Con ocho meses de embarazo, en 2009, María Ángeles Hualpa se encontró sin un hogar. Ella, que en ese momento tenía 20 años, tuvo problemas con su pareja y decidió irse de la casa que alquilaban en la villa 1-11-14, ubicada en el Bajo Flores. “Yo no tenía trabajo, no podía pagar un alquiler y no quería ser una carga para mi mamá. Necesitaba un lugar propio”, cuenta Hualpa.
En ese entonces la mamá de Hualpa alquilaba por Longchamps y se esparció la noticia de que en la zona se estaban tomando unos terrenos que estaban vacíos. “Me acerqué, anotaron mi nombre y me sume al famoso 'aguante', que era estar parados en los terrenos, ocupando el lugar. Ya hace 11 años que vivo acá, en el barrio 14 de Febrero”, relata la joven, que hoy tiene 31 años.
La toma de tierras, que ahora está en el centro de la agenda pública, no es una práctica novedosa. “Es el síntoma de un problema más amplio y estructural que tiene que ver con la incapacidad de los sectores populares a acceder a una vivienda adecuada, bien localizada y con acceso a servicios públicos”, dice Rosario Fassina, socióloga y coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
En el país hay unos 4.416 barrios populares. Según un relevamiento de TECHO, realizado en 2016, el 74,7% de los barrios populares surgieron por una ocupación de tipo hormiga, es decir que fueron llegando familias de a poco de manera espontánea. Solo el 14,3% son tomas colectivas, con cierto grado de planificación o de organización. Un 5,5% de los barrios populares se conformaron con intervención del Estado en el loteo, pero luego no se garantizó la seguridad jurídica a través de la entrega de títulos de propiedad ni provisión de los servicios básicos esenciales a sus ocupantes. Por último, el otro 5,5% son variedades de “otros”, entre los que se mencionan loteos fraudulentos impulsados por privados (personas, empresas, inmobiliarias).
Barrios populares: cómo se organizan, administran la ayuda y qué necesitan con más urgencia
“Desde TECHO entendemos que detrás de las tomas hay una situación que pone en manifiesto el conflicto entre derechos que están en pugna: el derecho a la propiedad y el de acceso a una vivienda digna. De todas formas, lo que debe tenerse en consideración es que cada persona debería tener un lugar donde vivir”, comenta Gabriela Arrastua, directora del Centro de Investigación de TECHO.
El barrio 14 de Febrero surgió de una toma de 500 familias con necesidades habitacionales. El aguante duró alrededor de dos meses, luego se comenzaron a lotear las 25 manzanas. “El terreno ocupado era un descampado, con arbustos y yuyos. Me acuerdo que embarazada de 8 meses me camuflaba entre las plantas cuando se acercaba Infantería a amedrentar. Los vecinos de la zona no se opusieron a la toma porque en estos terrenos se solían quemar coches robados. Incluso, se acercaban para conseguir un lote para sus hijos. Se supone que las tierras tenían un dueño, que nunca se presentó”, dice Hualpa.
Durante muchas noches, Hualpa no durmió por miedo a que fueran a reprimir. Dice: “Nadie tiene ganas de que vengan a amenazarlo con un arma o le prendan fuego una carpa de nylon. Nadie quiere estar con sus hijos aguantando al sol o con la lluvia en un lugar descampado. Pero, cuando la necesidad es tan fuerte, no queda otra que exponerse a esa situación”.
Hualpa empezó viviendo en una carpa de nylon con palos, que buscó en el monte. Un año después, llegó TECHO al barrio para dar respuesta a ciertas necesidades. “Hice con ellos una casilla. En 2014 se deterioró con una tormenta y empecé a armar una casita de material. Ahora tengo una piecita para vivir con mi hija”, cuenta.
El único servicio que tiene el barrio 14 de Febrero es la luz. En 2014, se incendió una casa y por eso el municipio se acercó a censar. Luego, se instalaron los medidores.
Los ingresos de Hualpa provienen de un plan social y ella trabaja en una cooperativa del barrio, donde hacen veredas, mejoramiento de la plaza y limpian los campos de alrededor del barrio. También es educadora popular de aquellos niños que no encuentran vacantes en los jardines. “Cuando aparecen movimientos raros en el barrio nos organizamos con los vecinos para que no se metan cosas malas. Queremos un barrio tranquilo”, expresa.
Según Arrastua, no hay que romantizar los procesos de toma. “Es cierto que hay excepciones de personas que toman para vender terrenos, pero no hay que perder el foco de que son familias que no pueden resolver su situación habitacional. Incluso, cuando alguien los vende, esas tierras son compradas por personas que no accedieron al mercado formal y que van a tener un boleto de compraventa que no les va a servir para regularizar su situación. Lo hacen porque no les quedó otra”, expresa. Y agrega: “No hay que perder el foco de que estamos ante un Estado y un mercado que expulsa gente que no tiene donde vivir. El punto es que en las tomas hay familias que viven en viviendas precarias, ranchos o carpas, con chicos o personas mayores. Sin baño, sin acceso a agua o luz. Eso nos debería movilizar como sociedad para que esto no siga pasando. No es justo que familias tengan que tomar un terreno porque no pueden acceder de manera formal a una vivienda”.
“Cuando llegamos a estas tierras se habían convertido en un basural”
Hace 12 años comenzó a formarse el Barrio Obrero “A” en Cipolletti, Río Negro, a partir de una toma que involucró a 70 familias. Lila Calderón fue de una de las personas que estuvo allí, porque al separarse del padre de sus hijos no tenía a donde ir.
“En el Barrio Obrero 'A' hoy somos 462 familias y para poder vivir acá pasamos por todos los procesos: intentos de desalojo, estigmatización y violencia. A todo resistimos poniéndole el cuerpo. Cuando llegamos a estas tierras tenían 40 años de abandono y se habían convertido en un basural”, recuerda Calderón, que tiene 49 años.
Según TECHO, 7 de cada 10 asentamientos informales tienen a menos de 10 metros un factor de riesgo como una ribera de arroyo, un camino de alto tráfico, un basural o una torre de alta tensión. “Los barrios populares suelen estar en tierras que no son habitables, que tienen riesgo ambiental, que no son productivas o que no son valoradas por nadie. Tierras que no se sabe quién es el dueño o no representan un interés. El caso del Villa 31 en medio de Retiro no es lo común”, dice Arrastua.
Según publicó la antropóloga e investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento María Cristina Cravino, las tomas de tierra son una válvula de escape al problema del acceso al suelo y a la vivienda. Estas tolerancias son en la práctica reguladas: cuando suceden oleadas (de hecho, las hay más o menos cada una década o más seguido aún) surge la necesidad de impedir que se active un “efecto contagio”. Otra forma de regulación es que no son toleradas cuando alteran el orden urbano: si se dan en un lugar de buena localización son desalojadas, pero si se dan en un lugar poco visible tienden a ser consentidas.
El Barrio Obrero “A” pasó por tres intentos de desalojo y no se pudieron llevar a cabo por la resistencia de los vecinos. Ellos mismos fueron juntando plata para comprar cables, madera y para contratar una máquina que hiciera caminos. El barrio se fue formando a partir de una cooperativa de vecinos.
“Cuando el barrio, por toma espontánea o colectiva, logra la organización, es más difícil que se consiga el desalojo porque las personas adquieren capacidades de negociación. El barrio empieza a formarse cuando las familias encuentran alternativas para el acceso a servicios básicos, cuando vemos calles abiertas y cuando la comunidad se va a organizando”, dice Arrastua, de TECHO.
Después de 12 años, el Barrio Obrero “A”, que consta de 20 hectáreas, todavía no cuenta con servicios básicos. Recientemente, el Municipio logró inscribir a su nombre las tierras y ya se hizo un censo para entregar una constancia de ocupación. De esta forma se consolida la regularización dominial del barrio.
La necesidad de políticas públicas ante un fenómeno que crece
Yamila es una de las vecinas que participa de la toma de tierras en Guernica, en Presidente Perón. Tiene 25 años y es trabajadora social. Ella trabajaba en el área de gastronomía y por la pandemia se quedó sin empleo. Los primeros meses pudo pagar el alquiler con algunos ahorros, pero luego el dinero se agotó y las cuentas sin pagar se acumularon. Finalmente, terminó sin lugar donde vivir.
La toma de esas 100 hectáreas comenzó el 20 de julio y allí se instalaron 2.500 familias. “Era un espacio vacío y abandonado. No tenía ningún cerco. Unos supuestos dueños mandaron patotas para golpear a la gente. Incluso un vecino fue baleado. Digo supuestos, porque ninguno presentó un papel que acredité la propiedad”, comenta Yamila. El martes 8 de septiembre, la Justicia ordenó el desalojo (luego fechado para el 23 de septiembre), pero los vecinos organizados en asamblea dicen que van a luchar para tener un lugar donde vivir.
La crisis provocada por la pandemia hizo que aumentaran las tomas y el tamaño de los barrios populares, porque muchas familias que estaban alquilando no pudieron seguir cubriendo los gastos (y debieron abandonar los lugares donde vivían pese al decreto presidencial que prohíbe los desalojos hasta el 30 de septiembre). “Cuando esto pasa, tienen que buscar un lugar donde vivir en el mercado informal, que es el único que las recibe”, comenta Arrastua, la referente de TECHO.
El diputado nacional por el Frente de Todos Federico Fagioli vive en el Barrio Pueblo Unido, un asentamiento ubicado en el municipio de Almirante Brown, que se formó en 2014 cuando 115 familias ocuparon el predio. “Ningún privado pudo acreditar la tenencia de las tierras. Una inmobiliaria fue a la Justicia siete veces para desalojarnos, pero se le negó el pedido de desalojo porque no son los dueños. Lo que venía haciendo era pagar algunos impuestos de las tierras, para después quedárselas y venderlas en el mercado inmobiliario”, cuenta Fagioli.
Desde el primer día en el que las familias llegaron al Bario Pueblo Unido, empezaron a armar las casas: pasaron del nylon al machimbre y, luego, algunos pudieron ir poniendo ladrillos. “No podíamos especular si hacer o no la casa por si nos desalojaban, porque era una necesidad. Cuando logramos estar en Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y vernos reconocidos en la Ley de Hábitat de la Provincia de Buenos Aires fue un paso importantísimo para nosotros”, dice Fagioli.
El diputado del Frente de Todos señala que no se piensa ir de su barrio, y menos por su cargo político. Señala: “Mi casa la hice con mis propias manos. Acá nació mi hijo, están mis amigos y los vecinos con los que construí el barrio. Cuando esté la posibilidad de pagar por esos terrenos, los pagaré. No queremos que nos regalen nada. Pero no las puedo pagar en efectivo o en dólares como piden las inmobiliarias. Las voy a pagar en cuotas según mi capacidad adquisitiva”.
Para Fagioli es muy importante dejar de patear hacia adelante el problema habitacional y analizar las propuestas para implementar soluciones. Dice: “Nadie hace una toma de tierras si no tiene una necesidad extrema. Si el Estado ofreciera lotes con servicios, las familias estarían dispuestas a pagarlos de acuerdo con sus posibilidades. Hoy, el Estado está en condiciones de generar 400.000 lotes con servicios y creemos que, con un millón, se podría solucionar el problema habitacional. Otra clave es urbanizar los barrios populares. La gente no puede seguir viviendo en esas condiciones. Por último, hay que terminar las 80.000 viviendas sociales que están interrumpidas”.
En relación a las políticas que se deberían implementar, Fassina, de ACIJ, marca que Argentina tiene una regulación bajísima del uso del suelo con fines de inclusión socio-urbana. “Solo el 20% de los municipios introdujo algún instrumento que busque regular de alguna manera un acceso más inclusivo al suelo urbano. No tener un marco que contrarreste los efectos de mercado hace que el modelo se vuelva más difícil y sea expulsivo”, opina.
Por otro lado, Fagioli señala que el problema habitacional también debería preocupar a la clase media. Reflexiona: “¿Qué va a pasar con los inquilinos que no van a poder pagar los alquileres? ¿Por qué no tienen la posibilidad de ir pagando una casa? Así, terminan viviendo siempre enredados en la especulación del negocio inmobiliario. Hay que resolver el problema del déficit habitacional para la sociedad en su conjunto, no solo para los pobres. No puede haber una persona con 20 departamentos y una que alquile, y menos una que no tenga donde vivir”.
***
