La irregularidad para las mujeres emprendedoras venezolanas implica que sus negocios no puedan crecer por falta de acceso a servicios bancarios como créditos.
La migración es como tejer: dos corchetes unen la lana y con cada puntada se construye un tejido. De la misma forma, Ida Sandrea, 53 años, decidió hace dos años urdir la trama entre sus raíces venezolanas con las de Ecuador, su nuevo hogar. Ella y su hija Andrea Estrella subieron a un camión lleno de bananos que iba de Maracaibo a Maicao, ciudad fronteriza colombiana, y llegaron al Ecuador cruzando un paso irregular y peligroso.
Son dos de los más de 440 mil venezolanos que llegaron a ese país en los últimos años, cifra que convirtió a Ecuador en el cuarto receptor de migrantes de aquel país.
Durante un tiempo, Sandrea recibió bolsas de comida por parte del Gobierno de Venezuela y de organizaciones de ayuda humanitaria. Hasta que se cansó. “Soñaba con volver a producir, tener mi dinero e ir al supermercado y escoger lo que quería comprar, que nadie me impusiera lo que debía comer”, dice, sentada en una grada. Era, además, una especie de terapia para enfrentar el desplazamiento. “Descubrí que para sanar tenía que volver a trabajar en mi emprendimiento de tejido de ropa”, afirma. Así nació Ida Sandrea Crochet, su emprendimiento de costura.
Los pedidos comenzaron a llegar uno a uno. A veces una chambrita, un saco, un gorro, un top o lo que las personas requirieran. “Piezas tejidas a crochet que expresan tu personalidad”, promete Ida Sandrea en las cuentas de redes sociales que creó para promover su pequeño negocio.
Al mismo tiempo, empezó a tejer redes de integración comunitaria. Comenzó a dar clases de tejido en una de las casas comunales de Carapungo, un populoso barrio de Quito. Y se volvió una líder comunitaria enseñando a otras mujeres cómo monetizar los productos que vendían.
Un día, recibió un pedido para tejer 100 gorros en 10 días. “Sobrepasaba mi capacidad de producción, que era de 6 gorros por día, y decidí contactar a un grupo de mujeres con las que había compartido un curso de tejido para que me ayudaran”, recuerda. Así, Ida Sandrea formó Crocheteros Tricolores Sin Fronteras, una asociación de tejedoras venezolanas, colombianas y ecuatorianas.
Su emprendimiento se entorpeció porque Sandrea no está regularizada, lo que impide que su negocio crezca. Gana alrededor de 300 dólares mensuales. “A veces hago más, otras veces menos, porque todo depende de los pedidos, pero estoy en un punto en el que mi negocio no puede crecer más”, explica. Es una situación en la que están muchas personas venezolanas que han migrado al Ecuador.
Diego Andrade, director técnico del proyecto de inclusión económica Woccu-USAID explica que por la crisis económica que atraviesa Ecuador, es baja la baja posibilidad de que una persona encuentre un trabajo en condiciones adecuadas.
Para compensar esa situación, el programa que él dirige se enfoca en ayudar a las personas migrantes a desarrollar emprendimientos. Les da a sus dueños las habilidades necesarias para que sean sostenibles. “Eso incluye ayudarlos a reponerse emocionalmente”, dice Andrade. El programa, afirma, ha ayudado a cinco mil emprendedores. El 80 % no solo ha logrado sobrevivir, sino que ya tiene a dos o tres personas trabajando para ellos.
Muchos de estos emprendimientos hacen negocios entre sí, lo que dinamiza la economía, tal como Tejedoras Sin Fronteras y Nutri Coffee, una cafetería de Carapungo inaugurada por Lenis Sosa, una mujer venezolana de 30 años que vive en Ecuador desde hace cinco junto a su familia. Pero hay un problema. El local de Nutri Coffee tiene un horno, una refrigeradora y cinco mesas, sillas y una máquina para hacer café. Sin embargo, las persianas del negocio están cerradas. No hay clientes. Solo hace el servicio de catering, es decir, de comida para eventos.
Entre 2018 y mediados de 2019, el Ministerio de Trabajo ecuatoriano contabilizó 2.636 quejas por incumplimiento de las normas laborales y 3.399 empleadores fueron sancionados. Al ver esto, las cuatro socias de Nutri Coffee optaron por buscar otros trabajos y dejaron a cargo solamente a Lenis Sosa. Ahora, ella prepara los postres, gestiona los clientes y busca personas que estén interesadas en contratarla hasta que pueda regularizarse.
“En ocasiones hemos pensado que podemos trabajar a nombre de una compañera ecuatoriana, pero puede ser sancionada si descubren que nosotras no tenemos papeles y ven que trabajamos para ella”, dice Sosa. La única persona que la ayuda con la cafetería es Ida Sandrea, a quien conoció en la Casa Comunal de Carapungo, uno de los centros comunitarios de esa parroquia. Se hicieron buenas amigas, así que Sosa le propuso a Sandrea poner una pequeña vitrina en la cafetería para que vendiera sus tejidos.
Giovanni Bassu, representante para el Ecuador del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) explicó en una entrevista para GK que para Ecuador es una ventaja que las personas venezolanas que han migrado sean jóvenes porque son consideradas como fuerza laboral: el 45 % tiene entre 26 y 35 años y el 23 % tiene un título de educación superior.
Desde septiembre de 2022, las personas venezolanas que han migrado al Ecuador y no cuentan con un estatus migratorio regularizado tienen una nueva oportunidad de poner en regla sus papeles. Ese mes empezó el tercer proceso de regularización para migrantes. “Es uno de los mayores anhelos de miles de venezolanos: a través de esta regularización podrán acceder a la justicia, a un trabajo que les ofrezca los beneficios de ley, obtener préstamos, ingresar al sistema bancario u obtener un RUC en el Servicio de Rentas Internas”, explica Karina Ponce, de Mega Mujeres, una organización feminista.
El proceso, que sigue en marcha, está dividido en tres fases. En la primera —que abarca únicamente a las personas que entraron por migración, es decir que su estatus migratorio es legal— se preveía que se registraran alrededor de 324 mil personas provenientes del país caribeño, sin embargo, cifras de Cancillería mostraron que se registraron apenas 86.500 personas.
Pero Ida y su hija entraron al Ecuador por un paso clandestino —una trocha—. “Era época de pandemia y todas las fronteras estaban cerradas”, recuerda.
Al no ser una puerta de entrada regular, ninguna de las dos pudo acogerse al proceso de regularización. Tuvieron que esperar a la tercera fase que, según el cronograma de la Cancillería, comenzó el pasado 17 de febrero. Cuando concluya, estima ACNUR, en Ecuador se podrá regularizar a gran parte de las casi 500 mil personas que forman parte de la diáspora venezolana.
Ida Sandrea sabe que haber entrado a Ecuador por una trocha ha sido su mayor revés en el tejido de su vida. “Pero no había de otra, si usaba ese dinero para sacar los pasaportes, me hubiera quedado ahí, con un documento de viaje que no podría usar por falta de dinero”, explica. “Hice lo que tenía que hacer”, dice. “Allá escasean las oportunidades y abundan las amenazas”.
El rostro delgado y blanco de Sosa está surcado por las líneas de preocupación por la situación de su negocio. El servicio de catering le permite tener recursos para pagar el local y que ella tenga ingresos. “Pero sabemos que estamos perdiendo mucho dinero al no abrir todos los días”.
Aproximadamente ganaban alrededor de 50 dólares diarios. Sin embargo, como no tenía un RUC, el documento de identidad tributaria, que dijera que era una empresa que les pertenecía a las cuatro mujeres, el proyecto se ha detenido y deben trabajar de forma limitada hasta poder regularizarse.
Esas son, precisamente, las mayores dificultades que afrontan las personas migrantes con sus emprendimientos. “La falta de documentos y de acceso al sistema bancario y financiero”, dice Diego Andrade. Aunque las personas migrantes puedan conseguir un capital semilla para comenzar su negocio —como es el caso de Lenis Sosa y sus socias— “si no hay un sistema financiero o entidades que estén dispuestas a financiarlos, sus emprendimientos simplemente se van a estancar o reducir su velocidad de crecimiento”, dice el experto Andrade.
Este efecto ya lo siente Nutri Coffee. Al no estar regularizada su situación, las mujeres tampoco tienen una cuenta bancaria, lo que les dificulta cobrar. Las cuatro socias han decidido usar la cuenta de ahorros de una compañera ecuatoriana. “Pero eso a veces es un problema, porque dificulta hacer las cuentas del negocio, pero es la única forma que tenemos de funcionar”, dice Lenis Sosa.
Cristina Bastidas, experta en migraciones y docente de la Universidad Central, explica que es un problema que la población venezolana no tenga acceso al sistema bancario porque la obliga a realizar todas sus actividades con dinero en efectivo. Diego Andrade dice que en el país se han detectado casos de ciudadanos venezolanos que tienen que alquilar cuentas bancarias para poder cobrar sus sueldos.
Ida Sandrea busca entre sus amistades a alguien que le preste su cuenta bancaria para poder cobrarles a sus clientes. Lenis Sosa recalca que para ellas es fundamental sacar un RUC, porque todas las empresas con las que trabajan les piden factura y a veces no las pueden contratar porque las empresas no pueden justificar el costo del catering.
Explica que para ella tener un RUC va más allá de que las empresas la contraten: quiere sentir que aporta con su trabajo al país que le acogió y es el hogar de sus pequeños hijos, quienes merecen sentirse parte de la sociedad.
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Sosa entró en el proceso de regularización, porque ella ingresó a Ecuador por un paso regular. En septiembre hizo su registro y el de su familia, la verificación de datos en Migración. Ya obtuvo la Virte, la visa temporaria para venezolanos. Ahora está a la espera de sacar un turno en el Registro Civil para obtener su cédula.
“Si mi esposo y yo llegamos a completar el proceso y tener la visa, el negocio podría marchar; además, él dejaría de vender en las calles y podría ayudarme”, dice. Sin embargo, hasta que no tengan la cédula, esto no será posible. Aunque a ella le basta, por ahora, con tener la esperanza de que eso suceda.
En cambio, Ida dice que apenas tenga su cédula ecuatoriana hará un préstamo para expandir su negocio, sacará un RUC y pagará impuestos. Para ella es importante sentirse parte del tejido social ecuatoriano. “Quizá no sea mucho lo que puedo aportar, pero quiero hacer mi parte”, dice.
Punto a punto, Lenis Sosa e Ida Sandrea tejieron un lazo que les ha permitido ser como familia y ambas esperan que las puertas de Nutri Coffee puedan abrir y vender sus productos: Lenis Sosa, sus postres; Ida Sandrea, los adornos navideños que añora poner en su pequeño stand ubicado a la entrada de la cafetería.
Esta historia fue publicada originalmente en diciembre 2022 en el medio ecuatoriano GK, y es republicada dentro del Programa Red de Periodismo Humano, apoyado por el ICFJ, International Center for Journalists..
Liz Briceño Pazmiño (Ecuador, 1989). Es periodista, y ha cubierto temas de economía y consumo en la Unión Europea. Cubre temas de menores migrantes no acompañados y de desplazados en Ecuador.
