En la Argentina hay entre 125 y 130 mil personas que tienen VIH y necesitan sostener un tratamiento médico. El 60% son pacientes del sistema público de salud, lo que en tiempos de pandemia puede ser una complicación adicional. De eso hablé con Mar Lucas, directora de Innovación Estratégica de la Fundación Huésped, una organización que trabaja en la prevención de enfermedades, principalmente del VIH/sida.
—Un estudio reciente que hizo ONU SIDA en 28 países de América Latina advierte que la mitad de las personas con VIH dicen tener problemas para conseguir antirretrovirales y que a 2 de cada 10 encuestados les preocupa el hecho de que no tienen los medicamentos necesarios para terminar el mes. ¿Cuál es la situación en la Argentina?
—Existe una recomendación muy fuerte para que las personas que van a retirar su tratamiento se les de medicación para dos o tres meses, y así no tengan que volver cada mes. Y eso ha sido una dificultad porque no en todos lados se les ha podido dar por más de un mes. También hubo algunos faltantes de medicamentos, como de Lamivudina, que es un faltante que excede a la Argentina y ocurre a nivel global. Además hubo otros faltantes por dificultades de ingreso durante la pandemia, que obligaron a reemplazar medicamentos en el tratamiento. Esto es un problema importante, porque obliga a la persona acomodar horarios y a una nueva adaptación del cuerpo. Además, un médico tiene que explicar cómo es ese cambio.
—¿Registran complicaciones de las personas que necesitan salir de su casa e ir a retirar medicamentos?
—Efectivamente la mayor dificultad tiene que ver con los permisos para poder ir a buscar los tratamiento. Hasta la última modificación, no se había especificado el argumento de que ir a buscar tu tratamiento era una razón justificada y solo decía fuerza mayor. Ahora figura la opción “tratamiento prolongado” pero muchas veces las personas tienen que exponerse a mostrarle historias clínicas o requerimientos de medicación a policías. Además, mucha gente del conurbano se atiende en la ciudad de Buenos Aires. Y ese cruce, en esta circunstancia, es un problema. Además, el 60% de las personas con VIH se atiende en el sistema público de salud y eso implica que seguramente van a usar transporte público para poder llegar al centro de salud.
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—¿Qué ocurre con la atención general de temas vinculados al VIH?
—Todo el sistema de salud está abocado al COVID-19 y muchas otras cuestiones de salud han quedado relegadas. También, hay servicios que se mantienen, pero las personas no salen a buscarlo en este contexto. En VIH está pasando que muchas personas quieren retomar su tratamiento porque la pandemia los ha puesto en un lugar de toma de conciencia diferente. Pero para hacerlo, necesitan estudios previos. Es complicado sacar el turno y que haya reactivos. También es difícil para las personas que quieren hacerse un test. Por el propio miedo a salir y porque llegás al hospital y es difícil encontrar quién te atienda. Algo parecido ocurre con la profilaxis pos exposición, que es la medicación que tiene que tomar una persona durante un mes cuando ha tenido una situación de exposición a VIH y que ofrece muchísimas posibilidades de no infectarte.
—Me imagino que hay menos situaciones de exposición al VIH.
—Tenemos un dato para pensar que no es necesariamente así: durante la cuarentena no varió la cantidad de consultas que recibimos en la Fundación Huésped después de los fines de semana, lunes y martes por situaciones como rotura de un preservativo o por situaciones de exposición al VIH. Además, venimos escuchando por parte de distintos servicios médicos que ha bajado la demanda de métodos anticonceptivos, como preservativos.
—¿Qué esperan en la poscuarentena?
—Nos preocupa mucho una posible saturación del sistema de salud por atenciones médicas que se fueron relegando durante la pandemia. Por ejemplo, otra de las consultas que han crecido tiene que ver con asesoramiento respecto a cómo efectuar el pase de un tratamiento por VIH que ofrece una prepaga u obra social al tratamiento que ofrece el sistema público. Hay monotributistas, profesionales y emprendedores que se quedaron sin ingresos y necesitan pasar al sistema público.
—¿Qué medidas urgentes se pueden tomar?
—Debería seguir existiendo un canal accesible y abierto para hacer testeos. Algo de eso hay que retomar: acercarle a las personas la posibilidad de testearse sin tener que viajar en transporte público. Por otro lado, hay que trabajar para garantizarle a las personas un stock de medicamentos que no las obligue a salir todos los meses ni a cambiar de tratamiento por faltantes. Y, por último, pensar cómo el sistema puede seguir atendiendo las situaciones no vinculadas al COVID-19 y evitar así encontrarse con una saturación pos pandemia.
—¿Cuántas personas tienen VIH en la Argentina?
—Entre 125 y 130 mil personas que se estiman tienen VIH en la Argentina. Y hace muchos años que no varían las estadísticas de alrededor de 5000 nuevos casos por año y 1500 muertes por SIDA, también por año. Es decir, hay gente que llega muy tarde al sistema de salud, con el diagnóstico tan avanzado que sigue muriendo de SIDA en una época en la que el VIH, además de ser algo que podemos prevenir, es tratable y se puede tener una excelente calidad de vida.
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