“La sociedad argentina es tan racista que ni siquiera se da cuenta de su racismo, lo tiene naturalizado”, sostiene Daniel Mato, doctor en Ciencias Sociales e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Para empezar, la Ley de Educación Superior no asegura los derechos educativos de personas indígenas y afrodescendientes consagrados en la Constitución. Y es justamente en este nivel en donde se forman las y los docentes, los y las profesionales de la salud, de los medios de comunicación, abogados, funcionarios públicos, directivos de empresas.
Es decir, la mayoría de los profesionales que forman opinión y toman decisiones en distintos ámbitos no son formados con una perspectiva antiracista. De ahí la importancia de incorporar esta perspectiva en la Ley de Educación Superior.
Por eso quise conversar con Daniel Mato, que es director de la Cátedra UNESCO de Educación Superior, Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, en la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Y durante el 2020 realizó la investigación “Etnicidad y educación en Argentina: Pueblos indígenas y afrodescendientes e inclusión educativa en Argentina”, en el marco de la redacción del “Informe GEM 2020 América Latina y el Caribe - Inclusión y educación: Todos y todas sin excepción”.
—¿Cuáles son las formas bajo las que naturalizamos el racismo?
—Lo naturalizamos cuando no nos indignamos frente a las deforestaciones en territorios indígenas, ante las inequidades de acceso a los servicios de salud, si violan y asesinan a una niña wichí, o cuando no nos horroriza que siga existiendo el chineo. Pero sí nos espanta que maten a una persona afrodescendiente en Estados Unidos. También lo naturalizamos cuando no nos asombra la ausencia de dirigentes empresariales, sociales, políticos, profesores de pueblos indígenas o afros. Es decir, parte de la naturalización es que no nos sorprenda la ausencia de estas presencias. Ahora, uno de los mecanismos más importantes de reproducción del racismo es la educación superior y dentro de ella, el currículum y la bibliografía. Desde la academia necesitamos desmontar, desagregar la categoría de racismo estructural y mostrar los mecanismos y actores en cada ámbito social para proponer acciones y soluciones. Un ejemplo es lo que hicimos nosotros desde la Cátedra estudiando y proponiendo modificaciones a la Ley de Educación Superior.
—¿Qué podemos hacer como ciudadanos para modificar esa naturalización del racismo y empezar a revertirlo?
—Lo primero es identificar los nudos concretos y específicos con que se está naturalizando el racismo en el ambiente en el que nos desarrollamos. Para luego preguntarnos: ¿qué puedo hacer para desmontar esas formas de racismo? Por ejemplo, si soy el director de una escuela y algunos chicos no pueden llegar cuando llueve, debería buscar la manera de hacer más equitativo el acceso a la educación. Lo mismo si tenemos estudiantes con conectividad pero tienen un solo celular para toda la familia. Tenemos que pensar cómo solucionar esas inequidades. Lo mismo si soy médico en un hospital. Y ejerzo en un hospital del Gran Buenos Aires, donde hay población indígena, pese a que la institución lo ignore, debo prepararme para asegurar la presencia de un intérprete cuando llegue a atenderse una abuela que solo habla Qom. En definitiva, es estar atento a cómo asegurar la equidad en el ámbito que nos toca trabajar, reflexionar sobre nuestras prácticas sociales que son territoriales. Es decir difieren según el lugar en el que viva y desarrolle mi actividad.
—¿Qué se necesita que hagan las instituciones educativas para desnaturalizar el racismo?
—Necesitamos capacitaciones específicas para toda la población, pero en especial para los funcionarios públicos (deberíamos pensar en una Ley Micaela pero que trabaje en desnaturalizar y prevenir el racismo), los educadores, los comunicadores sociales, los profesionales del derecho, de la comunicación, de la salud. También necesitamos estadísticas que se pueden generar en las instituciones educativas. Preguntar, por ejemplo, cómo se autoreconocen. Y en el mismo sentido, es importante que en el próximo censo se pregunte qué lenguas se hablan en este hogar. Porque sin datos no hay políticas. No es suficiente con que la educación sea intercultural, es necesario que sea antiracista y plurilingüe. En cuanto a la Educación Intercultural Bilingüe es necesario que se haga realidad lo que expresa la Ley de Educación Nacional (2006) al respecto. Numerosos estudios registran que se ha avanzado muy poco y una de las causas de este problema es la escasez de docentes provenientes de los propios pueblos indígenas. Este es uno de los motivos por los que es necesario actualizar la Ley de Educación Superior, que es el subsistema educativo que debe generar esas oportunidades.
—¿Qué establece la Ley de Educación Nacional al respecto?
—La ley establece 8 modalidades educativas, una de ellas es la intercultural bilingüe. En esto tienen potestad las provincias, pero pocas han avanzado y en muchas de estas escuelas los docentes no hablan las lenguas de sus estudiantes. Y si observamos qué pasa en las 57 universidades públicas que existen en el país, vemos que solo 16 han establecido algún tipo de unidad institucional para atender a los pueblos indígenas. Y de ellas, solo 2 tienen un programa propio de becas, aunque no hay presupuesto para cubrirlo porque no está contemplado dentro de la ley. Las otras 14 tienen cátedras libres o abiertas y desde ahí desarrollan actividades: visibilización de las problemáticas que atraviesan los pueblos indígenas, enseñar las lenguas, dar seminarios sobre su historia y cosmovisiones, ofrecer capacitación en derecho indígena.
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—¿Qué consecuencias concretas tiene la naturalización del racismo en la Educación Superior?
—Voy a explicar con un ejemplo: cuando un profesional de la salud tiene un trato discriminatorio hacia un paciente indígena es ante todo su culpa, pero sobre todo es responsabilidad de la universidad donde estudió, que ni siquiera le habló del tema. Ese profesional discrimina por el desconocimiento de la cultura y los saberes de estos pueblos. Esto es tanto así que mientras los laboratorios visitan a los pueblos para “cazar” estos saberes medicinales, la universidad ni siquiera los visibiliza. Así, se refuerza la idea de que estos pueblos no tienen nada que dar. Lo mismo pasa con el derecho: la gran mayoría de abogados/as y jueces son ignorantes de los derechos de los pueblos indígenas o de las comunidades afrodescendientes, o de las personas que viven en barrios vulnerables.
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Esta entrevista fue publicada originalmente en Reaprender, la newsletter sobre educación que edita Stella Bin. Podés suscribirte en este link.
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