El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad de Buenos Aires presentó el proyecto de ley “Impulso a la Economía Social y Popular” para potenciar el valor productivo de los barrios populares y de la economía social y popular, un universo que abarca a unas 500 mil personas. De eso hablamos con María Migliore, la ministra.
—¿Por qué es importante trabajar en una ley de Impulso a la Economía Social y Popular en un contexto como el actual?
—El contexto hace que la ley sea más necesaria. Es un momento para generar herramientas estructurales que permitan potenciar el valor de sectores populares. Tenemos la convicción de que la mejor política social es el trabajo y tenemos que acompañar a los sectores populares para generar desarrollo de abajo hacia arriba. La ley plantea el desarrollo a través de cuatro ejes: la promoción de su participación en los procesos de compra pública; un programa de financiamiento del Banco Ciudad; un fondo público-privado para financiar proyectos; y beneficios impositivos.
Por qué es importante potenciar la economía popular
—¿Qué se debería adecuar desde el Estado para incluir a la economía popular en los procesos de compra pública?
—La ley busca ser una herramienta que permita romper las barreras estructurales con las que esta economía se encuentra todos los días. El proyecto establece la creación del Registro de Unidades Productivas de la Economía Popular y Social, que posibilitará a sus inscriptos participar de los procesos de compras públicas del Estado a partir de la introducción de incentivos, buscando fortalecer las capacidades para su desarrollo autónomo luego del estímulo inicial. Así estas unidades que están en la informalidad, van a pasar a la formalidad y las vamos a acompañar para que la transición sea gradual y sustentable.
—¿A qué apunta el programa de financiamiento del Banco Ciudad?
—Es muy recurrente que las cooperativas o las unidades productivas no cuenten con el capital necesario para hacer la inversión en materia prima para vender un trabajo, que puede demandarle el estado. Ante la adjudicación de una compra pública, el estado puede salir de garante a esta unidad. Así, el banco le puede dar financiamiento y cuando la unidad productiva cobra el trabajo del estado, le devuelve el préstamo al banco. De esta forma, se lo acerca al sistema bancario tradicional.
Este contenido fue publicado originalmente en Otra Economía, la newsletter sobre economía circular, inclusiva y de triple impacto que edita Florencia Tuchin. Podés suscribirte en este link.
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