La pandemia visibilizó la necesidad de conectividad de manera drástica. En este contexto, si la población no cuenta con Internet es inviable pensar en educación y en acceso a servicios (incluso, a veces, la salud). Para saber qué estaba pasando en las comunidades rurales argentinas, hablamos con Patricio Sutton, director ejecutivo de la Red Comunidades Rurales, una de las organizaciones que participa de la plataforma Acá no hay Internet, que busca mapear de manera colectiva los lugares del país y la región en los que no hay conectividad.
En Argentina, cuando hablamos de poblados rurales nos referimos a poblaciones de menos de 2.000 habitantes, que pueden estar agrupadas o dispersas, y que son muy heterogéneas. Hay poblados cercanos a la ciudad bonaerense de Tandil, una de las regiones con mejores índices de calidad de vida del país, y otros en la Puna o el Gran Chaco, muy distantes de los centros urbanos, y con gran cantidad de hogares con necesidades básicas insatisfechas.
A esto hay que sumar que el porcentaje de población que vive en el ámbito rural varía de acuerdo a las provincias. Aunque el mayor número de hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad está en las regiones del noreste y noroeste argentino.
—Ya en 2016, Naciones Unidas estableció que el acceso a Internet era un derecho básico de todos los seres humanos. Sin embargo, ¿cuál es hoy la realidad de las comunidades rurales argentinas en cuanto a conectividad?
—No hay duda que todos tenemos los mismos derechos pero no las mismas oportunidades. La pandemia lo demuestra de muchas formas. Más del 70% de las escuelas rurales en Argentina no tiene conexión a Internet, según datos publicados en 2019 por el Ministerio de Educación de la Nación. Creo que falta una estrategia consensuada en la sociedad sobre dónde es prioritario que se acceda a Internet y cómo se debe prestar ese servicio. Así como hablamos de "educación de calidad" debemos empezar a hablar de "conectividad de calidad". No sólo que exista sino que sea buena. Una mala conexión a Internet dificulta la educación y el trabajo a distancia en formatos modernos. También la posibilidad de ser atendido por un médico, de comunicar una emergencia ambiental, un delito o acto de violencia, de estar bancarizado y poder comerciar online o simplemente comunicarse y acceder al conocimiento. En ese sentido, pienso que son temas que deben ser tratados en el Congreso, donde están representadas todas las provincias, para establecer políticas públicas que partan de entender a la conectividad como un derecho humano básico.
—¿Qué crees que aportaría un debate en el Congreso?
—Si el debate es abierto y con participación de la sociedad civil podría ser muy rico y profundo. Permitiría pensar y reglamentar una legislación con sólidas bases en el conocimiento y las buenas prácticas. También permitiría tener en cuenta experiencias tanto públicas como privadas que existen en diversas instituciones, provincias y hasta países de la región, como Uruguay. Hay provincias que han logrado avances en una distribución más equitativa de la conectividad, como es el caso de San Luis. He recorrido escuelas y comunidades rurales desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Articulamos esfuerzos con cientos, entre ellas muchas Escuelas de la Familia Agrícola (EFA) en Misiones o los innovadores Centros Nanum liderados por mujeres aborígenes en el Impenetrable Chaqueño. Las situaciones son muy diversas y lo cierto es que en contextos rurales son más las carencias y desafíos que los casos de éxito. Sin embargo, también los hay y me pregunto por qué no logramos darles mayor escala.
—¿Cómo impacta la conectividad en las comunidades rurales?
—Directamente le cambia la vida a las personas de la comunidad, entusiasma a los chicos y empodera y motiva a los jóvenes y adultos. En Misiones, cerca de Saltos del Moconá, la escuela rural "Educación para las primaveras” tiene Internet. Y su director, Martín Cornell, no la desconecta para que los adolescentes del paraje la usen. Uno puede ver a los chicos y chicas sentados alrededor de la escuela, haciendo tareas, buscando información o jugando con sus celulares. Pero ello no tendría mucho mérito si no fuese por lo que ocurre cada día durante el horario escolar. Son incontables las actividades que el equipo docente desarrolla junto a alumnos y familias; jornadas de lectura, ciencia, folclore, informática, radio escolar comunitaria, granja, deportes, verdadero centro de estimulación temprana para el desarrollo individual, familiar y comunitario. Es que la escuela es mucho más que una escuela en estos lugares, es el corazón de la comunidad. Por eso, yo creo que todas las escuelas deberían tener conexión a Internet. Es decir, la prioridad debería ser: la escuela, la posta sanitaria —si pensamos en la telemedicina podemos dimensionar la importancia de que estas accedan a Internet— y el centro comunitario, en ese orden.
—¿Cuán distantes estamos de lograr esa conectividad?
—Si bien cada vez más comunidades empiezan a tener conectividad en alguno de los tres lugares, aún falta para garantizar el servicio. Todas las provincias a través de sus ministerios de Educación brindan Internet a las escuelas en la medida de sus posibilidades, pero lo hacen de distintas maneras. Algunas les dan el servicio gratuito, en otras las escuelas lo tienen que conseguir y pagar por sus medios. Lo hacen con ayuda de cooperadoras, organizaciones sociales, vecinos o programas de responsabilidad social empresaria. No hay políticas claras y tampoco hay datos transparentes, menos aún actualizados. Eso es fundamental para diseñar políticas públicas que garanticen el derecho a la conectividad.
—Entiendo que también impacta en la economía de estas zonas el contar con conectividad…
—Por supuesto. Hay varios ejemplos de mujeres campesinas y aborígenes que lograron conformar una cooperativa o asociación, vender sus productos o artesanías por Internet y hasta gestionar una cuenta bancaria gracias a esta tecnología. Y lo mismo pasó en Abra Pampa, en la puna jujeña, a 4.000 metros de altura. Allí, el hecho de contar con buen acceso a Internet convirtió a esta comunidad en núcleo económico y social de la zona. Las Warmi Sayasjunqo (Mujeres Perseverantes) lideradas por Rosario Quispe, lograron crear el Centro Universitario “Warmi Huasi Yachana”. Allí, un sábado a la mañana, pude ver como llegaban mujeres del pueblo Kolla a aprender inglés para ser ellas las que reciben a los turistas extranjeros.
—Hace unas semanas el presidente Alberto Fernández firmó el decreto de necesidad y urgencia N°690, buscando garantizar el acceso de la población a los servicios de conectividad y telefonía celular móvil. ¿Cómo crees que puede impactar esta decisión en las necesidades concretas de las comunidades rurales?
—Es indudable que el tema tiene que ser debatido de manera intersectorial. A nivel personal no suelo celebrar en ningún gobierno los DNU. Tampoco soy un experto en la materia. Pero estamos atravesando una emergencia y espero que el DNU sea el puntapié para generar diálogo y consenso. El Estado debe mostrar hacia dónde se va, ser transparente y confiable. Las empresas también. Si algo nos enseña la pandemia es que precisamos una urgente revisión del sentido que le damos a la palabra desarrollo. En relación a la conectividad y telefonía celular no hay que perder de vista que el celular es la primera “computadora” disponible para las familias de bajos recursos y el acceso a Internet es fundamental para garantizar varios aspectos claves de cara al futuro, aunque por supuesto no son la únicas herramientas y variables que se necesitan para lograrlo.
—Ahora, la Red de Comunidades Rurales, junto a otras organizaciones lanzaron Acá no hay Internet, para visibilizar los territorios donde el acceso a Internet es sumamente deficitario. ¿Qué resultados están teniendo y esperan tener?
—La plataforma surgió por iniciativa de Wingu y se sumaron, además de nosotros, ACIJ, TECHO, Caminos de la Villa, Diversidad Rural y Enseñá por Argentina. Muchos ciudadanos están subiendo datos. El primer objetivo de la plataforma es visibilizar los lugares donde no hay Internet. Pero nosotros pretendemos que sea una herramienta de incidencia y, en ese sentido, sería valioso armar el mapa completo. Es decir, además de saber dónde hay Internet y dónde no, que se sepa quiénes prestan el servicio y con qué características. Queremos ver los anillos de las prestadoras del servicio. Aclaro que no la pensamos como una herramienta de denuncia, sino que aspiramos al diálogo y la creación de estrategias. Tenemos que terminar diseñando políticas públicas consensuadas. En ese sentido, ya nos llamaron legisladores provinciales para empezar a conversar. También nos invitó el Ministerio de Desarrollo Social y Naciones Unidas para intercambiar ideas en el marco de la Alianza Multisector COVID-19, con el objetivo de pensar la pospandemia, qué políticas de desarrollo social pueden mejorarse y cuáles implementar.
—Coincidimos en que el acceso a Internet es indispensable para ampliar derechos. Ahora, ¿creen también necesaria la capacitación en el uso de herramientas informáticas para las personas de las comunidades rurales? Si es así, ¿de qué manera planean abordar esto?
—La capacitación es esencial. Si no educamos y aprendemos a hacer un uso adecuado de esta herramienta los derechos seguirán recortados. No es sólo cuestión de bajar Internet. Hay escuelas donde los docentes nunca tuvieron acceso a capacitaciones o fueron insuficientes. Tuve intercambios con docentes y familiares de alumnos totalmente superados por la situación, llorando de impotencia porque no sabían cómo preparar, enviar o recibir las tareas, no tenían adónde ir para conectarse o se les acababa el crédito en sus celulares. Ni hablemos de contar con PC’s o notebooks en los hogares. Incluso, muchos docentes carecen de una computadora personal. Cualquier especialista en plataformas y herramientas educativas informáticas sabe que son esenciales, que los celulares no son las herramientas más adecuadas. Hay déficit en todos lados, pero tampoco estamos hablando de una ciencia oculta. Sí, es necesario desarrollar políticas públicas. Es fundamental que las escuelas enseñen Matemática y Lengua, pero que también aborden temas como pensamiento crítico, trabajo en equipo, diversidad cultural e inteligencia comunitaria. Hay que formar a docentes con esa mirada, pero también garantizarles el acceso a Internet y las herramientas para que puedan aplicarlas. Y eso es muy potente, porque como ya vimos puede mejorar las condiciones de vida y desarrollo socioeconómico de una región.
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