Hugo Pérez tiene 57 años y hace 8 años que está internado en el Hospital Neuropsiquiátrico Colonia Domingo Cabred, en Luján. A unos 80 kilómetros, en el barrio de Barracas de la Ciudad de Buenos Aires, Andrea Scaturro y Karina Senabre están internadas hace más de una década en el Hospital Moyano. Los tres tienen mucho en común: padecen un trastorno de salud mental pero hace años que obtuvieron su alta médica. Sin embargo, siguen internados.
La situación de estas personas con padecimientos mentales contrasta con la de personas como José y Angie, quienes viven en Bariloche y, a pesar de haber sufrido psicosis aguda, viven en su propia casa y participan a diario de varios talleres y clases.
Según la Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en 2010 y reglamentada en 2013, Hugo, Andrea, Karina, y muchos otros en la misma situación deberían ser trasladados a dispositivos comunitarios fuera del psiquiátrico, como casas de medio camino o viviendas asistidas. Pero a falta de estos recursos, y debido a un lento avance en la implementación de la ley, siguen institucionalizados.
“La ley argentina de salud mental es una ley modelo, es innovadora para la región en materia de salud pública. Entre otras cosas, por su enfoque en los derechos humanos de las personas con trastornos mentales”, sostiene Hugo Cohen, médico especialista en psiquiatría y asesor de la Organización Panamericana de la Salud. “Ahora, cuando uno va a ver cuestiones concretas… la implementación es casi nula”.
Al respecto, el nuevo Director Nacional de Salud Mental, Luciano Grasso, aseguró que se están dando los primeros pasos hacia la implementación de la ley.
Una ley modelo
Entre otras reformas al sistema, la ley prohíbe la creación de nuevos manicomios, exige el cierre de los manicomios existentes para el 2020 y su sustitución por dispositivos alternativos. También establece que las internaciones de salud mental se realicen en hospitales generales.
Desde la comunidad internacional, instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) concuerdan en que este modelo de salud mental comunitaria es el que se debería implementar para un tratamiento más integral y humano de los trastornos mentales.
En un informe sobre el tema, la OMS declara: “Sabemos que las grandes instituciones mentales ya no representan la mejor opción para los pacientes y sus familias. Esas instituciones llevan a una pérdida de habilidades sociales, restricción excesiva, violaciones de derechos humanos, dependencia, y una reducción en oportunidades de rehabilitación”.
El desafío de la implementación
La ley Argentina también requiere de que cada dos años se haga un censo nacional en todos los centros de internación en salud mental del ámbito público y privado.
“La idea del censo no es solamente medir el número de personas internadas, sino también sus condiciones de vida, cuántos años llevan institucionalizadas, cómo viven”, explica Celeste Fernández, coordinadora del área de discapacidad y derechos humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Según los plazos establecidos por la ley, ya deberían haberse realizado 4 censos de este tipo. Pero hasta el día de hoy, no se ha realizado ninguno. Los psiquiátricos públicos en el país, según estiman los especialistas, alojan a unas 50.000 personas. Sin incluir a las internadas en instituciones privadas.
“Esta falta de datos impide crear una red adecuada de dispositivos alternativos, no se sabe cuáles son las necesidades de la población, si simplemente requieren de una enfermera en su casa, un programa de reinserción laboral, o una casa de medio camino”, dice Fernández.
Al respecto, Grasso revela que el primer censo de instituciones psiquiátricas públicas y privadas del país estará terminado en diciembre de este año. Luego de obtener el aval de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Órgano de Revisión de Salud Mental, la dirección lanzará dos pruebas piloto en La Rioja y Jujuy esta semana.
Pero según un relevamiento realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el 2017, el censo es solo uno de los elementos de la ley en la que no ha habido avance en los últimos 8 años. “Tampoco se avanzó en un programa orientado al cierre de los manicomios, no se ampliaron los cupos para disponer internaciones por razones de salud mental en los hospitales generales, ni se desarrolló una política de viviendas asistidas para quienes podrían ser externados”.
Según las organizaciones de la sociedad civil mencionadas, la falta de avance en la implementación de la ley no solo se da en la Ciudad y provincia de Buenos Aires, sino en casi todo el país.
“Los hospitales psiquiátricos en Córdoba, Mendoza y Santa Fe viven una situación muy parecida. Usan la medicación como único método de tratamiento, la sobremedicación como método de normalización de conductas, el encierro como medida terapéutica”, dice Macarena Sabin Paz, coordinadora del área de salud mental del CELS. “Todas estas son prácticas que produce el mismo sistema manicomial”.
Falta de capacitación
La falta de avance en la implementación de la ley de salud mental se arraiga en una confluencia de factores. Uno de ellos es la falta de capacitación adecuada de los profesionales.
“Históricamente, las currículas y los planes de formación están vinculados a un modelo asistencial e individual, donde se privilegia el hospital psiquiátrico. Estamos formados para trabajar en el ámbito privado”, dice Grasso. “Tener profesionales que tengan otra mirada requiere otro tipo de formación. No hay una mirada integral, de procesos terapéuticos y comunitarios”.
En este sentido, la Dirección Nacional de Salud Mental en colaboración con la OMS busca implementar una estrategia de formación de profesionales.
“Tenemos una línea de capacitación en la cual se los entrena para abordar los temas de salud mental en el primer nivel de atención y a abordar las urgencias en las guardias”, cuenta Grasso. “Pero también hay que tratar de avanzar en reformas curriculares en la carrera de grado. Para eso estamos planificando reuniones con distintas facultades para acercarles un documento con sugerencias curriculares”.
La línea de capacitación usa las guías de entrenamiento del programa de acción para superar las brechas en salud mental (mhGAP por sus siglas en inglés) de la OMS.
El desafío presupuestario
Otra barrera, hasta el momento, es la presupuestaria. Según lo establecido por la ley, el presupuesto otorgado a salud mental debe ser por lo menos un 10% del presupuesto total de salud. Sin embargo, un informe realizado por ACIJ muestra que, en base a los datos disponibles, el presupuesto de salud mental representa menos del 2% del total destinado a salud.
Asimismo, solo alrededor del 0.03% del presupuesto de salud está destinado a la Dirección Nacional de Salud Mental, que se encarga de ejecutar la ley sancionada en 2010.
“En gran medida, los recursos presupuestarios siguen estando fuertemente vinculados a los hospitales psiquiátricos y no a recursos para que la gente pueda vivir en la comunidad y no en los psiquiátricos”, dice Sabin Paz.
Sobre este aspecto, Grasso aclara que se están implementando partidas presupuestarias que no provienen del presupuesto específico de la Dirección Nacional de Salud Mental.
“Hay muchas acciones que tienen un financiamiento muy importante por fuera de la dirección”, dice Grasso. “El costo de la construcción de viviendas se está presupuestando bajo el Ministerio de Salud y el de Obras Públicas. Y la OPS financia parte del censo y la formación del mhGAP”.
Un cambio social
Tanto Grasso como las organizaciones de sociedad civil concuerdan que, para lograr una reforma integral del sistema de salud mental, es tan importante un compromiso político como social.
“Nadie debería vivir en un hospital. Tenemos que aprender a ser tolerantes con la diversidad y convencer que alguien con un trastorno de salud mental no es peligroso” dice Grasso. “La desmanicomialización la hacemos si nos juntamos políticos, trabajadores, usuarios de salud mental y familiares, para transformar lo imposible en posible.”
*Foto de portada: Hospital psiquiátrico Melchor Romero en La Plata. Crédito: CELS.
