La selva amazónica es una de las regiones más ricas del mundo en biodiversidad y recursos naturales. En sus 5,5 millones de kilómetros cuadrados contiene casi un tercio de las especies de flora y fauna conocidas del planeta. Es uno de los mayores patrimonios naturales de la humanidad y conservarla es clave para el equilibrio ambiental. Y, sin embargo, es uno de los territorios más devastados en el último año: según los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales del Brasil (INPE), en el primer semestre de 2021 la región tenía la mayor superficie en alerta por deforestación de los últimos seis años: 3.325 kilómetros cuadrados, el equivalente a más de dos ciudades de San Pablo. Un 60 % de la región de la Amazonia está en territorio brasileño: abarca nueve de sus 27 estados. Y es justamente sobre los líderes locales de Amazonas, Pará, Amapá, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Acre Tocantins y Maranhão donde están puestas las expectativas de que lleven adelante soluciones para frenar la devastación.
Las iniciativas surgidas en los últimos dos años se basan en acuerdos entre los Estados locales para actuar como un consorcio que atraiga financiamiento internacional, promueva actividades económicas sustentables que den trabajo a las comunidades locales y regularicen la tenencia de tierras, ya que buena parte de la destrucción de la Amazonia se da en el marco de actividades ilegales.
Rodrigo Perpétuo, secretario ejecutivo de la Red de Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (organismo internacional nacido en 1990 como ICLEI, Consejo Internacional para Iniciativas Medioambientales Locales), describe la situación actual: “La Amazonia brasileña ha sido blanco de constantes ataques ambientales, deforestación masiva, producto de grandes incendios y actividades agrícolas, principalmente, además de la minería, las invasiones y el robo de madera que continúan degradando los territorios indígenas y las unidades de conservación en toda la región”. Para ICLEI, según indican en el mensaje conmemorativo del Día de la Amazonia publicado en su sitio web el septiembre pasado, “los Gobiernos locales juegan un papel clave en la preservación del bioma”.
El Gobierno federal de Brasil ha sido muy criticado por no frenar o, directamente, permitir la deforestación de la Amazonia en los últimos años. Al punto que su presidente Jair Bolsonaro no asistió a la COP 26, la cumbre sobre la crisis climática realizada en noviembre de este año en Glasgow, Reino Unido.
Ya en abril de 2021 con motivo de la cumbre virtual sobre el calentamiento global que encabezó Estados Unidos, Pedro Abramovay, director de la Fundación Open Society en América Latina, advirtió de que “no hay acuerdo climático posible sin Amazonia”. Es que si la deforestación sigue con el ritmo actual, advierten los expertos, puede llegar a un punto sin retorno. Entonces, recalca Galarraga Gortázar, “dejaría de ejercer el papel que cumple para regular la temperatura del planeta”.
Más allá de las polarizaciones que genera Bolsonaro, si en algo hay consenso es en que las políticas públicas de conservación se han empobrecido durante su gestión. Por ejemplo, el Fondo Amazonia, creado en 2008 para reunir donaciones destinadas a inversiones no reembolsables en proyectos de prevención, monitoreo y combate a la deforestación, perdió a sus principales socios. En 2019, Noruega, el principal donante, anunció el congelamiento de los 30 millones de euros que preveía para los proyectos de conservación de la región, después de que el Gobierno brasileño cambiará el equipo directivo que gestiona el fondo. Alemania, el otro país patrocinador, también congeló sus aportes.
Recientemente Bolsonaro presentó el Plan Amazonia 2021/2022, elaborado por el Consejo Nacional del Amazonas y firmado por el vicepresidente, el general Hamilton Mourao pero sus objetivos, que no iban mucho más allá de volver a los niveles de deforestación de 2018, no convencieron a la comunidad internacional. En vista de esta realidad tan crítica, el presidente brasileño envió una carta a su par norteamericano Joe Biden en la que se compromete a eliminar la deforestación ilegal para 2030 (algo que Brasil ya prometió en 2016) y propone adelantar una década el plazo para alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono (de 2060 a 2050) si recibe apoyo económico. Incluso, Biden propuso en un debate electoral reunir 20.000 millones de dólares para preservar la Amazonia, a lo que Bolsonaro no brindó importancia. Aunque el Gobierno brasileño intente recaudar dinero en el exterior con el que pagar la lucha contra la deforestación, los anuncios de Bolsonaro siguen siendo recibidos con escepticismo.
Karen Oliveira es una de las voces críticas a las políticas federales. Gerente para Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales de la sección brasileñas de la ONG internacional The Nature Conservancy, sostiene que “antes había políticas del Gobierno federal que estaban enfocadas en el desarrollo de la Amazonia en los nueve estados brasileños que la componen” pero que ya son cosa del pasado. Ahora que se vieron reducidas, la recuperación socioeconómica y las soluciones a largo plazo para la conservación son desafíos de los Gobiernos locales, que buscan actuar como un consorcio y consensuar políticas.
TAMBIÉN PODÉS LEER
Para Tatiana Schor, secretaria ejecutiva de Ciencia, Tecnología e Innovación del estado de Amazonas, “los compromisos deben funcionar como una plataforma de progreso e incentivo económico para la población local y trabajar en una economía verde que vincule a las cuestiones sociales con las ambientales de manera innovadora”.
En respuesta al momento de mayor crisis para la región, los Gobiernos estatales y municipales de Brasil están asumiendo un papel de liderazgo en pos de la conservación de la Amazonia y del desarrollo económico sostenible. Han ido gestando en conjunto propuestas innovadoras con eje en la sostenibilidad.
Las iniciativas aisladas empiezan a confluir en una visión conjunta de cambio colaborativo, con todos los Estados involucrados trabajando en alianzas. Por ejemplo, Flávio Dino, gobernador de Maranhão, aseguró en junio de este año en el seminario sobre el tema organizado por el Council of Americas de la organización Americas Society, que el camino para fortalecer la productividad y la exportación se basa en la coordinación regional, más que en la federal o en la acción individual de los estados. Destaca, a su vez, la importancia de crear una agenda ambiental centralizada que también ayude a impulsar los derechos de la población. Para este proceso, las gestiones locales cuentan con el compromiso de la comunidad internacional, que hoy tiene los ojos puestos en la región.
Hay al menos cuatro proyectos a gran escala basados en la integración sistémica de los actores, en los que el punto de partida son los Gobiernos subnacionales junto a referentes comunitarios, sociales, académicos e internacionales:
Plan Amazonia
Gustavo Faleiros, un periodista especializado en temas ambientales, editor de Investigaciones Ambientales del Rainforest Investigations Network (RIN) del Pulitzer Center y creador del sitio infoamazonia.org, considera que la propuesta más innovadora a la crisis amazónica en Brasil es el llamado Plan Amazonia, presentado por los tres bancos privados más grandes de Brasil: Bradesco, Itaú Unibanco y Santander.
El Plan define diez objetivos de desarrollo y define cuatro hacia los que dirigir el interés del sector financiero y otras empresas: los cultivos sostenibles que generen ingresos a las comunidades locales como el açai y el cacao, los emprendimientos de bioeconomía, la ganadería con deforestación cero y la regularización sobre los títulos de propiedad de la tierra.
TAMBIÉN PODÉS LEER
Plan Amazonia Ahora
Liderada por el Estado de Pará, la iniciativa Amazonia Ahora es una propuesta de desarrollo económico que incluye seis recomendaciones generales y 50 específicas. Fue presentada en Madrid durante la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 25) en diciembre de 2019 y finalmente lanzada en abril de este año. Trabaja sobre cuatro pilares:
-La Fuerza Estatal de Combate a la Deforestación que tiene como objetivo luchar contra las actividades ilegales.
-La Política de Acción Integrada para Territorios Sostenibles, cuyo objetivo es promover un modelo de desarrollo sostenible en las regiones prioritarias del estado de Pará.
-El Programa de Regularización Territorial y Ambiental - Regulariza Pará, que tiene como objetivo avanzar en la regularización territorial y ambiental.
-El Fondo Amazonia Oriental (FAO), formado para financiar el proyecto.
De este plan participan el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y, como financiador, el Gobierno de Noruega.
Toda la propuesta se hizo en colaboración con dos ONG internacionales, TNC y el Centro Internacional de Investigaciones Agroforestales World Agroforestry (ICRAF), junto con miembros del Foro de Adaptación y Cambio Climático de Pará y el Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques.
Oliveira comenta que TNC intervino en los aspectos relacionados con reducir la deforestación y las emisiones, para lo que fue clave impulsar la conversación sobre el uso de la tierra: “Las emisiones tienen que ver con las actividades ilegales que van en detrimento del desarrollo local”, asegura. Y enfatiza la importancia de abordar el plan con una visión integral y sistémica, para la cual la ONG a la que pertenece aportó conocimientos técnicos.
Green Recovery Plan
La iniciativa que reúne en forma de consorcio los nueve estados brasileños de la Amazonia se llama Green Recovery Plan, que desarrolla formas de gobernanza y transparencia para acceder a fondos internacionales para la manutención de la selva. El plan, que ha sido definido como una especie de green deal regional, hace hincapié en el estímulo económico a las prácticas sostenibles que garanticen ingresos a las comunidades. Oliveira lo define así: “La ecología se pone al servicio de la bioeconomía del bosque con sus frutos y sus medicinas regionales”.
Green Recovery se propone generar mecanismos diferenciados para que el dinero llegue a los pequeños y grandes productores considerando las salvaguardas socioambientales y climáticas y los derechos de las comunidades locales.
Fondo para la Bioeconomía de la Región Amazónica
El Fondo para la Bioeconomía de la Región Amazónica es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para acomodar las inversiones destinadas a la adaptación y la mitigación de los impactos del cambio climático en la cuenca del Amazonas a través de bionegocios innovadores que ayuden a preservar los ecosistemas y biodiversidad de la región. Fue aprobado hace dos meses por el directorio del Fondo Verde para el Clima (FVC) de la ONU.
***
Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones para América Latina, una alianza entre INFOBAE y RED/ACCIÓN, y fue publicada originalmente el 16 de diciembre de 2021.
Podés leer este contenido gracias a cientos de lectores que con su apoyo mensual sostienen nuestro periodismo humano ✊. Bancá un periodismo abierto, participativo y constructivo: sumate como miembro co-responsable.
