La semana pasada el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad presentó el plan nacional contra la violencia de género. Y al hacer una radiografía de los femicidios de 2019, se remarcó que en 1 de cada 4 casos el asesino usó un arma de fuego.
Hace dos años, esa misma relación había sido denunciado por un grupo de investigadores del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) en un informe. Sobre eso hablé con el abogado penalista y uno de los autores de ese trabajo, Julián Alfie, una de las personas que en más investigó el tema en el país y que es parte de la Red Argentina para el Desarme.
—Más allá de la visibilidad que tienen los femicidios y de la visibilidad que le dieron ustedes a la incidencia de que haya armas de fuego en las casas, ¿por qué no se pudo avanzar en una política específica?
—La primera dificultad es identificar el problema, es decir, comprender la diferencia entre las armas de fuego y otros medios. Al ser un objeto ideado para matar, las armas de fuego tienen una capacidad de daño mucho mayor. De allí la obligación del Estado de controlar sus usos. Al mismo tiempo, la capacidad estatal de intervenir preventivamente también es mayor: no podría restringir la circulación de armas blancas o de inflamables, pero sí de las armas de fuego. Ahora que el Estado asumió un compromiso con este plan que acaba de anunciar, deberá diseñar políticas de control de armas de fuego orientadas a prevenir las violencias de género, con una especial mirada en los desafíos derivados del aislamiento social. Además, deberá corregir los problemas de producción de información criminal, como insumo para el diseño de medidas.
—En mayo de 2018, ustedes revelaron que en la Argentina habían registradas 1,6 millones de armas de fuego. Y que el 99% de los usuarios registrados de armas en el país eran hombres. Desde la perspectiva de género, ¿qué nos está diciendo desde el punto de vista de la construcción de la masculinidad?
—El hecho de que las mujeres sean asesinadas, lesionadas o amenazadas por armas de fuego cuando no son ellas quienes las poseen responde a los estereotipos de masculinidad de nuestras sociedades. Si el hombre tiene el derecho predominante a ejercer el poder y la fuerza, la consecuencia será que las armas queden en sus manos, como símbolo y como medio de ejercicio de ese poder. De hecho, las armas suelen adquirirse (erróneamente) para "proteger el hogar", rol estereotípicamente atribuido al hombre. Pero esa supuesta protección del peligro exterior implica también una dominación hacia el interior, es decir, hacia la familia y la pareja. El riesgo, entonces, no está afuera sino dentro del propio hogar. El arma vehiculiza ese sometimiento, con los riesgos letales que implica su presencia.
—Sabemos que la presencia de un arma de fuego en una casa donde una mujer sufre violencia de género eleva los riesgos para la víctima, pero ¿qué sabemos de la violencia psicológica o simbólica que ejerce el solo hecho de que la víctima de violencia sepa que hay una arma en la casa o que su agresor tiene un arma?
—Las armas de fuego permiten ejercer violencia aún sin ser disparadas. Un ejemplo es su uso como medio de amenaza. Estas pueden ser explícitas o tácitas: la ostentación del arma o el mero conocimiento de su presencia en manos del agresor puede generar los mismos efectos que una amenaza verbal. Que la víctima sepa que "el arma está ahí" y el riesgo que ello implica, colabora en extender el control sobre la víctima y evitar que pueda denunciar otras situaciones de violencia. Este temor se potencia cuando la denuncia no es garantía de protección. En por lo menos el 16% de femicidios cometidos con armas de fuego, la víctima había realizado una denuncia que el Estado no supo convertir en prevención. Asimismo, 6 de cada 10 agresores con una medida de restricción vigente siguen en poder del arma.
—El plan presentado la semana pasada menciona esencialmente dos políticas públicas en torno a la tenencia de armas de fuego y la violencia de género. Diseñar una campaña federal de desarme e incorporar capacitaciones de perspectiva de género a quienes tramitan la tendencia de un arma de fuego y al personal de fuerzas de seguridad que porta armas de fuego. ¿Pueden ser políticas efectivas?
—El plan presentado va en el sentido correcto y es una gran oportunidad para avanzar en políticas hasta ahora inexistentes, aunque su efectividad dependerá de cómo se instrumente. El plan de desarme lanzado en 2007 se consolidó como una verdadera política de Estado, que debe ser relanzada con mayor presupuesto y participación de la sociedad civil. La incorporación de perspectiva de género en el procedimiento de obtención de armas requiere no sólo capacitación, como propone el plan, sino también entrecruzamiento de información y una consulta activa a la pareja del solicitante para conocer su opinión. Respecto a las fuerzas de seguridad, la revisión es necesaria ya que no han sido del todo efectivas: 1 de cada 4 femicidios cometidos con armas de fuego fue por parte de un agente de seguridad.
—Como especialista en el tema, ¿existe algún modelo de política pública que se haya llevado adelante en otro país y que haya logrado darle solución a este tema?
—Muchos países implementaron políticas con resultados exitosos. Sudáfrica deniega el acceso a las armas a personas denunciadas por violencia de género, mientras que en Argentina la ley sólo exige la ausencia de condenas penales, que no suelen darse en estos casos. En Canadá, se entrevista a parejas y al entorno familiar del solicitante para conocer su opinión antes de autorizarlo. Allí también lograron reducir la cantidad de femicidios al prohibir que los agentes policiales pudieran llevar sus armas de fuego al hogar por fuera de las horas de servicio. Y muchos estados de los EEUU lograron reducir la letalidad al obligar a las autoridades a secuestrar de forma inmediata las armas de fuego ante la primera denuncia por violencia de género, sin las trabas burocráticas existentes en Argentina.
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Guía visual para entender los distintos tipos de violencia de género
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