Iñigo Capellán-Pérez es investigador del Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid
Aunque la comunidad científica lleva décadas avisando sobre el rumbo que lleva esta civilización, el margen y el tiempo de acción se agota. No son pocos quienes piensan que incluso se podría haber alcanzado una situación irreversible.
El objetivo es recuperar terreno en aspectos básicos como la alimentación, las finanzas, la información o las comunicaciones. En este contexto, la energía, componente vital para el funcionamiento de nuestra sociedad, no es una excepción. Diversas iniciativas ciudadanas han creado en los últimos años cooperativas de energías renovables.
La energía nos provee de bienes y servicios a costa de elevados impactos ambientales
La energía disponible ha sido, y es, un factor decisivo para el desarrollo a lo largo de la historia de la humanidad. Nuestro actual modelo no escapa a este hecho, y se caracteriza por unos ingentes niveles de consumo energético, responsables de grandes impactos ambientales.
De hecho, el sector energético es actualmente uno de los mayores contribuyentes a la degradación de la biosfera. Como consecuencia, mina de forma irresponsable la base de la que depende nuestro modo de vida.
En este contexto de acuciante crisis ambiental, y teniendo en cuenta el agotamiento de recursos no renovables, será necesaria una gran concienciación social para aceptar los cambios que se avecinan. También para una gestión adecuada –sostenible, eficiente e igualitaria- de los recursos renovables, en la que las personas participen de su gestión, como mostró la nobel de Economía Elinor Ostrom. Transformar los modos de generación, uso y gestión energéticos es necesario (aunque no suficiente) para alcanzar una sociedad sostenible.
Cooperativas de energías renovables y transición energética
Las energías renovables, además de reducir la huella ecológica, ofrecen un gran potencial transformador desde un punto de vista social debido a su modularidad y capacidad de generar energía a nivel local, permitiendo el desarrollo de iniciativas democráticas y participativas.
Las cooperativas tratan de explotar este potencial. Para ello generan y comercializan energías renovables de forma colectiva, lo que promueve un modelo descentralizado de energía, en contraposición al sistema centralizado actual.
Desde los años 1970 han surgido en Europa miles de cooperativas de este tipo, en países como Alemania, Holanda y Dinamarca. En España, este modelo es más reciente y aún minoritario: la primera fue Som Energia, en 2010. Algunas cooperativas centradas en la distribución de electricidad -no solo renovable- sí existían desde hace décadas.
Hoy están en fuerte crecimiento en España. Agrupan a unos 60 000 socios cooperativistas y suministran electricidad a unos 100 000 contratos, como analiza un estudio publicado recientemente centrado en estas organizaciones.
Paradójicamente, la crisis económica ha generado dinámicas virtuosas en el contexto energético estatal. Mostró las grandes deficiencias del proceso de liberalización del mercado de la electricidad, todavía dominado por un número pequeño de empresas grandes tradicionales. También, el problema social de la pobreza energética.
Esto, unido a la politización de las cuestiones energéticas a partir del Movimiento 15M, estimuló la movilización de la población con el objetivo de alcanzar la soberanía energética.
Las cooperativas de energías renovables han surgido en España durante un periodo de hostilidad, por parte del Gobierno, a la introducción de más potencia de generación renovable. Por eso han tenido que aplicar métodos innovadores como la financiación de instalaciones por crowdfunding o mediante “acciones energéticas”.
Estas organizaciones también cooperan y comparten procesos de aprendizaje y experiencias, unidas en una plataforma común “Unión Renovables” con el objetivo de reforzar su posición. Han demostrado también la capacidad de desbordar su propio campo y difundir nuevas ideas a nivel social y político, como el municipal.
Todavía tienen una presencia pequeña en el sistema energético español, pero la replicación del modelo constituye una gran baza para la transición energética sostenible y democrática.
El mito de las energías renovables como únicas responsables del déficit
Hasta 2010, las energías renovables gozaron de un gran apoyo institucional. España se convirtió en un “paraíso” para la inversión en este tipo de tecnologías, pero en los años siguientes el panorama cambió de manera drástica.
La introducción de barreras a la instalación de renovables fue justificada como una respuesta al sobredimensionado de las primas que estas recibían. Dichas primas fueron responsabilizadas del problema del déficit de tarifa, deuda del estado con las empresas eléctricas, que llegó a alcanzar cifras estratosféricas (26 000 millones de euros en 2013). Este déficit es la diferencia entre los ingresos que las empresas perciben por los pagos de los consumidores y los costes que la normativa les reconoce por suministrar electricidad.
Sin embargo, aunque algunas políticas desarrolladas para promover tecnologías de energía renovable mostraron inconvenientes, no es correcto responsabilizar solo a estas nuevas centrales del déficit de tarifa. De hecho, el desajuste comenzó en el año 2001, cuando la contribución de las renovables era insignificante.
Por otro lado, las primas al régimen especial representaban tan solo una parte del coste total del sistema eléctrico (aproximadamente, el 35 % en el año 2012). Además, no hay que olvidar que sus incentivos también incluían primas sustanciales a recursos no renovables (incineración de residuos o cogeneración, este último a principalmente partir de gas natural fósil).
Por otro lado, el propio diseño del mercado hace que un aumento del suministro proveniente de las renovables tienda a reducir el precio de la electricidad, lo que tiende a compensar el coste de las primas.
Dada la falta de transparencia sobre los costes del sistema, las verdaderas causas del déficit de tarifa no podrán ser identificadas hasta que se realice una auditoría pública, que hasta el momento ha sido rechazada en el Congreso.
El análisis pormenorizado muestra que el relato de que el déficit del sistema fue causado por las subvenciones a las nuevas renovables fue una interpretación interesada, promovida por las empresas tradicionales del sector eléctrico.
Estas empresas, tradicionalmente beneficiadas por la opacidad del sistema energético, habían además invertido poco en renovables y mucho en centrales de gas natural fósil en la década de los 2000, que funcionaban bajo mínimos por la crisis.
Este episodio demuestra que aún son necesarios profundos avances en la transparencia y regulación del mercado energético en España. Solo así podremos avanzar hacia un sistema energético sostenible y democrático.
Iñigo Capellán-Pérez es Investigador del Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas, Universidad de Valladolid
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