Las personas mayores representan un porcentaje cada vez más alto de la población y para 2030 superarán la proporción de niños y niñas. Un informe de Naciones Unidas de 2017 le puso números a esta tendencia que se aprecia en cada rincón del planeta. Desde 1980 hasta 2017, la cifra de quienes tienen más de 60 años se duplicó y alcanzó los 962 millones. Y se estima que para 2050 volverá a multiplicarse y llegará a los 2.000 millones.
Esta tendencia global también se ve en América Latina. En Cuba, Puerto Rico y Uruguay, el 15 % de la población tiene más de 60 años. En la Argentina, el porcentaje llega a 11. En la Ciudad de Buenos Aires hay un 22 % de personas de más de 65.”El aumento de la expectativa de vida es fantástico, pero los sistemas deben adaptarse”, reflexiona al respecto Silvia Gascón, directora del Centro de Envejecimiento Activo y Longevidad de la Universidad Isalud, de Buenos Aires.
Lo mismo señala un informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado Las ciudades como espacios de oportunidades para todos: cómo construir espacios públicos para personas con discapacidad, niños y mayores. Allí se lee: “La mayor longevidad presenta nuevos desafíos y oportunidades para todos los Gobiernos locales”.
El texto destaca que uno de los desafíos principales para las personas mayores es la movilidad reducida, algo que también afecta a muchas personas con discapacidad. Y esto no es un detalle menor porque puede “contribuir a una vulnerabilidad social más amplia”. Se trata de una población más propensa a problemas como “la pobreza, la falta de vivienda, el aislamiento social y enfermedades mentales”.
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“Los problemas de movilidad suelen limitar la capacidad de una persona de viajar de manera cómoda y segura en transporte público o en un vehículo privado. También es posible que alteren la sensación de comodidad, seguridad y pertenencia en los espacios públicos como parques, plazas y otros espacios comunitarios”, dice el informe.
“La falta de movilidad propicia una gran cantidad de síntomas depresivos y ansiedad. Cuando la ciudad no da seguridad (en sus calles y transporte), las personas mayores deciden no salir. La salud de las personas mayores depende mucho de su contacto social, esto se vio en la pandemia”, aporta Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala, socióloga y coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
A esto se suma que las personas mayores muchas veces no están económicamente activas (no tributan) y, a la vez, implican mayores gastos para el Estado.
En este contexto, el propio BID destaca un modelo que puede ser de inspiración para que los centros urbanos sean más inclusivos con las personas mayores, lo que genera oportunidades de desarrollo social y económico: el de la ciudad de Málaga.
El modelo
La europea es una de las poblaciones con más proporción de personas mayores, con alrededor del 20 %. Y se calcula que para 2035, España tendrá un 42 % de habitantes con más de 60 años, lo que la convertirá en el segundo país del mundo en este ránking (solo por detrás de Japón).
Málaga es la sexta urbe del país, con una población de 573.000 habitantes, el 17,4 % con más de 65 años. La ciudad andaluza ha trabajado desde mediados de 1990 en un plan para mejorar la inclusión de personas mayores o con discapacidad que tengan movilidad reducida. Una estrategia que ayuda, según destaca el BID, no solo a mejorar la accesibilidad de sus habitantes, sino también a mejorar la economía del turismo.
Cuando se piensa en la inclusión de personas con movilidad reducida es habitual imaginarse infraestructura de calles, veredas o edificios públicos, pero el concepto es más amplio que las adaptaciones físicas: implica también estimular la participación de esta población en la vida pública y fomentar su interacción social.
El plan de Málaga persigue tres objetivos:
-Promover actividades dirigidas a personas mayores para ayudarlas a encontrar un propósito y disminuir el aislamiento social.
-Prevenir problemas de salud física y mental.
-Fomentar la participación de las personas mayores residentes en el ámbito público y en la toma de decisiones de la ciudad.
Para lograrlo, son clave las 96 asociaciones de mayores que hay en la ciudad, con actividades gratuitas que abarcan desde talleres de teatro hasta clínicas de salud cognitiva y cursos de alfabetización digital. También tienen representantes que mensualmente se reúnen con el personal del Área de Derechos Sociales del ayuntamiento.
“La presencia de asociaciones de mayores en los barrios y de centros sociales como punto de encuentro facilita las relaciones, promueve la participación, la inclusión social y contribuye al desarrollo comunitario”, destacan desde el ayuntamiento. Y aclaran que las reuniones se han sostenido durante la pandemia, aunque los calendarios se han adaptado y se han aplicado protocolos sanitarios.
En esos encuentros, las personas mayores hacen propuestas que son escuchadas. “[Quienes presiden las asociaciones] son mi equipo. Es una relación de iguales”, le contó Francisca Ramos Montero, jefa de la Sección de Mayores dentro del Área de Derechos Sociales, al BID. Y dijo: “No podemos hacer todo lo que queremos, pero podemos empoderar a las personas residentes”.
El trabajo se complementa con los centros sociales: edificios solicitados al Estado por las asociaciones para brindar los talleres o compartir momentos de recreación, como juegos de carta o charlas. Hoy son unos 50 y tienen una función social clave, en una ciudad donde un cuarto de las personas mayores vive sola.
En estos lugares, según destaca el informe del BID, “algunos talleres son impartidos por sus integrantes, lo que les brinda oportunidades de liderazgo, mientras que otros son impartidos por jóvenes voluntarias y voluntarios para fomentar vínculos intergeneracionales”.
“Las relaciones son un pilar importante para las personas mayores. La pandemia ha frenado la posibilidad de relacionarse al permanecer confinadas y restringir el contacto social y esto ha tenido consecuencias negativas en la calidad de vida”, acotan vía e-mail desde el Departamento de Comunicación del ayuntamiento. Los centros, además de ser un espacio accesible, están ubicados en la cercanía de zonas con gran concentración de personas mayores.
Durante la pandemia los talleres se dictaron en formato virtual y mediante llamadas telefónicas se hizo un seguimiento de la población adulta mayor. A su vez, se hizo un especial foco en contactar a personas mayores de 80 años que viven solas: se las llamó por teléfono y se hizo un diagnóstico sobre su situación de vulnerabilidad para atender sus necesidades. Se realizaron 4.166 llamadas.
Empoderar y visibilizar
Espacios como las asociaciones han servido también para empoderar a las personas mayores, al estimularlas a crear sus propias iniciativas, como una revista o una radio.
A su vez, el ida y vuelta entre los líderes y el ayuntamiento le sirve al Estado local para ahorrar recursos, ya que se reduce el presupuesto en personal que interviene en una comunidad.
Al mismo tiempo, para mejorar la participación y la visibilidad de las personas mayores, se aprovechan eventos comunitarios. Por ejemplo, se organizan festividades públicas centradas en ellas, como el Carnaval del Mayor, la Semana del Mayor y el Día Internacional de las Personas Mayores.
Finalmente, la cuestión edilicia es otro de los ejes en los que trabaja el Gobierno de Málaga. En cuanto a las viviendas, exige que el 2 % de las unidades nuevas estén equipadas para personas con discapacidad. Además, subvenciona a los residentes mayores con bajos ingresos para acceder a una casa y cuenta con un programa para instalar ascensores adonde no los haya. El ayuntamiento también lleva adelante el Proyecto de Vida Independiente, que provee viviendas a personas con discapacidad provenientes de instituciones para que vivan con más autonomía.
Acerca de los lugares públicos, se ha puesto énfasis en la creación y acondicionamiento de más de 100 parques accesibles con aparatos de gimnasia. “El de Málaga es un modelo sumamente interesante que piensa en el curso de la vida y su adaptabilidad. No solo piensa en las personas mayores, sino en el proceso de envejecer y también en aquellos que pueden tener un accidente que limite su independencia. Esto tiene que ver con el modelo de ciudades inteligentes, que se adaptan a las poblaciones. Hemos pensado que las poblaciones deben adaptarse a las ciudades, lo que ha generado mucha exclusión”, analiza Montes de Oca Zavala.
El panorama en América Latina
“No podés hacer la misma política para todos. La única forma de hacer que las ciudades incluyan a las personas mayores es ir y preguntar”, destaca Gascón, de la Universidad Isalud. “Los países modelo no planifican en el aire, porque en cada lugar los motivos que excluyen a personas mayores pueden ser diferentes”, agrega.
En 2006, Gascón comenzó a trabajar en el proyecto de la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las personas mayores (GNAFCC por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud. Se trata de una red de centros urbanos con gestiones que buscan incluir a la población mayor y fomentar un envejecimiento activo. Hoy esa red cuenta con más de 1.000 ciudades del mundo.
Para ser parte, cada intendente debe enviar una carta a la OMS. Luego, la ciudad tiene un plazo para establecer una serie de mejoras en accesibilidad.
Si bien América es el continente con más ciudades amigables, la gran mayoría están en los Estados Unidos (unas 383, según señala la Organización Panamericana de la Salud). En América Latina hay 251, 192 de ellas en Chile. Gascón aclara, además, que muchas de las ciudades de la región forman parte de la red por haberlo solicitado pero aún no implementaron mejoras de accesibilidad.
“Desgraciadamente, el panorama en América Latina aún viene lento, con poca aceptación. El espacio es un ámbito de poder y en muchas ciudades de la región el espacio se ha privatizado. Muchas tienen un modelo adultocéntrico, piensan solamente en las personas que van a trabajar y no en las mayores o con discapacidad, o que son cuidadas o en las mujeres que se dedican a tareas de cuidado”, considera Montes de Oca, quien es parte de la Red Latinoamericana de Gerontología. Y agrega: “Son pocas las ciudades que realmente han establecido parámetros como los de Málaga o de la red de ciudades amigables”.
“El Estado debe considerar varios factores. El más relevante es la seguridad económica, que garantiza la satisfacción de las necesidades básicas como vivienda, alimentación, servicios públicos. Luego, la infraestructura pública de los entornos, el transporte, los servicios urbanos, que favorecen no solo la pertenencia y disfrute de la vida en colectivo sino las posibilidades de participación social”, dice Ángela María Jaramillo De Mendoza, socióloga y profesora en la Universidad Javeriana de Colombia y también miembro de la Red Latinoamericana de Gerontología, que además destaca la importancia de brindar opciones educativas para adultos mayores.
Para Gascón es clave la metodología que propone el Proyecto Ciudades Amigables: el de escuchar a las personas mayores y que sean ellas quienes señalen qué es lo que las excluye. Para eso, se deben realizar grupos focales en los que se le consulta a esta población sobre sus experiencias en ocho ámbitos: espacios públicos, transporte, vivienda, participación social, respeto e inclusión social, participación cívica, comunicación e información.
“Lo que tiene este proyecto es que va más allá de la accesibilidad física: evalúa otras dimensiones de la vida de los seres humanos que tienen que ver con la inclusión, con el lugar que la sociedad te da para estar activo, más allá de los años”, sintetiza.
Gascón llevó a cabo un estudio en ciudades de la Argentina, y lo que más señalaron las poblaciones mayores fueron: “La inseguridad derivada de la elevada criminalidad y delincuencia, las veredas rotas y la falta de mantenimiento de los espacios verdes, la inadecuación del transporte público ―tanto por el recorrido como por las características de las unidades―, la falta de cumplimiento de las normas básicas de tránsito y la inaccesibilidad de los edificios. También se registra opinión unánime sobre las desventajas de los servicios de salud disponibles para las personas mayores, en sus tres modalidades de cobertura: público, de obras sociales y privado”.
Al mismo tiempo, otros dos fenómenos especialmente preocupantes que se perciben en toda Latinoamérica son el denominado “maltrato tecnológico” en particular y los malos tratos cotidianos en general.
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Sobre el primero, Gascón aclara que ya desde antes de la pandemia se les exigía a las personas mayores completar muchos formularios en línea sin que supieran cómo o se les negaba la atención personalizada en el banco y se les demandaba que hicieran sus trámites por el cajero. Lógicamente, esto se incrementó por la COVID-19.
Sobre la falta de respeto, a la especialista le preocupa el “viejismo”, el prejuicio y la discriminación contra personas mayores. “Muchas sienten que los jóvenes se las llevan por delante”, dice.
Gascón también destaca que hacer estos diagnósticos permite llevar adelante planes de acción, los cuales muchas veces implican prácticas sencillas, “como hacer un curso de capacitación para choferes, para que sean más respetuosos y acerquen el colectivo a la vereda en las paradas”. La especialista explica que promover la inclusión tiene mucho que ver con simplemente visibilizar a las personas mayores. “En uno de estos cursos, un chofer se puso a llorar y a decir: ‘Nunca me imaginé que mi mamá podía sufrir por estas cosas’”, agrega como ejemplo.
“El Estado también puede ayudar mucho con programas intergeneracionales que promuevan el encuentro entre jóvenes y personas mayores. Por ejemplo, cuando comenzó la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires, había que inscribirse en formularios digitales, entonces entre varias universidades hicimos un acuerdo para que los jóvenes buscaran a los mayores y los ayudaran”, agrega.
Este tipo de acciones, dice Gascón, ayudan a cambiar la concepción sobre las personas mayores. “Ver que tenemos todavía, y quizás por mucho tiempo, deseos, preferencias —dice, incluyéndose—. No somos solo personas que necesitamos, sino que también tenemos derechos y, además, mucho para aportar”.
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Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones para América Latina, una alianza entre INFOBAE y RED/ACCIÓN, y fue publicada originalmente el 20 de agosto de 2021.
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