“Trabajamos simultáneamente en garantizar el derecho a la educación en el marco de la complejidad que implica la pandemia y en pensar (y comenzar a diseñar) el sistema educativo que queremos para después de la pandemia. Sin perder de vista la profunda desigualdad y la heterogeneidad que atraviesa a nuestra sociedad”, dice Nicolás Trotta, el ministro de Educación argentino.
Para entender por qué eso es lo primero que dice Trotta en esta entrevista, vale la pena repasar rápidamente algunos acontecimientos del último año y medio. Después de conocerse los resultados de la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica en la segunda mitad del 2020, el Gobierno nacional decidió desarrollar el plan federal Juana Manso. ¿El objetivo? Dar respuesta a algunas de las necesidades que estudiantes, docentes y familias dejaron claramente expuestas en las encuestas, como son la falta de conectividad y dispositivos, y la necesidad de capacitación docente para hacer frente a las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje.
Por eso el plan abarca la distribución de equipamiento, conectividad, una propuesta de formación y capacitación docente y una plataforma federal educativa de navegación libre y gratuita para todo el país compuesta por aulas virtuales, un repositorio federal de contenidos abiertos y un módulo de seguimiento e investigación a través de la producción de datos abiertos.
Ahora, además de ampliar las prestaciones de la plataforma Juana Manso (uno de pilares del plan), continuar con la entrega de dispositivos y facilitar la conectividad, el Gobierno nacional quiere avanzar con tres leyes —Justicia Educativa, Formación y Carrera Docente, y Conectividad— que hagan del plan una política de Estado que se sostenga en el tiempo.
Trotta dice estar convencido de “la centralidad que tiene el sistema educativo para reconfigurar una sociedad más justa y la responsabilidad indelegable que tiene el Estado al respecto”. Porque para él, en el campo educativo “la pandemia dejó en claro que a la brecha digital no la resuelve el mercado, sino que la tiene que resolver el Estado”.
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En ese sentido, el ministro destaca que la pandemia “abrió la posibilidad de construir consensos con todos los actores del sistema educativo sobre lo que debe ser y contener una plataforma tecnológica educativa desde un aspecto federal”.
—¿Qué características tiene entonces esa plataforma?
—Una primera cuestión que para nosotros es fundamental y que busca subsanar la falta de conectividad es que la plataforma garantiza la navegabilidad gratuita a partir del compromiso de las empresas de telefonía de no cobrar datos cuando se la navega. Otro tema es el repositorio federal de contenidos que permite ofrecer una propuesta educativa construida colectivamente, muchas veces vinculada a la perspectiva provincial o regional, y a la que todos los maestros y maestras puedan tener acceso para la propia planificación del trabajo escolar. Eso a nosotros nos parece que es sumamente importante. También se sumó hace poco tiempo la posibilidad de hacer videollamadas sin consumir datos y eso democratiza el acceso de una porción de argentinos y argentinas que navegan desde los teléfonos celulares. Y en breve agregaremos un chat también gratuito. Para nosotros la plataforma tiene que ser el acceso de toda la comunidad educativa al sistema educativo. Esto incluye: docentes en su trabajo dentro del aula, docentes en su propia formación (por eso toda la oferta de capacitación del Instituto Nacional de Formación Docente, INFOD, va hacia Juana Manso), el acceso de los estudiantes y de las familias.
—¿Quiénes usan hoy esta plataforma?
—Ya son siete las provincias que trabajan exclusivamente con la plataforma, mientras que otras once la usan de manera integrada con sus propias plataformas. Así, ya llega a unos 150.000 estudiantes. Ahora, para nosotros esta mirada (plasmada en la plataforma) trasciende esta situación excepcional, el uso de la tecnología debe ser una activo para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. Claro que para eso el Estado debe liderar la reducción de esa brecha digital que se expresa también a partir del acceso a la tecnología.
—¿Cuál es la situación actual en ese sentido?
—Hoy tenemos el 45% de las escuelas conectadas y nuestro compromiso es cubrir el 100% de los establecimientos educativos antes de que termine nuestro mandato. A la fecha tenemos 15.900 escuelas conectadas, más aproximadamente 9.000 que ya cuentan con piso tecnológico para ser conectadas en sucesivas etapas. La inversión total es de más de 3.200 millones de pesos en infraestructura, más 9.000 millones de pesos anuales. Para eso trabajamos con otras áreas del Gobierno nacional, como es el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la empresa nacional de telecomunicaciones ARSAT. Más las respuestas que suman las jurisdicciones educativas, cada una de las provincias.
—¿Por qué se garantiza la conectividad gratuita solo por celulares?
—Es que la otra navegación es gratis. El que se conecta desde su casa, por fibra óptica, lo que termina pagando es velocidad. Es decir, por dar un ejemplo: pagas 1.000 pesos un mega o 3.000 pesos 100 megas. Mientras que el que se conecta desde el teléfono celular paga datos. Es como un taxi al que te subís y el reloj empieza a correr. Ahí es donde más se necesita acompañar porque muchas veces, además, hay un único teléfono celular para todo el grupo familiar. Como hay familias que tienen fibra óptica en el hogar, pero tienen una sola computadora. Entonces, ahí también está el desafío de la administración en el marco de desigualdad y ahí tenemos que ir dando respuestas.
—En ese sentido, bajo el paraguas del plan federal Juana Manso también está prevista la entrega de computadoras...
—El Estado nacional adquirió un total de 633.000 equipos que se comenzarán a entregar el 28 de julio (80.000 dispositivos) y continuará cada 30 días con entregas parciales. Estos equipos se suman a los 121.839 dispositivos, entre los que se encuentran netbooks y tablets, que distribuímos en el 2020 en regiones con fuerte vulnerabilidad social y económica, donde priorizamos la distribución en el primer ciclo de las escuelas rurales, de las escuelas interculturales bilingües y en el primer año de la escuela secundaria. La inversión total supera los 20.000 millones de pesos para la fabricación de computadoras en Argentina.
—¿Qué pasa en esos hogares donde no cuentan con internet y llega una computadora entregada por el Estado?
—Ahí hay dos aspectos que para nosotros son importantes. Por un lado, la producción de contenidos que se pueden precargar y actualizar en las computadoras. Y que es mucho más económico que imprimirlo y repartirlo. Entonces, por más que en esa computadora no haya conectividad de banda ancha, ya viene precargada toda la información pedagógica para el año escolar en el que está el estudiante. Por otro lado, los teléfonos celulares se pueden usar como herramienta de conectividad de la computadora y, de nuevo, todo lo que es navegar la plataforma Juana Manso no consume datos.
Poco después, el ministro hace referencia a cuál es la mejor respuesta educativa en el marco de la continuidad pedagógica, si la sincrónica (videollamada en tiempo real) o la asincrónica. “Lo que nosotros debemos garantizar es un umbral de igualdad en la posibilidad de uso. Que un niño esté cuatro horas frente a una propuesta sincrónica todos los días no garantiza el aprendizaje. Inclusive puede generar estrés y una deficiencia en esa instancia de aprendizaje. Lo que nosotros vemos es que las mejores propuestas educativas son las que administran de manera simultánea propuestas sincrónicas y asincrónicas.”
El trabajo docente
—¿Contemplan en la formación docente las nuevas necesidades que tienen maestros y maestras? Porque hoy hay un repositorio, pero muchos docentes no saben cómo usarlo.
—Tenemos que resolver a partir del diagnóstico que nosotros tenemos claro. La respuesta en el 2021 es diferente a la respuesta del 2020. Como fue diferente la respuesta que se dio en marzo de 2020 que la que se dio en agosto. Pero también es claro que los propios docentes vinieron con trayectorias de formación muy disímiles y por eso buscamos fortalecer esa formación. Se dieron cursos para más de 400.000 docentes en uso de TICs (Tecnologías e Información en la comunicaciones en el marco pedagógico) y en todo lo relacionado a estrategias de educación a distancia que era parte del problema que teníamos. Porque no era solo el uso de la tecnología, sino el uso de la tecnología a partir de las herramientas disponibles. No es lo mismo para un docente preparar y dar su clase con una computadora que con un celular. Y tampoco si sus estudiantes tienen computadoras o mayoritariamente celulares. Claramente a mediados del 2021 hay muchas más herramientas en manos de las maestras y los maestros que para nosotros son la clave de toda la transformación de nuestro sistema educativo.
—¿Cuánto de las necesidades de los y las docentes tienen en cuenta desde el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) cuando aún la Educación Sexual Integral (ESI), por ejemplo, no está incluida dentro de la carrera docente en la gran mayoría de los institutos?
—Este año, desde el INFOD estamos yendo por postítulos y cursos vinculados a la ESI. Cualquier política educativa que queremos que ingrese en el aula, más allá del trabajo que se haga con la escuela, está enganchada con la formación de nuestros maestros y maestras. En el caso de la ESI, hay que entender que no es una materia transversal, sino un abordaje transversal. Al igual que con la Educación Ambiental a partir de ahora. Son instancias que implican repensar la currícula y el abordaje social para la capacidad de transformación que tiene la escuela de muchas conductas sociales.
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—¿Y no es el momento de pensar la situación laboral de los docentes, sobre todo los que trabajan en secundario y que viven pasando de colegio en colegio?
—Para nosotros es el momento de hacerlo. Por eso estamos proponiendo una ley que abarca a la formación docente y a la carrera docente. Esta pandemia también visibilizó la centralidad del rol del maestro y la maestra en nuestra sociedad. Ahora ese rol debe ser reconocido en términos salariales, como debe ser reconocida la carrera que cada uno de ellos transita. María Inés Vollmer (directora del INFOD) está coordinando lo que es la producción de este proyecto de ley, que estamos dialogando con todas las jurisdicciones, con los actores, con las principales referencias pedagógicas, con las organizaciones sindicales. Para nosotros hay que construir los consensos que permitan pensar a la escuela de la pospandemia y a eso hay que hacerlo ahora. Y los ejes son: Justicia Educativa, Formación y Carrera Docente, y Conectividad.
Los proyectos de ley que se vienen
—¿Cuál es el objetivo de este conjunto de proyectos de leyes?
—Para nosotros es fundamental lograr un esquema que nos permita marcar lo que debe ser el horizonte de nuestro sistema educativo para enfrentar los desafíos que tenemos en la Argentina de la pospandemia.
—¿Qué propone el proyecto de ley de Justicia Educativa?
—Es una nueva ley de financiamiento. Justicia Educativa para nosotros es asumir todo lo que la pandemia ha iluminado sobre las profundas desigualdades que presenta la realidad Argentina para marcar la priorización de la agenda educativa tanto para el Estado nacional como para las jurisdicciones. Ahí una de las dimensiones es la inversión y nosotros planteamos dedicar 8 % de nuestro PBI a Educación: 6 % a la educación obligatoria y 2 % en la educación superior. Es decir, a partir del consenso y la inversión prioritaria queremos trabajar objetivos claros: formación, escolarización temprana, vínculo con el mundo del trabajo, tecnología, conectividad. Todo eso está dentro de la escuela que imaginamos y esa es para nosotros la Justicia Educativa.
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—¿Cuál es el objetivo de la ley de Formación y Carrera Docente?
—En un país federal con más de 1.300 institutos de formación con carreras docentes muy distintas en cada una de las jurisdicciones, es un enorme desafío lograr una mirada común para poder dialogar con nuestras maestras y maestros y que ocupen esa centralidad que como sociedad decimos que deben ocupar. Ahora, para eso necesitan una formación, un salario y una carrera docente que realmente los ubique en ese lugar. Y que se vincula con la situación de los docentes de secundaria yendo de una escuela a otra, lo que es el rol de la investigación, lo que son las tareas frente al aula pero también fuera del aula. Todo eso es parte de un debate que nosotros creemos que es fundamental llevarlo a cabo en este momento en particular.
—¿Cuando piensan en la formación docente lo hacen pensando en un sistema bimodal presencial-virtual?
—En la formación de nuestra maestras y maestros la tecnología pasa a ser un componente central. Ahora, tenemos que contemplar la diversidad de realidades en la formación inicial de nuestros docentes y ver cómo mejoramos toda esa instancia de trabajo respetando y valorizando lo que es la tradición de nuestros institutos docentes pero también trabajando junto a ellos en lo que es la mejora de toda la formación inicial. Con acompañamiento por parte del Estado nacional en recursos para su readecuación. El uso de la tecnología para nosotros es una oportunidad siempre y cuando el Estado asuma la responsabilidad de reducir la brecha digital. Podemos hablar de jornada educativa tecnológica extendida sí, pero si el Estado distribuye dispositivos y garantiza la navegabilidad educativa. Si no, lo único que estaríamos haciendo es profundizar la brecha educativa que hay en nuestro país.
—¿Están pensando modificaciones en cuanto a las características del trabajo docente? ¿Han avanzado en las charlas con los sindicatos?
—Estamos dialogando con todos los actores del sistema educativo, incluidos los sindicatos. Pero no quiero entrar en detalle porque no tenemos un borrador final.
—¿Y la ley de Conectividad?
—Es la institucionalización en una norma de lo que es el plan Juana Manso: dispositivos, la plataforma federal educativa, navegabilidad gratuita educativa y conectividad de nuestras escuelas, y formación y capacitación docente. Son los cuatro ejes que debe tener nuestro plan de conectividad. Es parte de un proyecto que si pretendemos que trascienda a una fuerza política tiene que ser una ley. Entendemos que si el Estado no asume la responsabilidad de enfrentar la profunda desigualdad tecnológica y de conectividad eso termina resolviéndose en términos del mercado: quien tiene dinero accede a una buena conectividad y herramienta tecnológica y quien no lo tiene sigue quedando relegado en la posibilidad de acceder a ese derecho.
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