de la relación, atendiendo al “valor económico” de las tareas del hogar realizadas por la mujer, que le permitieron a él incrementar su patrimonio. El fallo está fundado en “en clave de Derechos Humanos y en la perspectiva de género”. ¿Cómo se aplica a nivel judicial esta particular categoría? ¿Cuáles son las convenciones internacionales que la fundamentan?
La práctica, recomendada por Naciones Unidas, promueve que los jóvenes y adolescentes que hayan cometido delitos menores acuerden con las víctimas una forma de reparación. En la Argentina el modelo se está aplicando en San Isidro y San Martín, provincia de Buenos Aires, con resultados auspiciosos.
En la Argentina ya hubo 1154 juicios por jurados, en los que 12 personas elegidas por sorteo determinaron si el acusado era culpable o inocente. Este sistema rige en nueve provincias y hay evidencia de que logró que los procesos fueran más breves, transparentes y confiables.
El 22 de febrero se cumplió un nuevo aniversario del choque del tren Sarmiento que dejó 52 muertos y casi 800 heridos. ¿Qué pasó después de aquel día? ¿Quiénes fueron declarados culpables y por qué su proceso judicial cuenta con aspectos a imitar?
Profesionales del Derecho que acompañan a víctimas de violencia develan las trabas procesales y las trampas legales que impiden la resolución de las causas judiciales por violencias, abusos y femicidios. Desde el exceso de litigiosidad, a la ausencia de capacitación en Ley Micaela y una visión patriarcal de quienes deben tomar decisiones, entre muchas otras. Sus propuestas para que el Derecho sea parte de la solución y no un problema que revictimiza.
"Muchas veces contratan asesores de prensa, difunden pasos intermedios de un proceso judicial o preparan gacetillas con información de una causa: quieren ser ellos los que las expliquen, conscientes de que son complejas", analiza Paz Rodríguez Niell, periodista especializada en temas judiciales.
La miniserie documental "Carmel: ¿Quién mató a María Marta?" volvió a poner en agenda una causa que 18 años después deja en el aire muchas preguntas. Cómo hubiese sido su tratamiento de haber contado con una mirada con perspectiva de género es una de ellas. Sobre esto reflexionan especialistas en esta nota.
Sufren acoso, discriminación y abusos dentro de la misma fuerza en la que trabajan. Pero sus denuncias suelen ser archivadas: quienes deben tomarlas son compañeros de quienes las vulneraron. Ellas crearon redes para visibilizar lo que viven y cambiar el reglamento de una institución machista.
Cómo es la vida de quienes fueron encarcelados a partir de pruebas fraudulentas y testigos falsos. ¿Quién investiga a los policías, fiscales y jueces cuando hay sospechas de que la causa pudo haber sido una trampa? En la Argentina el 46% de las personas presas no tienen una condena firme.
Un documental denuncia las irregularidades que llevaron a Cristina Vázquez a ser condenada a prisión perpetua por un asesinato. Magda Hernández, la directora, asegura que es inocente.
El programa de detención domiciliaria con monitoreo electrónico del Ministerio de Justicia de la Nación busca darle mejores oportunidad de resociabilización a las personas presas en situación de vulnerabilidad, como mujeres embarazadas, con hijos con menos de 10 años o con alguna discapacidad. Cómo funciona, por qué es un sistema mejor y más eficiente.
El hartazgo por el delito y la poca eficacia del sistema judicial influyen en la justicia por mano propia. ¿Pero lo hacen más que las redes sociales y WhatsApp?
La persona elegida será la que dirija y organice todas las fiscalías de la Ciudad de Buenos Aires. Organismos sociales y de derechos humanos sostienen que la perspectiva de género es central para quien ocupe el cargo.
