Desde hace unos años —pocos— la menstruación empezó a salir del clóset. Se empezó a hablar del costo de productos como toallitas y tampones, de cómo afecta a niñas y mujeres no poder pagarlos, de cómo se muestra a la menstruación en los medios, de los eufemismos que se usaron históricamente para nombrarla, de los mitos que la rodean y del misterioso color azul con el que aparecía en las publicidades. Se puso en agenda que el enunciado “lo personal es político” también incluye a la menstruación. Se comenzaron a reclamar medidas que mitigaran el impacto que el costo de los productos de gestión menstrual tiene en la canasta básica. Y en varios países del mundo se empezó a legislar en esa dirección: para quitarles impuestos a los productos o para que se ofrezcan de manera gratuita. En México, el movimiento Menstruación Digna acaba de lograr la quita del IVA y avanza en proyectos de gratuidad Estado por Estado. Colombia lo había hecho primero y en la Argentina seis provincias tienen alguna política pública que alivia costos.
Aun en el difícil contexto de la pandemia de COVID-19, Menstruación Digna México logró en dos años instalar el tema en la agenda pública: que se hablara de los problemas de acceso a un producto básico que necesita la mitad de la población y de cómo ese costo profundiza la brecha de ingresos entre géneros, y que se discutieran proyectos de ley y políticas para remediar estos problemas.
El costo de menstruar
Según el informe Justicia Menstrual: Igualdad de Género y Gestión Menstrual Sostenible, realizado por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (DNEIyG) del Ministerio de Economía de la Nación y de la Jefatura de Gabinete de Ministros en 2021, se calcula que el gasto anual que tiene una persona por menstruar en la Argentina es de 1.933 pesos, si se utilizan toallitas que se encuentran dentro del Programa Precios Cuidados (PC) y de 3.228, si se compran las marcas más vendidas, que no están incluidas en el programa. Si se usan tampones, los montos son de entre 2.158 (los incluidos en PC) y 4.327 (los que están afuera). Un gasto que afecta, principalmente, a las mujeres más pobres: en diciembre de 2020, cuando se hizo el cálculo, el costo anual promedio de los productos más vendidos, para una persona, equivalía al 44 % de una canasta básica alimentaria y al 87 % de una asignación universal por hijo/a. A estos productos necesarios para gestionar un proceso biológico sobre el que no se puede decidir, en la Argentina, se les aplica IVA.
Quienes no pueden adquirir los productos de gestión menstrual (PGM) todos los meses se ausentan de la escuela, del trabajo y del resto de sus actividades. En la primera encuesta de gestión menstrual, realizada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires a más de 1.500 personas, casi la mitad de las encuestadas mencionó haber faltado a la escuela o a la facultad (47,9 %), dejó de ir a eventos sociales (43,9 %) o de cumplir con la jornada laboral (22,3 %) por falta de acceso a los productos.
Incluso hay quienes recurren a alternativas perjudiciales para la salud.
En diferentes países del mundo se vienen llevando a cabo iniciativas para alcanzar o acercarse a una justicia menstrual, es decir, al hecho de que menstruar no implique un gasto extra para la mitad de la población, que, además, es la mitad que suele percibir menos ingresos, que es mayoría en el sector informal de la economía y en el del trabajo no remunerado. En el informe Justicia Menstrual: Igualdad de Género y Gestión Menstrual Sostenible se enumeran las más relevantes. Kenya fue el primer país del mundo en sacarles el IVA a los PGM en 2004. Canadá lo hizo en 2015. India en 2018, luego de un año de protestas. Australia eliminó en 2018 el impuesto del 10 %; después de una campaña de 18 años, Escocia se convirtió, en 2020, en el primer país en ofrecer los PGM completamente gratis a quien los requiriera.
En Inglaterra se reparten de forma gratuita en escuelas secundarias y en hospitales también desde 2020. Ese mismo año en Alemania se decidió dejar de considerarlos como un lujo y se bajaron de 19 % a 7 % los impuestos que se les aplican, mientras que Nueva Zelanda aprobó la distribución gratuita de los PGM en todas las escuelas del país. En 2021 el Reino Unido y Namibia eliminaron el IVA.
En América Latina, Colombia se convirtió en 2018 en el primer país en sacarles el IVA a los PGM. En 2016, ya lo había bajado del 16 % al 5 %. Y, en 2021, a esta lista de un solo país se le sumó México con la medida que rige desde el 1 de enero de 2022. Ahí, Menstruación Digna, integrada por más de quince organizaciones, surgió en 2019, casi sin planearlo, y no deja de crecer.
“¡¿Cómo que pagamos impuestos?!”
Todo comenzó cuando Anahí Rodríguez, vocera de “la colectiva”, decidió enviar una postulación para un ejercicio de ciudadanía que proponía el Gobierno de la Ciudad de México: formar el Parlamento de Mujeres de la ciudad. Se trataba de una convocatoria para que personas, no necesariamente activistas, conformaran una suerte de espejo del Congreso y desde ahí trabajaran en iniciativas de leyes con perspectiva de género.
“Éramos un grupo superdiverso de más de 60 integrantes, entonces las propuestas abarcaban temas desde cultura y ciencia, hasta menstruación.
Nos dividieron en grupos parlamentarios, había comisiones y sesionamos una vez al mes durante el semestre que funcionó el Parlamento de Mujeres.
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No era obligatorio presentar una iniciativa, pero yo sí quería hacerlo porque, además, venía trabajando en temas de incidencia política —monitoreando los congresos de los 32 Estados mexicanos, mirando y analizando qué iniciativas se presentaban, armando estrategias e, incluso, redactando proyectos de ley— pero desde el sector privado, como para empresas, entonces quería aplicarlo en algo social”, recuerda Rodríguez.
Aún no pensaba en justicia menstrual sino en algún tema vinculado a migración, que era lo que trabajaba en ese momento. Pero entonces, cuando participaba de un conversatorio sobre impuestos en su lugar de trabajo de ese momento, Oxfam México, estaba a punto de escuchar cómo y cuándo Colombia eliminó el IVA a los PGM y falló internet.
“Mientras apenas escuchaba a quien intentaba dar la charla, porque se cortaba mucho, agarré mi celular y busqué: ‘impuesto - toallas - México’, y me salió que sí lo pagábamos. Me enojó mucho, me indignó. No lo podía creer porque ¡esto afectaba a la mitad de la población! ¡¿Por qué estábamos pagando un impuesto por menstruar?! Me voló la cabeza. Y dije: ‘Voy a presentar esto en el Parlamento; eliminar el IVA’”.
Esa fue la chispa.
Todavía impactada al enterarse de que la menstruación pagaba impuestos, Rodríguez le contó a su compañera Melisa Guerra lo que había descubierto y lo que quería hacer. “Pero nos dimos cuenta de que eliminar el impuesto no era competencia de cada Estado, lo que en la Argentina llaman provincias, sino que era federal. Me puse a ver en internet y vi que había todo un movimiento sobre la menstruación y que también se pedía la gratuidad y dije: ‘Ya, gratuidad va a ser’. Redactamos, presentamos la iniciativa en el Parlamento de Mujeres y se aprobó”.
Lo que más la motivaba a impulsar esta propuesta era que si los proyectos se aprobaban en ese foro ciudadano, pasaban a la comisión de género del Congreso de la Ciudad de México. Ahí se quedaban hasta que una diputada o un diputado se interesara por ellos. Pero pasaban los meses y la iniciativa seguía en un cajón. Entonces, Rodríguez decidió darle un empujón. Comenzó a escribir tuits hablando del tema y a mandar correos y mensajes a organizaciones de la sociedad civil, a tomadoras de decisiones y a diputadas que creía que podían interesarse.
“Me reunía con las que me contestaban. Parecía que estaba predicando: llegaba con mi carpetita y les contaba la iniciativa. Y ahí nos enfrentamos con que no hay datos, porque ha sido un tema que ha sido invisibilizado siempre”, relata.
También, como les sucede a los predicadores que van puerta por puerta, recibió muchos “no” o “no en este momento”, hasta que se cruzó con la entonces diputada nacional Martha Tagle, que leyó el proyecto “y le encantó”. En diciembre de 2019 se juntaron por primera vez y, en febrero de 2020, Rodríguez comenzó a trabajar con su equipo, hasta que en junio presentaron la primera propuesta de gratuidad para los PGM.
Rodríguez la resume de este modo: “Esa iniciativa proponía modificar la ley de educación para que en las escuelas hubiera toallas, tampones y copas de manera gratuita. Lo hicimos así, no porque no quisiéramos que hubieran productos gratuitos para todas las personas si no por dos razones. Una, la implementación, porque era más sencillo saber dónde estaban las escuelas, cuántas niñas iban y calcular cuántas estaban en edad de menstruar. Y la otra es que creíamos que todavía no había condiciones para que una niña fuera a un centro de salud a pedir una toalla o un tampón, porque todavía hay mucho estigma y mucho tabú, y queríamos acompañar con educación menstrual la provisión de productos. Escocia lo hizo igual: primero apuntaron a las escuelas y después el acceso fue universal. Entonces se produjo el primer boom de Menstruación Digna México”.
La propuesta despertó la curiosidad y el interés de muchos medios de comunicación y organizaciones que quisieron sumarse a la iniciativa. Fue un hito para lo que en muy poco tiempo se convirtió en un movimiento. Cuando tuvo la idea, dice Rodríguez, “solo quería poner la menstruación en la agenda pública y que se dieran productos gratuitos”. Pero la ola roja que agitó la llevó más lejos.
Operación pulpo
Cuando dejaron de ser dos activistas detrás de un proyecto para transformarse en muchas, decidieron nombrarse. La pandemia ya estaba instalada y era difícil visibilizar algo por fuera del coronavirus y sus estragos. Querían sacar a la menstruación del clóset y decidieron el hashtag #MenstruaciónDignaMéxico.
“Empezaron a llegar más personas que querían participar. Y una vez que se generó interés, lo que hicimos fue no parar de hacer lives en Facebook sobre nuestros ejes de trabajo. Hay un eje para lograr la gratuidad en el plano federal y también en cada Estado; un eje que buscaba eliminar el IVA y ahora que se logró cambió sus objetivos hacia monitorear la implementación; un eje de investigación, para generar los datos y la información que falta. Luego agregamos el eje de educación menstrual y el de comunicación, porque vimos que hacía falta empezar a salir en redes sociales con más campañas e información. Los vivos generaron ruido, pero creo que lo que nos catapultó al infinito fue la presentación del proyecto para eliminar el IVA, en 2020”, cuenta Rodríguez.
La vocera de Menstruación Digna México llama a este arranque del activismo por la justicia menstrual “operación pulpo”, porque en lugar de ir primero por una medida y después por otra, impulsó todo a la vez. Mientras la iniciativa de gratuidad hacía su recorrido parlamentario, avanzó la campaña para impulsar la eliminación del IVA de los PGM. En México, según los datos oficiales, más de 43 millones de mujeres, niñas y adolescentes menstrúan, aunque las organizaciones de este movimiento estiman que hay unas 20 millones más. El 36 % de la población no tiene baño propio y cuatro de cada diez mujeres viven en la pobreza. Ellas gastarían entre 19,58 y 56,20 dólares anuales en PGM, según cálculos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Este monto puede representar hasta el 8 % del ingreso total mensual de una familia en situación de vulnerabilidad donde haya dos personas que menstrúan. Eliminar el impuesto del 16 % de los PGM significaba volverlos más accesibles.
Para impulsar esta medida, la organización trabajó sin descanso.
“Hablamos con diputadas concientizando sobre el tema y era curioso porque la mayoría se sorprendía: ‘¡Pero cómo que estamos pagando un 16 %!’. Hicimos muchas reuniones con tomadoras de decisiones y ellas decidieron llevar al Congreso Federal una manta enorme que decía: ‘Menstruación libre de impuestos’. Eso, en los medios, fue una locura. Ya sabíamos que íbamos a perder en 2020 porque estaba la pandemia y esto al final se trataba de dinero, pero creo que hubo un buen balance porque ganamos en que se posicionara la colectiva y también se posicionaron términos como el de ‘gestión menstrual’”, analiza Rodríguez.
En las palabras que usamos —una vez más— se expresa la lucha por un cambio de paradigma, de sistema cultural. Ellas insistieron en que se dejara de hablar de “higiene” y se comenzara a hablar de “gestión” menstrual, “porque son problemas culturales, sociales y de infraestructura los que envuelven a la menstruación y no solamente es un tema de higiene”.
En paralelo seguían presentando en los diferentes Estados mexicanos la iniciativa de gratuidad, porque la impulsada a nivel federal fue aprobada en la Cámara de Diputados pero quedó trabada en el Senado, donde todavía no perdió estado parlamentario. En marzo de 2021 Michoacán aprobó la primera: sus escuelas repartirían de forma gratuita los PGM. Y hubo un estallido. Desde diferentes estados comenzaron a convocar a la organización para trabajar la iniciativa. “A muchos les ayudamos a hacerla y trabajamos con los y las diputadas que se nos acercaban, pero otros solo agarraron nuestra ley, la copiaron y la presentaron”, dice Rodríguez. “También trabajamos con los municipios que se nos acercaban. Ahí no se puede hacer legislación pero hicimos política pública. Se capacitó a profesores y profesoras y se empezaron a entregar productos gratuitos”, agrega.
Y para coronar el año, se logró eliminar el IVA, algo que se venía intentado por la vía legislativa y también la judicial: “En diciembre de 2020 habíamos presentado una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación copiando lo que hizo Colombia, con el argumento de que el IVA era discriminatorio. Se juntaron las firmas de las diputadas y los diputados y se metió, pero era una apuesta muy a largo plazo porque en general todo lo que se lleva a la Suprema Corte tarda un año, dos… Pero en la ‘operación pulpo’ la premisa era: ‘Hay que ponerla y ver cuándo nos da frutos, mientras sigamos y sigamos y sigamos’”. Finalmente, el triunfo llegó por las dos vías: la Suprema Corte aceptó la acción en febrero de 2021 y el Congreso sancionó una ley en octubre.
Para 2022, Menstruación Digna planea seguir creciendo y buscar financiamiento para sus actividades, ya que quienes las llevan adelante lo hacen de forma completamente voluntaria y no pocas veces debieron poner dinero de su bolsillo. Y anticipa Rodríguez: “Creo que va a ser un gran año para darle continuidad, todavía nos quedan un montón de Estados para trabajar. A mí lo que me da mucha alegría es que cada vez se habla más de este tema, y eso es algo que antes no se veía”.
La vocera e impulsora del movimiento dice que comprendió todo lo que se había logrado recién el año pasado, porque hasta entonces no se había dado respiro. “Cuando se aprobó la quita del IVA, dije: ‘Ok, ahora sí podemos parar un poquito’. Ahí fue mirar para atrás y decir: ‘Pues sí, hemos hecho bastante’”.
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Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones para América Latina, una alianza entre INFOBAE y RED/ACCIÓN, y fue publicada originalmente el 2 de marzo de 2022.
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