El municipio mendocino de Godoy Cruz —donde viven 204.000 habitantes—, comenzó en 2008 con el Programa de Educación Ambiental que trabaja la temática desde varias perspectivas: las escuelas, las organizaciones barriales o de la sociedad civil, la gestión administrativa y el diseño de políticas municipales y la situación sociolaboral de 39 personas que son recolectores urbanos de residuos secos, entre otras.
Además, junto a otros cinco municipios argentinos, presentó un plan en el cual se comprometieron a reducir en un 35% las emisiones de dióxido de carbono, al 2030. “Del 2015 al 2019 logramos disminuir un 20% las emisiones per cápita, mientras que a escala global para el mismo período se redujo un 15%”. La que explica la política ambiental de Godoy Cruz es Yamel Jainen Ases, directora de Ambiente y Energía del municipio.
Mientras tanto, docentes de todo el país se forman en educación ambiental con distintas miradas —por ejemplo, en sindicatos como CTERA—, que luego aplican en sus colegios. Y la organización EcoHouse ya formó a más de 50.000 estudiantes.
Así, la educación ambiental se presenta como una de las herramientas necesarias para promover una acción consciente y una participación colectiva ante la crisis climática y ecológica de este tiempo. De hecho, recientemente ha sido tema en la agenda política argentina con el propósito de darle un marco legal como estrategia nacional.
En septiembre pasado, el presidente argentino Alberto Fernández expresó la necesidad de una Ley de Educación Ambiental: “Porque eso significa poner en la cabeza de cada uno de nuestros niños y adolescentes por qué tiene sentido esta pelea”.
Su impulso se materializó el 31 de octubre, cuando los ministros de Educación, Nicolás Trotta, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, enviaron al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Educación Ambiental. El presidente acompañó la presentación asegurando que la consolidación de un marco legal integral para la educación ambiental es una deuda pendiente en el país.
Los comentarios críticos no tardaron en llegar respecto de que la educación ambiental se limite a las nuevas generaciones o a la ciudadanía, y no incluya a los funcionarios. Pero para ello, hoy se aprobó la Ley Yolanda. Su objetivo principal es, precisamente, garantizar la formación integral en ambiente a todas las personas que se desempeñen en la función pública.
En ese sentido, a través de una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 sobre educación de calidad, Naciones Unidas impulsa a los países para que, de aquí a 2030, aseguren que todos los y las alumnas adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible.
Más allá de casos aislados, como el de Godoy Cruz, hoy estamos a la espera de la votación de la Ley Yolanda y en vísperas de una Ley de Educación Ambiental, dos normas que buscan poner bajo una mirada nacional y consensuada todos los esfuerzos que vienen desarrollando desde hace años municipios, escuelas y organizaciones de la sociedad civil.
Qué dice el proyecto enviado por el Ejecutivo
En términos generales, el propósito general del proyecto de ley de presupuestos mínimos para la implementación de la educación ambiental, propuesto por el Poder Ejecutivo, es promocionar la concientización y responsabilidad ambiental de los ciudadanos en todo el territorio nacional.
Esta semana el proyecto fue aprobado en las comisiones de Educación y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en Diputados, para su próxima votación en el recinto. “El tema ambiental es un asunto educativo y constituye un imperativo de esta época.”, expresó el ministro de Educación, Trotta.
La iniciativa concibe a la educación ambiental como un proceso continuo que promueve la sostenibilidad como proyecto social, para respetar y valorar la biodiversidad, reconocer la diversidad cultural, fomentar la participación y formación ciudadana y abordar las problemáticas ambientales, entre otras acciones.
Su aprobación permitiría implementar la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA), que “fue creada en 2018 y, en una responsabilidad compartida con el ministerio de Educación, busca empujar un alcance de la educación ambiental tripartito y transversal”, explica María Cristina Ruiz del Ferrier, subsecretaria interjurisdiccional e interinstitucional del ministerio de Ambiente.
La ley no se limitará en su implementación a las escuelas, sino que abarcará la educación en los ámbitos formales, no formales e informales. María Aguilar, coordinadora general del departamento de Educación Socioambiental e Investigación y Política Socioambiental de EcoHouse, explica estas tres áreas: “El ámbito formal son las escuelas, el ámbito informal abarca los medios de comunicación y la familia, el no formal a aquellas instituciones que no tienen un objetivo educativo explícito como un club o una organización como la nuestra”.
Para la joven representante de la organización no gubernamental que ya educó a más de 50.000 alumnos en 200 escuelas, la ley es de vital importancia: “La educación en general es la herramienta más poderosa para generar cambios en lo social y lo ambiental, con impacto positivo, en el tiempo y en profundidad”.
Cómo se llevará a la práctica la educación ambiental en las currículas de escuelas, qué rol tendrán los medios de comunicación, o cómo incluso lo implementarán universidades públicas y privadas es algo que se trabajará en detalle con los distintos actores pertinentes una vez aprobada la ley.
La educación ambiental desde quienes la enseñan
Graciela Mandolini es integrante del Equipo de Educación Ambiental de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) y de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). Y desde CTERA, precisamente, coordina el Curso sobre Educación Ambiental que dicta el sindicato en convenio con el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) y del que participan unos 2.000 docentes de todo el país.
Para ella, el proyecto de Ley de Educación Ambiental “es una síntesis de las miradas que se venían construyendo, que marca el piso de lo que debe ser la educación ambiental. A partir de ahí hay que pensar estrategias para sumar a otros actores sociales. En ese sentido me parece rico que esté prevista la participación de distintos representantes en los niveles nacionales, provinciales y municipales”.
Hay que tener en cuenta, sigue Graciela, “que los conflictos ambientales se nos caen encima. Sin ir lejos, en las provincias vemos conflictos con el modelo productivo hegemónico. En ese sentido, el proyecto da lugar a voces de pueblos originarios, de universidades, de otras organizaciones sociales o no gubernamentales que tienen mucho peso en la emergencia sanitaria, energética. Y esto es importante porque cuanto mayor representatividad de sectores sociales haya en la conversación, más posibilidades de que las propuestas de solución se puedan sostener”.
Ahora, aclara Graciela, “es importante marcar que desde nuestra perspectiva la educación ambiental implica un cambio de paradigma. Nosotros trabajamos desde el Pensamiento Ambiental Latinoamericano y eso significa ver al ambiente de una manera integral. Digo esto porque en la educación formal tendemos a descuartizar el pensamiento —separarlo en materias— en vez de ver al ambiente como una totalidad, una integralidad conformada por su historia, su geografía, su economía, etc.”.
En la misma línea de pensamiento, Mónica Tissone, vicepresidenta de Educadores Ambientales en Red y directora del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) 186, de Santa Teresita, partido bonaerense de la Costa, subraya que “la educación ambiental busca que el sujeto se involucre en el conocimiento y la solución, sin imponérselo. Los chicos son los que piden ir al Museo de Ciencias Naturales, por ejemplo”.
Costa agrega: “Eso hace de la educación ambiental un modelo disruptivo de educación, que posibilita recuperar el poder comunitario o de los sujetos como individuos que descubren que ese empoderamiento les permite generar herramientas para entender que el sentido de la vida lo tienen ellos, que solo lo tienen que descubrir”.
Cómo trabaja el municipio de Godoy Cruz
Como ya adelantamos, Godoy Cruz trabaja desde distintos lugares en la detección de los problemas ambientales, en generar conversaciones que permitan encontrar soluciones y en implementar acciones concretas que mitiguen la crisis ambiental de ese territorio.
En los secundarios hicieron análisis de eficiencia energética de los establecimientos y pusieron termotanques solares en 10 colegios —de un total de 60 entre públicos y privados—. También pusieron termotanques solares en jardines maternales, polideportivos y otras dependencias municipales, construyeron huertas en los colegios e instaron a hacerlas en las casas.
Mientras que en la ciudad, en 2013, empezaron a colocar contenedores para reciclar y, como estrategia política de sensibilización, generaron conversaciones en clubes, organizaciones de la sociedad civil y comedores sobre la importancia de separar los residuos y el cuidado del agua —no contaminar las acequias, que son indispensables para la zona, tirando residuos plásticos, por ejemplo—.
“Nuestro objetivo era que adultos, jóvenes, niños y niñas que participaban de las charlas se transformaran en divulgadores. Y en algunos barrios lo logramos, esas personas luego visitaron a los vecinos y les contaron, por ejemplo, sobre la separación de residuos que implementamos en pandemia”, detalla Jainen Ases, de Ambiente y Energía del municipio.
Tras lo peor de la pandemia, en qué estado se encuentra la gestión de los reciclables
Trabajar con los residuos implicó “acompañar a las 39 familias de recuperadores urbanos que usaban carros tirados por caballos para juntarlos. Ellos entregaron a los animales —que fueron a lugares para animales protegidos— y la municipalidad los tomó en parte de pago de una motocarga, que es su actual herramienta de trabajo”, cuenta Jainen Ases.
Ellos recolectan desechos de los puntos verdes y trabajan en dos plantas de clasificación. “El municipio les garantiza la ropa apropiada, la desinfección de los residuos y les paga un seguro de trabajo. El objetivo es capacitarlos y asesorarlos, para que se conformen como cooperativa. De hecho, ya hay una cooperativa, Los Triunfadores, que también recibe residuos secos”, explica la funcionaria. Y acota: “Para nosotros, la política ambiental incluye generar un desarrollo sostenible local, que contemple aspectos sociales, económicos y ambientales”.
También en 2013 el municipio comenzó a hacer inventario de emisión de gases de efecto invernadero. Según el municipio, las emisiones provienen de los residuos, el transporte y el consumo de gas y electricidad. “Con ese diagnóstico empezamos a trabajar para disminuir esas emisiones”, sostiene la directora.
Con ese eje de trabajo, en 2018 presentaron el primer plan local de acción climática y se unieron al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía —que reúne a 10.000 intendentes del mundo—. Y con el que lograron importantes reducciones en la emisión de gases, como ya contamos.
¿Proyectos a futuro? Godoy Cruz prevé, en 2021 o 2022, comenzar con el compostaje, que hoy solo están haciendo con los residuos de jardín.
Si bien el proyecto ambiental del municipio mendocino no es 100% replicable, porque en ambiente las soluciones son locales, sí puede ser inspirador de nuevas ideas en otros partidos.
Educar a los tomadores de decisión
“Muchas veces quienes tienen que tomar decisiones desconocen los temas sobre los que tienen que trabajar o están trabajando”, destaca Mónica Tissone para argumentar la relevancia de la ley hoy sancionó el Congreso: la Ley Yolanda.
Esta norma busca garantizar la formación integral en cambio climático, protección de la biodiversidad y los ecosistemas, eficiencia energética y energías renovables, economía circular, desarrollo sostenible, normativa ambiental vigente.
La ley conmemora en su nombre a Yolanda Ortíz, quien asumió como primera secretaria de Ambiente de Argentina, en 1973. Con la Ley Yolanda sancionada y a la espera de la Ley de Educación Ambiental, tanto Camila Crescimbeni, la diputada nacional que impulsó la Ley Yolanda, como Ruiz del Ferrier, del ministerio de Ambiente, coinciden que ambas normas supondrá un trabajo complementario y de articulación clave para estos tiempos.
Para Aguilar, la Ley Yolanda será una herramienta fundamental para la sociedad civil para exigir el cuidado del ambiente: “Con esta ley, ningún funcionario podrá decir que no sabe”.
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