El etiquetado frontal de alimentos va camino a ser una realidad en la Argentina. Luego de que el proyecto de ley (que lo hará obligatorio) fuera aprobado en el Senado en octubre del año pasado, logró hace dos semanas el dictamen favorable en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. El último paso hacia su aprobación será su debate en el recinto de la Cámara Baja, sesión que se estima que tendrá lugar durante agosto.
¿En qué consiste el proyecto? Primero, determina que se deben colocar sellos negros con forma de octágono y la advertencia de “exceso” en el frente de todos los envases de productos que tengan altos contenidos de sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Todo alimento o bebida sin alcohol que haya sido envasado en ausencia del cliente y esté listo para ser ofrecido al consumidor deberá llevar estos sellos. Hay excepciones: no tendrán etiquetas ni el azúcar común, ni los aceites vegetales, ni los frutos secos o la sal de mesa. La medida se aplicará también a productos con altos niveles de cafeína o con edulcorantes para desaconsejar su uso en niños, niñas y adolescentes.
Una de las principales razones que fundamentan esta iniciativa es reducir los niveles de obesidad, hipertensión, diabetes y otras enfermedades crónicas en la población. El dato alarmante que está detrás de esto: según la última encuesta nacional de factores de riesgo, realizada en 2018, el 61,6 % de los argentinos mayores de 18 años tiene sobrepeso u obesidad. ‘‘La prevalencia del sobrepeso y la obesidad a lo largo de los años muestra una tendencia claramente ascendente en todos los grupos etarios y sociales, particularmente en los de mayor vulnerabilidad social”, anuncia el informe. A ese número se le suma que el 12,7 % de la población tiene algún tipo de diabetes (porcentaje que se cuadruplicó en las últimas cuatro décadas); un 34 %, hipertensión y un 29 %, colesterol alto.
‘‘En la Argentina, se estima que en 2019 cerca de 135.000 muertes fueron causadas por exceso de peso, obesidad, hipertensión o diabetes. A cada hora, 15 personas mueren por estas causas. Por otro lado, sabemos que estas enfermedades están asociadas al excesivo consumo de azúcares, grasas, grasas saturadas, grasas trans y sodio”, explica Fabio Da Silva Gomes, asesor de nutrición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Y agrega: ‘‘Con la emergencia de la pandemia, esta situación se vuelve aún más urgente, porque las personas con estas enfermedades son las que tienen más riesgo de enfermar severamente y morir a causa de la COVID-19”.
La OMS establece que de todo lo que alguien consume en el día, menos de un 10 % debería provenir de azúcares; menos del 30 % deberían ser grasas; menos del 10 %, grasas saturadas y menos del 1 %, grasas trans. El problema es que a la hora de comprar nuestros alimentos los consumidores no accedemos a su información nutricional de manera fácil, rápida e intuitiva. ‘‘La información que se brinda en la tabla nutricional, ubicada en la parte posterior del envase, no es suficientemente clara, de lectura fácil y rápida como para tomar una decisión correcta. Esta tabla exige habilidades matemáticas y conocimientos de nutrición y en el momento de la compra, el consumidor no dispone ni del tiempo ni de la posibilidad de hacer un esfuerzo cognitivo para tomar esa decisión”, argumenta Da Silva Gomes.
El etiquetado frontal se propone entonces como una solución, dado que amplía las herramientas que tenemos los consumidores a la hora de elegir qué comer o beber. ‘‘Esta es una oportunidad para que las marcas empiecen a hacer preparaciones más adecuadas a las personas, y no lo que ocurre hoy, que las personas se adaptan con sus cuerpos a lo que las marcas ofrecen porque les resulta rentable”, señala Soledad Barruti, periodista especializada en alimentación y en la industria alimenticia. Y agrega: ‘‘Se crean formulaciones adictivas que los consumidores eligen, no porque les haga bien sino porque no pueden parar de comer eso”.
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Más allá del etiquetado frontal, hay otras medidas contempladas en el proyecto que están orientadas a mejorar la nutrición infantil y adolescente. Se busca promover la realización de actividades escolares con el objetivo de mejorar la educación nutricional de los y las estudiantes y, además, se podrá disponer que cualquier producto que tuviera al menos un sello negro no podrá ser vendido en las escuelas.
Otro eje de acción está orientado a regular la publicidad de alimentos dirigidos al público infantil y adolescente. En los envases de los alimentos que cuenten con un sello negro estará prohibido incluir otras indicaciones sobre la presencia de nutrientes beneficiosos. Tampoco estará permitido el uso de la imagen de personajes animados, animales, deportistas, celebridades, mascotas ni la realización de promociones o sorteos.
A la hora de redactar este proyecto de ley se tuvo en consideración la experiencia de otros países latinoamericanos. El pionero en la región fue Ecuador, que en 2014 implementó un sistema de semáforo que advierte, con los colores verde, amarillo o rojo, sobre los niveles de nutrientes críticos. En 2016, Chile innovó adoptando octágonos negros con la inscripción ‘‘alto en...”. Le siguieron Perú, Uruguay y México; este último cambió la inscripción ‘‘alto en” por ‘‘exceso”, tras comprobar que esta advertencia era más comprensible y de lectura instintiva para el consumidor.
Hasta ahora, casi todos los países que aprobaron el etiquetado frontal usaron un manual distinto para determinar cuáles son los niveles recomendables de los componentes críticos. Para el proyecto de ley argentino se recurrió al perfil de nutrientes de la OPS, que fue creado en 2016 a partir de recomendaciones de expertos y de la OMS. Aunque muchos especialistas señalan que la utilización de este perfil es una de las mayores fortalezas del proyecto, se trata de uno de los puntos que generan más discordia. ‘‘El método de la OPS de perfil de nutrientes es técnicamente falaz, identifica como poco saludables a muchos alimentos que nuestras guías alimentarias recomiendan consumir. Los límites que se establecen para definir si un alimento debería o no tener un sello están basados en la proporción que tiene un ingrediente crítico respecto de sus calorías, cuando lo correcto es determinar un valor umbral fijo de cada nutriente”, advierte Sergio Britos, director del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA). ‘‘Usar ese método dificultaría la posibilidad de que la industria pudiera reformular alimentos para evitar tener sellos y, a su vez, generaría que casi la totalidad de los productos envasados aprezcan con por lo menos un sello negro”. Siguiendo este criterio, un tomate en lata o un tetrabrick de lentejas pasarían a tener sellos por exceso de sodio.
Britos rescata otros modelos de etiquetado como el Nutri-Score, ideado e implementado en Francia. Este sistema contempla todas las variables de un alimento —tanto las positivas como las negativas— y en base a eso le otorga una clasificación de la A a la E, siendo A la categoría más saludable y E la menos saludable. ‘‘Nutri-Score visibiliza la información nutricional tomando en cuenta no solamente la presencia de nutrientes críticos sino también la de nutrientes esenciales, que en la dieta promedio de los argentinos y argentinas se encuentran en situación de carencia o deficiencia”, explica.
Sin embargo, la idea de adoptar un enfoque integral tampoco genera consenso. Sebastián Laspiur, que trabaja como consultor en enfermedades no transmisibles y factores de riesgo para la OMS y la OPS, es contundente al respecto: ‘‘Colocar al lado de una advertencia otras indicaciones sobre propiedades positivas hace que se neutralice el efecto de la medida sanitaria y pierda efectividad. La incorporación de una vitamina en un producto no neutraliza el riesgo de que ese producto tenga mucho sodio o azúcares. Por eso, lo que se promueve es que en el caso de que cierto producto tenga un exceso de nutrientes críticos, no pueda tener una advertencia de carácter positivo”.
En la Argentina, distintas cámaras que engloban a productores de alimentos vienen manifestando su preocupación por el proyecto y su potencial impacto en la producción y el comercio. La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) emitió un comunicado en el que asegura que "los modelos aislados que preconizan la demonización de los alimentos, lejos de cumplir sus objetivos constituirán un daño en los consumidores al proporcionar información incorrecta". El Centro de la Industria Lechera (CIL) señaló, por otro lado, que la medida pondrá a la Argentina ‘‘en inferioridad de condiciones respecto de los otros países, ya que un mismo producto lácteo en la Argentina llevaría dos sellos y en Brasil ninguno”. En ese sentido, varios actores de la industria insisten en que haya una armonización regional para que el comercio del país dentro del Mercosur no se vea afectado. Si el proyecto se aprueba, va a demorar 180 días en entrar en vigencia, aunque las pymes y cooperativas populares podrán excederse de ese plazo hasta un año y medio. Se estima que a la industria le va a tomar casi dos años terminar de adaptarse a la nueva normativa. ‘‘Por supuesto, a esta ley hay que complementarla con otras políticas públicas, como el acceso a comida de verdad o la información, para que las personas puedan basar cada vez más su alimentación en productos sin procesar”, concluye Barruti y subraya: ‘‘El proyecto de ley que tenemos es el mejor posible según las evidencias disponibles y las conquistas que hubo hasta ahora en cuanto a derechos aplicables al acceso a la información y la salud”.
¿Qué resultados se vieron hasta ahora en los países en los que se implementó esta medida? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura analizó el caso chileno y concluyó que en ese país la ley de etiquetado frontal mejoró la calidad de la oferta de alimentos y que no hubo un impacto negativo sobre el empleo, los salarios ni la producción. Por otro lado, un estudio de Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile, la Universidad Diego Portales y la Universidad de Carolina del Norte (Estados Unidos) encontró que, tras dos años de implementación de la ley, las compras de bebidas azucaradas y de cereales habían bajado un 25 % y un 9 % respectivamente. Más allá de eso, los expertos insisten en que todavía no pasó en ningún país el tiempo suficiente como para establecer conclusiones sobre si este tipo de leyes tienen el poder de disminuir los niveles de obesidad, sobrepeso, hipertensión o diabetes de una población.
En Perú, adonde en 2017 la Ley de Promoción de Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes determinó el uso de octógonos negros y prohibió la venta en escuelas de los productos así señalizados, una investigación de la Universidad Cayetano Heredia concluyó que en el 70 % de los establecimientos educativos se seguían vendiendo alimentos procesados. En contraparte, la ley fue exitosa en cuanto a que muchas empresas tuvieron que cambiar la composición de sus productos para evitar lucir octógonos en sus envases.
Según un estudio de la Universidad Siglo 21 hecho por su Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales y publicado en mayo de este año, menos de la mitad de los argentinos y las argentinas lee la información nutricional de las etiquetas y solo 1 de cada 4 la entiende plenamente. Con estos datos en consideración, la necesidad de mejorar la legislación adopta un carácter urgente.
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Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones para América Latina, una alianza entre INFOBAE y RED/ACCIÓN, y fue publicada originalmente el 28 de julio de 2021.
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