“/// FORMO AL SEÑOR JUEZ: que el pasado 3 de junio de 2020, siendo las 16.29 horas se recibió un correo electrónico en la casilla del juzgado mediante el cual la Fiscalía Nro 27 envío el dictamen oportunamente efectuado en el marco de las presentes actuaciones, en virtud del cual con fecha el 27 de Abril del corriente se dispuso el archivo del caso en términos del art. 199 inc. D del CPPCABA…”. Este es el inicio de un texto modelo que usa un juez de los fueros penal, penal juvenil, contravencional o de faltas de la Ciudad de Buenos Aires para notificar alguna decisión. Un texto que por su redacción es difícil de comprender.
“La Fiscalía n° 27 archivó el caso el 27 de abril de este año por falta de pruebas (artículo 199 inciso D del Código Procesal Penal CABA). El dictamen se remitió por correo electrónico el 3 de junio”. Este es el arranque del mismo mensaje, pero revisado con el propósito de usar un lenguaje más claro.
Esta revisión es parte del trabajo que desarrollan en conjunto el Laboratorio de Justicia Abierta e Innovación del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires (JusLab) y la Secretaría de Coordinación de Políticas Judiciales. Y se concretó en un evento inédito: un taller virtual en el cual más de 100 personas ―algunas del ámbito judicial y otras ajenas a ese micromundo― trabajaron en la reescritura de dos textos jurídicos, aportados para la actividad por dos jueces porteños.
Un cambio de paradigma
“El Consejo de la Magistratura tiene como política trabajar para acercar la Justicia a la ciudadanía y el lenguaje claro es fundamental”, cuenta Gisela Candarle, que está a cargo de la Secretaría de Políticas Judiciales.
Esta política fue impulsada tras la Encuesta de Acceso a la Justicia de 2015, llevada a cabo por el área de estadísticas del Consejo de la Magistratura. Esta encuesta concluyó que muchas personas no comprendían el lenguaje jurídico. “Desde 2017 trabajamos muy fuerte en un cambio de paradigma. La ciudadanía debería ser el eje de nuestras políticas públicas, en este caso las judiciales”, agrega.
En 2017, el equipo de Candarle comenzó a capacitarse para lograr un lenguaje claro y trabajó en la publicación de distintos textos revisados. Hasta ahora, se han publicado tres documentos: un glosario jurídico en lenguaje claro; otro para niños, niñas y adolescentes y una guía de acceso a la justicia que explica de forma inteligible para los no iniciados cómo son los procesos en la Ciudad de Buenos Aires. Se pueden descargar gratuitamente de la página oficial de Editorial Jusbaires. Actualmente, se está terminando una edición de la Constitución porteña (que en 2021 cumple 25 años) adaptada al lenguaje claro.
“El objetivo es que estos documentos se distribuyan en espacios donde la ciudadanía se acerque a hacer consultas y pueda llevarse un material de fácil comprensión para tomar decisiones sobre su propia vida, en caso de que tengan que intervenir en un proceso”, explica Candarle.
“La eliminación de barreras tiene que ver con generar confianza en el Poder Judicial. ¿Cómo vas a confiar en un poder cuyo contacto con vos es incomprensible?”, reflexiona Mariano Heller, secretario de Planificación del Consejo de la Magistratura de CABA y a cargo de JusLab, donde, según explica, “se trabaja en distintos ejes que permitan acercar los poderes judiciales a los ciudadanos y generar una justicia abierta”.
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Heller señala que este trabajo está anclado en la Ley de Lenguaje Claro (la N.° 6.367) sancionada por la Legislatura porteña: “Una de las cosas que dice esta ley es que hay que eliminar intermediarios. Obviamente, si una persona entiende lo que recibe sin recurrir a un abogado, se genera un acercamiento”.
“El abogado debe asesorar en la estrategia jurídica, pero no es un traductor. Una persona, para defender sus derechos, debe comprender”, aporta Candarle. Y acota: “Que la Justicia de la Ciudad sea relativamente nueva nos permite estar a la vanguardia en la cuestión. La mayoría de los magistrados en CABA están comprometidos con esto”.
“La estructura de las comunicaciones judiciales no es clara. Si bien hay un formato de cédula estandarizado, habría que cambiarlo. Al verlo, pareciera que inmediatamente se necesita un abogado, cuando si tuviese otro formato, sería más fácil de entender”, opina Mariana, de la provincia de Jujuy, una de las personas que aceptó la convocatoria para revisar textos jurídicos.
Tradición y tecnicismos
“En el ámbito judicial existe un lenguaje anacrónico que no se condice con los tiempos actuales, del cual se puede pensar que transmite desconfianza e inseguridad a los usuarios del sistema, genera una barrera para el justiciable”, explica Martín Converset, juez del Fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteño, uno de los dos magistrados convocados para el encuentro virtual que JusLab desarrolló en mayo de este año.
Ya en un simple diálogo para esta nota, el juez usa un término para el que no es sencillo encontrar un sinónimo y que difícilmente se use por fuera del ámbito judicial (aunque es de fácil definición): “justiciable” es quien puede o debe someterse a la acción de los tribunales.
“El empleo cotidiano de un lenguaje claro, breve y comprensible es una excelente herramienta para acercar la justicia a los ciudadanos y terminar con esos tecnicismos innecesarios que oscurecen los textos judiciales, que la mayoría de las veces se aplican automáticamente, sin buscar un sinónimo en un lenguaje claro”, opina Converset, quien destaca como “muy útiles” los glosarios elaborados por la Secretaría de Políticas Públicas.
De todos modos, el magistrado aclara que no siempre es tan sencillo modificar textos jurídicos: “En ciertas oportunidades el tribunal no puede dejar de hacer referencia a términos que podrían resultar de dificultosa traducción para los ciudadanos no abogadiles”, por la complejidad y la precisión respecto de lo que nombran. Pero aclara: “Ante eso, una solución que resultaría adecuada, según alguna conclusión que se vislumbró en el encuentro virtual, es que en la sentencia se dediquen unas líneas en términos accesibles para el justiciable”.
Rodolfo Ariza Clerici, juez penal, es el otro magistrado que participó del ejercicio de revisar textos jurídicos (de hecho, la notificación con la que abre esta nota es un texto típico que emplea en su tarea cotidiana). “Sin lugar a dudas, el uso de un lenguaje muy técnico está arraigado en una costumbre española heredada desde las colonias, que finca sus raíces en el derecho romano y napoleónico. La tradición intercontinental europea está fuertemente impregnada de muchos tecnicismos, conceptos, que se transmiten desde la academia y de ahí a la función judicial”, analiza. Y destaca que “la burocracia” también colabora en la instauración de un lenguaje jurídico inaccesible.
El juez considera que es necesario un “cambio cultural” y entender la “justicia como un servicio”. En esa línea, cree que los magistrados tienen “el deber para con la sociedad” de emplear un lenguaje claro.
Heller, de JusLab destaca la importancia de incorporar en el proceso de búsqueda de un lenguaje más claro a personas ajenas a los tribunales. “Muchas veces hacen aportes más ricos, porque quienes estamos en el Poder Judicial nos acostumbramos a un determinado lenguaje y nos cuesta salir de nuestra plantilla mental”.
Voces distintas
Precisamente, la participación de personas ajenas al ámbito judicial en la revisión de textos jurídicos fue lo más destacado del encuentro, que se dio en el contexto de la Open Gov Week. Para la ocasión, se hizo una convocatoria abierta en redes sociales.
“El resultado fue excelente. Hubo un cambio rotundo en los textos”, considera Candarle. Y remarca: “Los magistrados destacaron lo importante que fue la opinión de los presentes y consideraron cambiar la forma de comunicar sus soluciones”. Converset calificó el encuentro como “una experiencia sumamente enriquecedora”.
“En las comunicaciones judiciales debería agregarse una introducción que explique al destinatario por qué le está llegando ese escrito. La persona ajena al mundo judicial no entiende por qué le llega y qué le quieren comunicar”, dice Natalia, otra de las participantes del encuentro, que tiene 36 años y es traductora pública de inglés.
“Me pareció muy piola crear un grupo con abogados/as, lingüistas, jueces/juezas, ciudadanos/as. Es una oportunidad única de tener varios puntos de vista en un mismo lugar. Mi aporte fue por el lado de trabajar con la lengua y ponerme en el lugar de la persona que recibe una notificación”, cuenta. “Por ejemplo, me acuerdo que había una oración muy extensa y confusa y propuse dividirla en dos, además de modificar el orden a sujeto + verbo + complemento”, ilustra.
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Natalia considera que los textos judiciales, en general, cuentan con un exceso de voz pasiva, oraciones impersonales y extensas y una nominalización exagerada, todos factores que conspiran contra la claridad. Por otra parte, la reunión virtual también ayudó a Natalia a comprender que “escribir en lenguaje claro es bastante complicado, requiere de mucho trabajo y esfuerzo”.
Converset, en tanto, destaca que “los términos que ponen mayor distancia entre la justicia y la sociedad son principalmente los latinismos, el castellano antiguo y los conceptos técnicos que no se utilizan en la vida diaria de los ciudadanos”.
“Sin lugar a dudas, los anglicismos o los latinismos evocan una oscuridad en el lenguaje que puede superarse sencillamente usando términos más rayanos para su comprensión”, comparte Ariza Clerici.
Y concluye Converset: “Emplear un lenguaje judicial más claro expresa simplemente la voluntad de hacer que nuestro trabajo pueda ser interpretado por cualquier ciudadano que tenga que acudir a la Justicia”.
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Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones para América Latina, una alianza entre INFOBAE y RED/ACCIÓN, y fue publicada originalmente el 1 de octubre de 2021.
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