El 30 de diciembre de 2020, el Senado Nacional aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, convirtiendo a la Argentina en el cuarto país de América Latina en tener aborto legal.
La ley entró en vigor el 14 de enero, luego de ser promulgada por Alberto Fernández. Esto significa que en la Argentina, el aborto ya es un derecho. Sin embargo, la reglamentación que termina de delinear la forma en que se ejecuta ese derecho todavía está en proceso.
A grandes rasgos, la ley en Argentina establece que el aborto es legal hasta la semana 14 de gestación. Después de ese plazo, se puede acceder a la interrupción del embarazo por dos causales: si el embarazo es producto de una violación, o si la salud de la persona gestante está en riesgo.
Una vez solicitado el procedimiento, los centros de salud tienen hasta diez días corridos para ejecutarlo. Y en caso de alegar objeción de conciencia, deben derivar y trasladar a la paciente a un centro que efectivamente lleve a cabo la interrupción del embarazo.
Aborto legal en la Argentina: qué propone el proyecto de ley
¿Qué sucede en las diferentes partes del país?
En algunas jurisdicciones se vienen dando claros avances en la implementación de la ley:
- La provincia de Mendoza ya autorizó la venta de misoprostol, la droga recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para un aborto seguro.
- En la provincia de Buenos Aires, ya se presentó una “Guía de implementación de la interrupción voluntaria del embarazo” para orientar las prácticas del personal de salud en la ejecución de este derecho.
¿Qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires (CABA)? “Es un ejemplo muy diferente en la aplicación, porque ya venían desde hace mucho tiempo cumpliendo con la ley de IVE por causales”, dice Sandra Vázquez, ginecóloga y directora de FUSA, una asociación civil que promueve el acceso al ejercicio de derechos sexuales y reproductivos en adolescentes y jóvenes.
Y explica: “Para CABA fue una apertura, una facilitación, pero ya todos los procesos en el sistema público de salud estaban armados hace tiempo. Lo que queda es que las prepagas, obras sociales y privadas también cumplan con esta ley nacional en la Ciudad de Buenos Aires”.
Sin embargo, en otras provincias vienen apareciendo trabas y resistencias. En varias ocasiones, desde que se aprobó la ley, la Justicia de una jurisdicción intentó frenar su implementación por supuesta inconstitucionalidad, hasta ahora sin éxito.
En Salta, un juzgado rechazó una medida cautelar presentada por detractores de la ley. Lo mismo ocurrió en las provincias de Chaco, Santa Fe, Corrientes y Córdoba. En Chaco, también una jueza emitió una orden con el objetivo de suspender la ley en la provincia. El Estado provincial y también el nacional presentaron medidas en contra de esa resolución.
“En Chaco, al haber objetado la vigencia una jueza, ahora debe expedirse la Justicia. Y ya en otras provincias que también tuvieron este intento de frenar la ley por un amparo o una acción judicial, se ha superado”, afirma Mabel Bianco, médica y presidente de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, o FEIM. “Estas situaciones están muy orientadas a ser superadas, porque la Corte Suprema ya se ha expedido antes en este sentido. Por lo tanto, no va a haber una gran cabida a que se dé curso a estos reclamos legales cuando lleguen a la Corte”.
Principales retos al momento de implementar la ley
Es por esto que, frente a estas situaciones, la médica Bianco considera que el principal desafío de la implementación de la ley es que cada jurisdicción y provincia asuma el compromiso de hacerla cumplir. Y remarca: “Las leyes de tipo nacional como esta no requieren ningún requisito especial. Rige desde que se sancionó para todo el país. No hay necesidad en esta ley de ratificarla ni hacer nada por parte del parlamento o las cámaras provinciales” agrega.
Pero además de asegurar su implementación efectiva en todo el territorio nacional, otro desafío es garantizar que esto se haga de igual forma en todas las esferas del sistema de salud: prepagas, obras sociales, salud pública o privados.
La obra social IOMA, que con casi tres millones de afiliados es la segunda más grande del país, ya presentó un programa que busca garantizar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo. Los afiliados a esta obra social deberán asesorarse con un médico de la cartilla y, en caso de corresponder, se les va a recetar misoprostol, con una cobertura del 100% del medicamento. Para las semanas trece o catorce, la obra social prevé internaciones para las pacientes que soliciten esta práctica.
Cuando la médica o el médico no está dispuesto a realizar la intervención
Otro aspecto importante de la reglamentación que está en proceso tiene que ver con la objeción de conciencia. En distintas jurisdicciones ya se están abriendo registros para que se inscriban aquellos que sean objetores.
“Como obligación, una institución que es objetora de conciencia debe cumplir con ciertos requisitos. Primero, no cerrarle la puerta a las personas con capacidad de gestar que están solicitando una IVE. Tiene la obligación de recibirlas, de brindarles información y si el procedimiento no se va a hacer en esa institución, la obligación es derivarla en forma cuidadosa y acompañada a otra institución que sí garantice todo el proceso de interrupción”, explica la ginecóloga Sandra Vázquez.
Hasta que la implementación de la ley sea una realidad en todo el país, el gobierno nacional habilitó una línea para reclamar por cualquier traba que pueda surgir en su cumplimiento: 0800 222 3444. Además, ya se habilitaron formularios online que sirven para denunciar si una obra social, prepaga o privada se niega a dar acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
“Es muy importante que toda la población esté muy atenta al cumplimiento de la ley y su implementación. Tenemos que entender que este tiene que ser un derecho que se le garantice por igual a todas las mujeres en cualquier lugar del país”, concluye la médica Mabel Bianco .
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