Ante la situación en Afganistán desde la toma de poder del régimen talibán, en las redes comenzó a replicarse el hashtag #YoAcojo, la consigna con la que Amnistía Internacional tituló una campaña global lanzada entre el 2016 y el 2019 por la crisis en Siria. Llamada también I Welcome, para los países angloparlantes, aquella iniciativa buscaba “exigir que los Estados brinden a las personas refugiadas la protección que necesitan y garanticen que sus derechos humanos sean respetados”.
En esa oportunidad, el organismo les pedía a los Gobiernos del mundo no mirar al costado: abrir las puertas y brindar “un lugar seguro para que las personas que huyen de la guerra, el terror, la persecución y la violencia pudieran rehacer sus vidas”.
Aunque fue lanzada en el contexto de la crisis siria, el sitio web español de Amnistía aclara que la iniciativa no estaba pensada únicamente para quienes debían huir de países “devastados por los conflictos en África y Oriente Medio”, sino también de aquellos lugares en América “donde cada vez más jóvenes, mujeres y personas gays, lesbianas y transgénero tienen que huir de las bandas, la delincuencia organizada, la violencia de género y los crímenes de odio”. Así, buscaba interpelar, sobre todo, a los países más ricos, ya que lo que suele suceder es que los refugiados se concentran en las tierras más cercanas a los conflictos, que no son las de mayores recursos.
Hoy esa consigna y ese pedido vuelven a llenarse de significado. Lo que ocurre desde agosto en Afganistán causó una especial efervescencia, principalmente, por lo que puede suceder con los derechos de las mujeres y las niñas aunque el Gobierno talibán haya prometido que esta vez las cosas serán diferentes.
Frente a este convulso e incierto escenario, en España la sociedad civil ―sobre todo las mujeres― comenzó a movilizarse y lanzó una campaña en redes sociales con la antigua consigna de Amnistía #YoAcojo. Un documento que, hasta fines de agosto sumaba más de 3200 firmas de personas ofreciendo sus propias casas para alojar a mujeres y niñas que quisieran salir de Afganistán, fue entregado a Jesús Perea, secretario de Estado de Migraciones, quien celebró la acción y declaró que era buen momento para revisar el sistema de acogida español.
¿Y qué sucede con el sistema de acogida de la Argentina?
Al margen de la sucesión de crisis y conflictos propios, Argentina, por sus políticas migratorias, sus derechos e idiosincrasia ha demostrado ser un país amigable para recibir a quienes buscan —necesitan— empezar de nuevo. Por eso, desde Amnistía Internacional Argentina también se intenta impulsar el acogimiento de población afgana y de quienes lo requieran.
“Argentina es uno de los pocos países que tiene un programa que se conoce como Patrocinio Comunitario, que abre las puertas y acoge a las personas, y que ya estaba vigente para la comunidad siria. Lo que venimos pidiendo al Gobierno es que lo extienda también a mujeres y población afgana, porque no solo habilita el ingreso al país a partir de un visado humanitario sino que implica un proceso de acompañamiento para la integración: el idioma, la documentación, un acogimiento una vez que llegan. No tenemos culturas parecidas, entonces tenés que poner dispositivos para garantizar la integración de esas personas”, dice Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
Justamente, para que la integración sea exitosa es que en 2018 se creó la Red Argentina de Apoyo al Patrocinio Comunitario de Personas Refugiadas, conformada por varias organizaciones que acompañan a las personas migrantes en el proceso de adaptación.
“Es una combinación de una iniciativa privada y del Estado en la que familias o grupos que se denominan ‘llamantes’ se comprometen a ser el contacto en Argentina para aquellas familias que vienen, porque se necesita esa doble vía”, explica García Rey. “Este modelo funciona en Canadá y algunos otros países del mundo, pero son solo cinco o seis que hoy tienen este tipo de programa”, agrega.
La iniciativa que desde el Estado se llamó Programa Siria nació en realidad en 2014, explica Carolina Mussi, fundadora y coordinadora general de Amal Argentina, una de las organizaciones que integran la red: “La idea original la propuso una persona que estaba en migraciones y consistía en dar una visa humanitaria para personas en riesgo que tuvieran familiares en otros países, por ejemplo, como acá hay una población siriolibanesa muy grande, se habilitaba una visa humanitaria para que pudieran venir los familiares que estuvieran en Siria en ese momento. En este marco se tenían que probar lazos sanguíneos y quien recibía a los migrantes tenía que firmar ante el Estado argentino el compromiso de que durante un año les iba a dar vivienda, ayuda económica y herramientas para la integración. No es que los traías y los dejabas solos”, repasa.
Luego el programa se fue modificando sobre la base de la experiencia y aprendiendo de los errores. La fundadora de Amal explica que en 2016 dejó de estar restringido a familiares y pasó a incluir a “organizaciones de la sociedad civil o cualquier persona que quisiera traer y ayudar a población siria”. Conocido en inglés como Community Sponsorship, el programa en el que se inspiró esta iniciativa, cuenta Mussi, nació en Canadá en el 79, a raíz de la crisis del Sudeste Asiático. En ese entonces, la sociedad civil le pidió al Gobierno acoger a las personas a las que los Estados Unidos no estaban dejando entrar. “Canadá es el primer país que reasienta a través de este esquema. Y lo que cambia, respecto al reasentamiento tradicional, es que la integración es completamente diferente. Las personas realmente pasan a formar parte de la que se llama la comunidad de acogida”.
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Cuando los organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) vieron que lo que la Argentina había denominado Programa Siria tenía puntos en común con el modelo de Patrocinio Comunitario, enviaron fondos y un grupo de capacitadores canadienses que organizaron la tarea.
“Se armó otra disposición que viró a un nuevo esquema. Y a nosotros, como sociedad civil, lo que nos pasó es que en un momento vimos que había organizaciones que no hacían las cosas bien, entonces dijimos: ‘Armemos una red donde estemos todos en la misma mesa’. Nos apoyan Amnistía, la ACNUR, OIM, los canadienses, trabajamos todos juntos en esto: tratamos de mejorar la integración, las negociaciones con el Gobierno, que siempre fueron muy difíciles. Así se armó esta red de trabajo que no es una ONG ni una fundación. Somos un grupo de organizaciones que trabajamos muy articuladas entre nosotras”, explica Mussi.
Si bien fueron varias las organizaciones que conformaron la Red de Patrocinio Comunitario, hoy solo quedan cuatro trabajando activamente, tres de ellas son religiosas: Manos Abiertas (católica), la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), la evangélica Juventud con una Misión (JUCUM) y Fundación Amal Argentina, que es laica.
“La red es un espacio muy bueno para intercambiar recursos, información y aprender de las experiencias de las demás organizaciones con las que abogamos para que lleguen más familias, que es el objetivo que tenemos todas. No solamente de Siria si no de todos los países donde las personas necesitan protección internacional”, dice Magdalena Rodríguez, integrante de ADRA.
Mussi cuenta que antes de que se formara la red cada organización trabajaba por su cuenta sin demasiadas regulaciones. Eso cambió cuando intervinieron los organismos internacionales y capacitaron a la organizaciones. Hoy tienen un esquema un poco más aceitado, con términos legales que indican que cada grupo de patrocinadores que se ofrezca voluntariamente a recibir y acompañar a personas en su inserción en el país tiene que estar conformado por al menos tres personas adultas, haber sido capacitado por una organización de la red y tener su aval. Las personas —hasta ahora, sirias— que llegan tienen que estar referenciadas por la ACNUR y son las que tienen prioridad de reasentamiento.
A partir de esa base “cada organización trabaja de manera diferente”, dice Rodríguez. “Si bien la red nos nuclea a todas, ADRA, por ejemplo, tiene sus grupos patrocinadores que pertenecen a una institución educativa, a una universidad. Y podrían pertenecer a una institución religiosa o a una de las congregaciones de fe. Lo que hacemos como red es unir a todos esos grupos y capacitarlos juntos pero después cada organización sigue el acompañamiento y monitorea a sus grupos en lo que llamamos plan de asentamiento”, agrega.
Los grupos de patrocinadores de ADRA, por ejemplo, son personas que se conocen entre sí, que conviven dentro de una comunidad en Libertador San Martín, Entre Ríos, que participaron de una serie de capacitaciones sobre temas que van “desde comunicación intercultural hasta el perfil de la población siria”. Y que tienen “un plan de trabajo con objetivos de integración” por un año, cuenta Rodríguez.
“Este grupo patrocinador ofrece una casa equipada para la familia que llega de Siria y ayuda a solventar sus gastos y también sus necesidades emocionales durante un período de 12 meses. Así se conforma el patrocinio comunitario. Y lo mismo hace Amal o Manos Abiertas. Acompañan en la integración; eso implica ayudar económicamente, a conseguir trabajo, a que los niños vayan a la escuela, a aprender el idioma”, agrega.
La experiencia con familias sirias
Desde 2014 llegaron al país en el marco de esta iniciativa aproximadamente 450 personas, según información oficial. Hoy, las organizaciones esperan cinco familias sirias más que iban a ingresar cuando irrumpió la pandemia. Manos Abiertas fue la última organización en recibir una familia siria, en marzo de 2020, en la ciudad de Córdoba.
Marta Irigoy, referente nacional del programa de acompañamiento y acogida a personas migrantes de esta organización recuerda cómo fueron las primeras experiencias para Manos Abiertas y cómo están esos migrantes en la actualidad.
“En 2016 hicimos el primer llamado de una familia y un joven bajo el Programa Siria. La familia se alojó en Buenos Aires, en la zona de San Miguel, y el joven en Santa Fe. Después, empezamos a buscarles casa, recursos y mobiliario. Que los niños pudieran tener acceso a la educación, al idioma y nos fuimos acomodando a través de distintas organizaciones de la sociedad civil”, cuenta.
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“Para nosotros la experiencia es muy valiosa —sigue— aunque sabemos que tiene sus dificultades. Nos damos cuenta de que la adaptación lleva mucho tiempo. Actualmente, la familia que llegó a Buenos Aires sigue siendo asistida por Manos Abiertas. Después de cuatro años no están dadas las condiciones para que pueda vivir de un modo más independiente. Con la pandemia, el padre de la familia perdió el trabajo así que estamos en esta situación difícil. De los adolescentes, uno terminó la secundaria y el otro está en proceso de completarla este año. Una red de voluntarios y el colegio acompañaron el proceso de los chicos de una manera admirable. Con la familia que llegó a Córdoba estamos en este proceso también, para que puedan empezar a hacerse cargo de su vida”.
“El joven de Santa Fe sí está trabajando muy bien. Él se independizó al año y medio de haber llegado: tener muchos recursos académicos ayudó mucho. El suyo es lo que desde organizaciones como ACNUR, OIM y Amnistía Internacional suelen llamar un ‘caso de éxito’. Con las familias es más complejo, pero seguimos acompañándolas. Hay una intensa amistad. Para ellas, nosotros somos su familia en la Argentina y eso crea un lazo muy fuerte, de afecto y compromiso”, dice Irigoy.
Ella asegura que está en el ADN argentino “recibir personas migrantes”: “Muchos venimos de migrantes que huyeron de la guerra, del hambre, de distintos lugares, así que creo que la Argentina tiene capacidad”. “Pero creo que el Gobierno nacional tiene que estar muy comprometido y poner todo en juego a la hora de facilitar el acceso a la salud, a la educación, más allá que desde la sociedad civil podamos acceder a través de las distintas redes que tenemos”, agrega.
Desde Amnistía Internacional Argentina, García Rey dice que en una reunión que tuvo hace poco la organización con el vicecanciller se pidió ampliar y repensar el llamado Programa Siria y que “esa ampliación contemplara a familias afganas en función del estado de situación actual”. La respuesta, cuenta, fue que se está “estudiando la situación”. “Que la integración es sumamente importante y que, a diferencia de la población siria que en la Argentina tiene una gran comunidad, aquí no conocen colectivos afganos; entonces, hasta ahora, no hay una conexión muy fuerte que pueda favorecer esa integración”.
Igualmente la ONG insiste en que el Estado debe “garantizar que, si alguna familia o persona en Afganistán quiere venir a la Argentina pueda hacerlo a través de este programa”. Y en que “la Argentina tiene ya experiencia en este tipo de integración”.
Por ahora no hay más novedades. “Pero en cualquier caso —añade García Rey—, así como interpelamos a la Argentina, interpelamos a todos los países del mundo, sobre todo a los que están alrededor de Afganistán, a hacer sus mejores esfuerzos para garantizar visados en tiempo y forma”.
“Cada país tiene un rol diferente en la comunidad internacional, en función de sus posibilidades y de donde está situado geográficamente. Pero nos parecía muy emblemático que la Argentina, independientemente de la situación actual y la coyuntura, pudiera recibir a la población afgana a partir de la experiencia de las familias sirias”, concluye la directora adjunta de Amnistía.
Mussi coincide en que si algo deja la experiencia ganada es la certeza de que “el país está preparado para recibir migrantes y la sociedad civil, organizada”. “La Argentina fue muy observada porque vos agarrás el mapa de América Latina y no hay ningún país que se haya sumado a esto. Entonces, cuando ven que se sumó Inglaterra, Irlanda, Nueva Zelanda a este esquema, nos miran como diciendo: ‘¿Qué tiene Argentina que con todos los problemas que atraviesa hace patrocinio comunitario?’. Tiene una comunidad muy receptiva. Y eso me enorgullece”.
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Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones para América Latina, una alianza entre INFOBAE y RED/ACCIÓN, y fue publicada originalmente el 30 de septiembre de 2021.
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