Cuando Fernanda fue encarcelada, sus hijos quedaron desamparados. Fue en 2016. Tenían 5, 12, 13, 15 y 16 años. El más chico se fue a vivir con una vecina. Otro viajó a Entre Ríos, a lo de su papá. Los tres más grandes siguieron en la casa, pero a cargo de su tía que vivía en el mismo barrio de San Fernando, en San Rafael, en el norte del conurbano. Los cinco dejaron la escuela.
El mes que viene se cumple un año desde que Fernanda volvió a su casa. Está presa, pero no encarcelada: un juez le dio prisión domiciliaria con la idea de que acompañara a sus hijos. Para controlarla, le pusieron una tobillera electrónica que muestra en tiempo real su ubicación y emite una alarma en caso de que salga de su casa. Sus hijos están con ella y retomaron la escuela. Fernanda trabaja: cocina y cose ropa en su casa. Le quedan 2 de los 7 años de prisión que le dieron por vender cocaína y marihuana.
“Mi ausencia fue difícil para mis hijos”, dice Fernanda. “Les ayudó mucho que volviera a casa. Y yo voy construyendo lazos: las maestras del más chico me vinieron a ver, me junto con una monja y ahora estoy viendo si consigo el permiso del juez para estudiar enfermería”.
Con su arresto domiciliario y según las estadísticas, Fernanda tiene cuatro veces más posibilidades de rehacer su vida y no regresar a la cárcel. Y por vigilarla, el Estado invertirá cuatro veces menos dinero del que le destinaría si estuviera en prisión. A esas conclusiones se llega al comparar los datos del sistema carcelario con los del programa de tobilleras electrónicas.
¿En qué casos la prisión domiciliaria con vigilancia electrónica demostró ser una mejor alternativa al encarcelamiento?
Para entenderlo, primero hay que hacerse una idea de cuál es el problema: las cárceles de Argentina no logran preparar a las personas para la libertad sino más bien algo parecido a lo contrario. Cuando una persona cumple su condena se encuentra con pocas herramientas para rearmar su vida y, en cambio, con demasiado conocimiento del mundo del delito. Eso ocurre porque en prisión pasa sus días en condiciones de hacinamiento, no hay un aprovechamiento del tiempo, la alimentación es mala y la violencia y el maltrato están naturalizados.
Algunos números pueden explicar la gravedad del problema: la mayoría de las personas que están encarceladas cometieron delitos con penas que pueden ser consideradas bajas (robos, tentativas de robos y comercialización de drogas) y salen en libertad a los tres años. Si seguimos el comportamiento de las últimas dos décadas, el 70 % de las 100 mil personas que están presas hoy saldrá en libertad a más tardar durante 2024. Y muchas de ellas, alrededor del 30 %, volverán a delinquir y regresarán a prisión. Así viene ocurriendo durante años. Así se explica, en parte, cómo pasamos de 37 mil presos en el año 2000 a los 100 mil de hoy.
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“La cárcel es más criminógena que reductora de delitos. Esto tiene muchísimas causas, pero la principal es que no resocializa ni rehabilita. En la Argentina, 20 mil personas por año abandonan las cárceles porque cumplen sus condenas. La mayoría va a encontrar enormes dificultades para conseguir trabajo. Por lo tanto, muchos de ellos terminan vinculados con el delito”, explica Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericano sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Bergman es una de las personas que más investigó el comportamiento del delito en el país y América Latina, y después de analizar estadísticas llegó a la conclusión de que a los períodos de mayor encarcelamiento les sigue un aumento de los delitos , justamente, por esa idea de que la cárcel es más criminógena.
En este contexto, el arresto domiciliario con tobillera electrónica es una opción que los jueces empiezan a considerar como una forma más eficiente y apropiada(no en todos los casos, claro) para que algunas personas cumplan su condena. Pero, ¿quiénes pueden acceder y en qué circunstancias? La ley dice que pueden acceder las personas enfermas que no tienen manera de recibir un tratamiento adecuado en la cárcel y los internos que tienen una enfermedad incurable y están en el período terminal, las personas que tienen alguna discapacidad y en la cárcel reciben un trato indigno, inhumano o cruel, las personas mayores de 70 años, las mujeres embarazadas y las madres de niños de menos de cinco años o de una persona con discapacidad que esté a su cargo.
En general, quienes consiguen esta moderación de la pena son las personas que cometieron delitos menos violentos, como venta, tenencia, comercialización o tráfico de drogas. O robos o intentos de robos. “En los delitos no violentos tenés una mejor situación para aplicar una morigeración de la prisión”, explica la jueza Jimena Monsalve, a cargo del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N.° 5.
La ley no habla de habilitar esta opción en determinados delitos sino en aquellas situaciones en las que estar en una cárcel causan mayor lesividad. “Porque la pena no debe generar mayor lesividad o más mortificaciones más allá de privarlo de la libertad. Además, esa pena no puede trascender a sus hijos. Por eso, si esos chicos no tienen quién los cuide, quién los lleve al colegio o no tienen qué comer, no podemos dejarlos a la buena de Dios”, continúa la jueza.
Monsalve, que preside la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal, aclara que, lógicamente, antes de incluir a una persona dentro de este programa se pide un informe médico, psicológico y social. A lo que se le suma un reporte técnico que certifica que el lugar tiene las condiciones para que funcione la tobillera electrónica, principalmente que haya señal de celular y energía eléctrica.
En la práctica y de acuerdo a la composición de la población carcelaria, el grupo más accedió al Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, creado en 2015, son las mujeres y el colectivo LGBT. Eso es lo que marca la estadística histórica y la actual. Ahora, por ejemplo, hay 1.203 personas con arresto domiciliario y vigiladas con tobilleras y por GPS. De ese total, el 57 % son varones, el 43 % mujeres y el 0,5 % (5 personas) del colectivo LGBT.
Como dijimos antes, la cantidad de mujeres dentro del programa es altísima si se tiene en cuenta que hoy en las cárceles federales, donde rige este programa, las mujeres son el 5 % de las 11.465 personas presas. De hecho, esta alternativa es la principal razón por la cual bajó la cantidad de mujeres encarceladas (en 2015 eran el 7 %). Y lo que claramente significa una mejora es que mientras en 2015 en prisión había 12 mujeres embarazadas y 36 mujeres con niños conviviendo en sus celdas se pasó, en la actualidad, a 2 embarazadas y 2 madres con sus hijos, según datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Servicio Penitenciario Federal.
Una gran mayoría de esas mujeres son pobres, con estudios primarios o secundarios incompletos, sin un oficio y con hijos. También la mayoría fue encarcelada por pasar droga por la frontera o dedicarse al narcomenudeo, de acuerdo a los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales.
¿Qué evidencia hay de que efectivamente para estos grupos este sistema sea una mejor alternativa a la prisión?
Desde su lanzamiento, el arresto domiciliario con vigilancia electrónica fue ampliando su alcance año a año. Pasó de 38 dispositivos activos en el primer año (2015) a 710 a los tres años (2018) hasta llegar al máximo de 1.203 en la actualidad.
Y lo que resulta muy importante es que mientras creció el número de personas incluidas, el programa logró que la inmensa mayoría de las personas no volvieran a cometer un delito ni les revocaran el beneficio por algún incumplimiento.
“A noviembre de 2020, se registra una tasa de reingresos a las cárceles del Servicio Penitenciario Federal del 7 %. Los resultados demuestran que la utilización de esta medida alternativa a la prisión y el acompañamiento en pos de la integración social reducen los índices de reingreso a prisión”, detalla Mariel Viladrich, que está al frente de la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica. Ella lidera el programa desde 2016 y lleva 12 años trabajando en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Una tasa de reingresos del 7 % significa realmente una mejora, ya que del total de presos de las cárceles federales, el 28 % son reincidentes o reiterantes.
Además, la jueza Monsalve agrega que “la evidencia demuestra que hay una altísima tasa de cumplimiento del arresto domiciliario”. De las 2.526 personas que pasaron por el programa, el 4,7 % registró algún tipo de incumplimiento. “Eso no necesariamente en todos los casos indica la comisión de un delito ni una fuga. A veces, se encuentra relacionada con conflictos familiares o convivenciales, a veces por cuestiones de salud que lo llevan a salir de su casa”, explica Viladrich.
¿Cómo es la vigilancia y cuál es el costo para el Estado?
Existen dos tipos de monitoreo a distancia con tobillera electrónica. El más restrictivo es el que emite una alerta en caso de que la persona se aleje de su casa salvo que antes haya conseguido un permiso especial del juez para ir al médico o hacer algún trámite en ese horario específico. El otro sistema permite cargar ciertos movimientos rutinarios a determinados lugares. Eso les permite, por ejemplo, acompañar a un chico a la escuela e ir a buscarlo, asistir a algún taller o clase, realizar un tratamiento médico periódico o alguna otra actividad.
Todos los movimientos son monitoreados desde una central que está ubicada muy cerca de Costanera Sur, en la Ciudad de Buenos Aires, y opera las 24 horas. Si la persona con arresto domiciliario hace un movimiento no autorizado o rompe la tobillera, se llama inmediatamente al domicilio o el celular de esa persona. Si no contesta o no se constata un error del sistema, se inicia un protocolo que comienza con un aviso al juez de la causa y, de ser necesario, a las fuerzas de seguridad.
“El costo del servicio es de $ 29.400 por mes por persona dentro del programa”, detalla Viladrich y agrega que “hay una reducción considerable de los costos para el Estado en relación al alojamiento en una cárcel”. En el mismo sentido se pronuncia la jueza Monsalve: “El costo que implica sostener una prisión domiciliaria representa aproximadamente el 20 % del costo de mantener una persona en una cárcel”.
Si analizamos el presupuesto para este año del Servicio Penitenciario Federal y tomamos solo lo destinado a Seguridad y Rehabilitación del Interno, la inversión que hace el Estado por interno es de $ 131.000 mensuales, es decir, 4,4 veces más que la vigilancia electrónica domiciliaria.
Los desafíos son asegurar un acompañamiento y explicar mejor el sistema
El funcionamiento del programa está lejos de ser perfecto. De hecho, tiene una gran debilidad: no tiene una reglamentación que le exija al Estado un acompañamiento psicológico y formativo que prepare a las personas para la libertad.
“La gestión de políticas sociocomunitarias que acompañen los arrestos domiciliarios siempre resulta un gran desafío. Hemos logrado avances entre todos los organismos que trabajamos en esta temática, pero hay muchos aspectos a mejorar”, considera Viladrich.
Ocurre que no todas las personas que deberían acceder a este programa lo hacen o lo transitan de la mejor manera porque no tienen asegurada la comida, la educación o el acceso a salud. De hecho, no está dispuesto por ley sino que queda a criterio del juez cómo logra articular esa asistencia.
“Obtener el arresto domiciliario no es suficiente si no contempla políticas públicas que acompañen esas vidas, que mitiguen las necesidades económicas, que son muchas. Porque quienes pasan por una cárcel mayoritariamente son pobres y el arresto domiciliario tendría que ofrecer la posibilidad de salir a trabajar, de estudiar, de fortalecer sus redes afectivas y territoriales, de poder llevar sus hijos e hijas a la escuela y al médico sin la odisea de la burocracia judicial”, remarca Liliana Cabrera, integrante de YoNoFui, un colectivo integrado por mujeres cis, lesbianas, bisexuales, personas trans y no binaries que dicta talleres de artes y oficios dentro de cárceles federales y provinciales y, también, fuera de las cárceles, donde además funciona como cooperativa de trabajo. YoNoFui, justamente, acaba de publicar junto al CELS un libro digital sobre el tema: Castigo a domicilio. La vida de las mujeres presas en sus casas.
El otro gran desafío es el de la opinión pública. Muchos argentinos tienen una mala consideración sobre los arrestos domiciliarios y creen que se transitan con pocos controles. “La opinión pública es poco favorable a la implementación de estas medidas. No se las suele entender como lo que efectivamente son: penas que se cumplen de un modo diferente al encarcelamiento”, explica Viladrich.
Es cierto que la información respecto de las mejoras que ofrece el sistema en ciertos casos no está al alcance de los ciudadanos. “Cuando el ciudadano acceda a esa información, la opinión pública va a cambiar”, pronostica la jueza Monsalve y expone que la sociedad debe recordar que estas alternativas a la prisión “fueron aprobadas por ley, discutidas por los legisladores” y que “los jueces debemos aplicar las leyes con todos los alcances constitucionales que ellas exigen”.
¿El sistema puede seguir extendiéndose?
Después de haber implementado el sistema de vigilancia electrónica dentro del sistema penitenciario federal, es decir, con personas presas por delitos federales o con condenas de juzgados nacionales, el programa empezó a ser llevado a las cárceles provinciales.
De hecho, la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica firmó convenios con casi todas las provincias (solo faltan detalles para acordar con San Luis) para distribuir equipos de monitoreos para personas con arrestos domiciliarios, por lo que el plan ya está en expansión. Los primeros acuerdos se firmaron en 2016 y ya se enviaron 3.127 dispositivos.
“Pensamos que hay que profundizar todas las medidas que atenúen los efectos dañinos de la prisión, sobre todo en aquellos casos en los que la cárcel produce más daño que el delito mismo, como por ejemplo en muchos casos de delitos vinculados a la ley de droga”, opina Ariel Cejas Moliare, procurador adjunto de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Sugiere además que una manera de optimizar los recursos que tiene el estado es limitar el uso de la tobillera electrónica solo a los casos en los que realmente amerite, de forma tal que el aprovechamiento de esa vigilancia electrónica esté orientada a personas sobre las que exista alguna duda respecto al cumplimiento de la prisión domiciliaria.
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La oportunidad de estar presa en su casa
“Una vez llamé a casa y mis hijos me contaron que la noche anterior no habían comido porque se habían quedado sin gas en la garrafa y no tenían plata para cambiarla. No pudieron cocinar los fideos que tenían”, cuenta Fernanda, la mujer con la que empezamos hablando en esta nota. “Sabés qué feo, qué desesperante que era eso para mí. Yo estaba en la cárcel y no podía hacer nada por ellos”. El panorama, sigue Fernanda, ahora es algo distinto: “Me puedo quedar sin un mango, pero no tardo ni cinco minutos en mandar a cambiar la garrafa. Será poco lo que gano, pero con lo que cocino y la ropa que coso a mis hijos no les falta para comer. Ya vendrán tiempos mejores porque yo quiero ser enfermera”.
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Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones para América Latina, una alianza entre INFOBAE y RED/ACCIÓN, y fue publicada originalmente el 21 de mayo de 2021.
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